El dato cobra especial relevancia porque las vacantes se multiplican en la Justicia nacional y federal, y ya alcanzan a más del 30% de los cargos. Esto quedó plasmado en un informe que elaboró la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura, el órgano donde comienza el proceso para la designación de jueces.
Milei sí envió al Senado los pliegos para nombrar a sus dos candidatos para la Corte Suprema, Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, que deben ser designados por un trámite especial, que no incluye la instancia del Consejo de la Magistratura.
En cuanto a las vacantes para los otros tribunales, el gobierno de Milei agudizó un problema que no es nuevo ni de su exclusiva responsabilidad, pero que no destraba y complica cada vez más el funcionamiento de los tribunales. El Poder Ejecutivo debe seleccionar a uno de los tres nombres que conforman cada terna confeccionada por el Consejo de la Magistratura y elevarlo al Senado para que le dé su acuerdo. En la Cámara Alta, el bloque libertario, con seis senadores, tiene dificultades para conseguir mayorías.
Hoy, de los 1002 cargos de jueces que existen en la Justicia nacional y federal, 305 se encuentran vacantes, es decir, poco más del 30%. De esos 305, 121 están en el Consejo -que adeuda desde hace tiempo algunos concursos de alto peso político, como el de los juzgados federales de primera instancia de Comodoro Py- y 184, en el Poder Ejecutivo.
La inacción del Gobierno contrasta con otro récord que en el Consejo se encargan de hacer relucir: desde 2018 que no se elevaban tantas ternas al Poder Ejecutivo. Las 96 ternas enviadas en 2024 representan más del doble del promedio anual en lo que va de este siglo.
Completar las vacantes en la Justicia es una de las consignas con las que Mariano Cúneo Libarona llegó al Ministerio de Justicia. Sin embargo, uno de sus primeros movimientos al asumir fue retirar los pliegos que habían sido enviados por el expresidente Alberto Fernández al Senado. De los más de 60 pliegos que estaban a la espera de ser aprobados, 38 eran para nombrar a jueces (la lista incluía también a fiscales y defensores). El Gobierno sostuvo que los reemplazaría, algo que nunca ocurrió.
Mientras las vacantes judiciales se acumulan, las causas se demoran. Para cubrir los juzgados acéfalos se recurre a jueces vecinos, que reparten su tiempo entre su juzgado y el que subrogan, y suelen delegar el trabajo en los secretarios. En las provincias, además, las vacantes generan problemas de logística. A veces el juez vecino en condiciones de subrogar está a cientos de kilómetros.
El presidente de la Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, Andrés Basso, dijo a La Nación que la cuestión de las vacantes en el Poder Judicial y los ministerios públicos “es un problema crónico y estructural que afecta el servicio de administración de justicia”. Sostuvo que el tiempo que insume la cobertura de cada vacante es “excesivamente prolongado”, que se trata de “un asunto que involucra a los tres poderes del Estado” y que las demoras “ocasionan innumerables perjuicios para el buen funcionamiento del sistema judicial”.
A principios de noviembre, el Gobierno hizo trascender que se alistaba para enviar 149 pliegos de candidatos a jueces con el objetivo de cubrir la mitad de las vacantes. Luego, el vocero presidencial Manuel Adorni y el segundo del Ministerio de Justicia, Sebastián Amerio –que responde a Santiago Caputo–, oficializaron la medida con una conferencia en la Casa Rosada. Fue un impulso en el marco de la negociación con los gobernadores para traccionar los nombramientos de García-Mansilla y Lijo y completar, a su vez, las vacantes en la Corte.
La idea original del Gobierno era enviar los nombres en tandas de a 25, pero las negociaciones no avanzaron y los nombramientos de los magistrados tampoco.
