Otros nombres, ¿otros métodos?

Mañana, Joaquín Paredes hubiera cumplido 16 años. Había vuelto a vivir en Paso Viejo hacía poco; mientras cursaba el secundario por Zoom trabajaba en el cultivo de papas para ganarse unos pesos. En su pueblito del departamento Cruz del Eje fue a tomar unas cervezas con sus amigos el sábado pasado. Terminó muerto. Una bala policial se le alojó en el corazón. Lo mataron por la espalda. Indefenso.

Las imágenes del sepelio de Joaquín parten el alma. Su madre, Soledad, repite, como una letanía, una única frase. Sostiene una foto de su hijo. Su cuerpo, su cabeza están permanentemente caídos hacia un costado. Es el peso que tiene el dolor.

En las últimas horas, según cronicó Canal 12, cuatro de los cinco policías detenidos por la muerte de Joaquín habrían dado positivo en el test de alcohol; otro habría consumido estupefacientes. Dispararon entre 25 y 40 tiros.

El 25 de octubre, el día que mataron a Joaquín Paredes, habían pasado menos de tres meses desde el caso Blas Correas, también asesinado por policías. Fue en Córdoba capital. Tenía 17 años y el 6 de agosto iba en el asiento trasero de un Fiat Argos que recibió varios balazos después de que el conductor evadiera un retén policial. Hubo policías detenidos por la muerte pero otros por encubrimiento, por haber plantado armas para “justificar” ante la sociedad y la Justicia la reacción de quienes dispararon.

Dos casos de gatillo fácil en menos de tres meses. Las víctimas, dos adolescentes. El modus operandi, el mismo: balazos por la espalda.

Pese a los costos políticos que le generó el caso Blas, el gobierno provincial buscó al principio circunscribir las consecuencias al ámbito policial. Removió la cúpula de Córdoba capital pero sostuvo en su cargo al jefe provincial, Gustavo Vélez, quien llevaba cinco años en el cargo. Pero esa lógica de actuación, que ya había sonado insuficiente en agosto, terminó de desmoronarse en Paso Viejo.

En la agenda pública, la inseguridad se ha vuelto un tema predominante. Cuando se instala la sensación de indefensión, de vulnerabilidad ante la delincuencia, los índices de imagen de las gestiones rápidamente acusan el golpe. En Córdoba el cuadro generado desde agosto era aún peor: porque el epicentro de la producción de temor se trasladó. La muerte podía ya no ser causada por un ladrón sino por quien, en teoría, debe proteger a la sociedad de quien delinque, por el policía que encarna al Estado. Ese policía que mata a un inocente no sólo comete una atrocidad individual, humana, sino que también debilita el sistema institucional, altera los roles y, por lo tanto, genera confusión, miedo, estupor.

La inseguridad provocada por la Policía imponía una respuesta política de mayor intensidad. Por eso, el gobernador Juan Schiaretti terminó removiendo ayer a la cúpula policial: porque lo que al principio podía aparecer como un caso lamentable pero aislado corría el riesgo de convertirse en método.

Schiaretti hizo varios movimientos. No sólo echó a Vélez y a la Jefatura en pleno y recuperó iniciativa política sino que, además, lo transformó en un hecho histórico: por primera vez, la Policía de Córdoba será conducida por una mujer, Liliana Rita Zárate Belletti, que había asumido la jefatura en Córdoba capital después del caso Blas.

El gobernador descomprimió así la presión sobre el gobierno pero, a la vez, les estableció un límite a las consecuencias del gatillo fácil. Llegaron hasta la Policía; hasta lo más alto, es verdad, pero hasta ahí. Ya había dado indicios en ese sentido el lunes, cuando el ministro de Seguridad, el riocuartense Alfonso Mosquera, primero dijo que su renuncia estaba a disposición de Schiaretti pero, con el correr de las horas, fue atemperando esa primera decisión.

Ayer, la conducción de la Policía fue removida y su actuación repudiada, pero la política de seguridad fue, en general, confirmada. Por eso, la puesta en escena que pensó el gobernador ratificó simbólica y funcionalmente al ministro: en el video en el que comunicó su decisión de remover a los jefes policiales señaló que instruyó a Mosquera para que definiera los cambios que considerara más pertinentes. El riocuartense apareció también en la reunión entre Schiaretti y Zárate Belletti y fue él quien puso en funciones a los demás integrantes de la nueva cúpula.

La Policía de Córdoba ha acumulado en los últimos años una foja que no invita precisamente al orgullo. No sólo por los casos de Blas y Joaquín sino también por la sublevación de 2013 y los escándalos vinculados al tráfico de drogas. En Río Cuarto, por ejemplo, Leonardo Hein y Gustavo Oyarzábal, dos altos jefes, se vieron involucrados en causas judiciales por complicidad con narcos.

Pero el efecto de las dos muertes recientes ha sido el más potente, precisamente por las implicancias para una sociedad que ahora se enfrenta al riesgo de que sus hijos sean asesinados por policías.

¿Ese historial puede empezar a revertirse sólo con un cambio de nombres, de conducción? Tal vez sí, pero claramente es insuficiente. Y lo reconoce el propio gobernador en el video que grabó ayer. Porque dice que además del nuevo protocolo de uso de armas de fuego, le ordenó a Mosquera que “se vea nuevamente la currícula y el tiempo de formación de los policías”.

Ahí, aparece un punto clave y una admisión, que puede interpretarse como una autocrítica. La formación de los policías viene siendo cuestionada desde hace tiempo. Por ejemplo, en la reciente lectura de las sentencias por el tiroteo de Nueva Córdoba, que ocurrió en 2018, los jueces de la Cámara 8 del Crimen, de Córdoba, cuestionaron la capacitación de los agentes y señalaron que ni siquiera están preparados para una mínima preservación de la escena del crimen.

Después del asesinato de Blas, Mosquera hizo declaraciones a los medios y aseguró que no iba a revisarse la formación policial.

La decisión de Schiaretti implica una aceptación de que ese criterio estaba equivocado y que el proceso por el cual una persona se convierte en policía es defectuoso en tiempos, contenidos, controles y exigencias.

En una nota que le dio a Télam, Mariana Carbajo, sudirectora de Programas Especiales del Ministerio de Seguridad y una de las ideólogas del nuevo protocolo de uso de armas de fuego, dijo que la Policía cordobesa tiene una “cultura arraigada de prácticas reprochables” y admitió que hay “un montón de efectivos con causas judiciales vinculadas al mal uso de la fuerza”.

En el protocolo que se presentó horas después de que mataran a Joaquín hay una serie de postulados que son sorprendentes por obvios. A partir de ahora, a los policías se les prohíbe disparar contra una multitud o hacia un auto en movimiento o cuando un vehículo evade un control policial. En otro punto se remarca que tampoco se le puede disparar a alguien que sólo esté causando daños en objetos materiales.

Cuando se lee el texto oficial surge inmediatamente una pregunta: ¿estos criterios básicos, como privilegiar la vida de una persona por sobre la integridad de un objeto, no estaban en el manual de actuación que venía usando la Policía con anterioridad?

Cornejo, la funcionaria del Ministerio de Seguridad, señaló que ahora los criterios apuntarán a dotar a los agentes de otros elementos, más complejos. Declaró que se necesitan policías que se ajusten a la ley pero que tengan también capacidad de reflexionar y tomar decisiones.

Decisiones sensatas, se entiende.