De acuerdo a lo trascendido, el juez federal de Villa María, Roque Rebak, dictó el procesamiento de 14 personas involucradas en la causa “Cuello, Fernando Luis y otros”, en calidad de coautores del delito de “Lavado de Dinero Agravado”, previsto y reprimido por el artículo 303, apartado “a”, del Código Penal de la Nación. Además, en dicho fallo, Rebak ordena trabar embargo sobre los bienes de Cuello hasta alcanzar la suma de $ 72.583.775 y sobre el resto de los imputados la suma de $ 5.583.367 a cada uno de ellos, además de la anotación de la inhibición general para disponer de los bienes. La causa tuvo su origen en el año 2008, cuando se inició una investigación orientada a determinar si estas personas conformaban una organización delictiva que, valiéndose de la creación y administración de empresas fantasmas, realizaban diversas actividades tendientes a cometer ilícitos tributarios. Concretamente, estas firmas ficticias operaban ante el fisco como productores o acopiadores de cereales, cuando en realidad eran meros intermediarios entre los verdaderos contribuyentes y los grandes consumidores o exportadores del mismo, quedando oculto el operador real, obteniendo así importantes beneficios económicos en detrimento de las arcas públicas, según lo señalado por fuentes de la investigación. Así se encuentra probado en la otra causa que se tramita paralelamente y que se encuentra elevada a juicio esperando fijen fecha de audiencia en el Tribunal Oral 2 de Córdoba. Allí, como complemento de las maniobras de evasión, estas personas habrían efectuado diversas actividades tendientes a poner en circulación las cuantiosas sumas de dinero generadas a partir de la comisión de ilícitos tributarios, pretendiendo otorgarles apariencia de un origen lícito a tales fondos. Tomando provecho de la estructura empresarial ideada para cometer los ilícitos, los integrantes se valieron de cuentas bancarias a nombre de dichas empresas, para colocar y estratificar dinero proveniente de la maniobra. Luego, mediante retiros en efectivo, cheques cobrados por caja, transferencias a diversas personas o sociedades, intentaban diluir el origen de ese dinero, dificultando su seguimiento y destino final. Incluso, llegaron a constituir una financiera que les permitía poner en circulación las sumas generada por esta operatoria marginal, mediante préstamos personales en efectivo.
Por otra parte, desde el Juzgado de Bell Ville, a cargo del magistrado Sergio Pinto, se procesó a una banda que evadía utilizando facturas apócrifas y mellizas. Esa organización fue desbaratada y hay tres personas detenidas.
Fuentes oficiales consultadas por Puntal confirmaron que seis allanamientos fueron ordenados en distintos domicilios de Monte Buey, Inriville y Córdoba capital.
Durante los procedimiento, los funcionarios de la Afip secuestraron sellos de las firmas utilizadas y facturas en blanco. También se encontraron elementos informáticos en los techos de las viviendas adyacentes, restos de documentación incendiada y algunas matrices que serían utilizadas para la fabricación de facturas mellizas, comunicó el organismo. “Las facturas apócrifas son documentos ficticios utilizados para deducir el impuesto a las Ganancias o generar crédito fiscal inexistente”, dijeron.
