La inflación: la máquina de expandir la pobreza
El último dato del Indec arrojado al cierre de la semana pasada sobre la inflación de marzo causó un cimbronazo: 4,8% en un solo mes es el récord para la gestión de Alberto Fernández, aunque no rompió el máximo en tiempos de Mauricio Macri, cuando en el último tramo de su gestión los índices se aceleraron y terminó 2019 con un incremento de 53,8% anual.
La Argentina viene experimentando un persistente problema que los diversos gobiernos no lograron solucionar y su consecuencia no es gratuita: hay en paralelo un aumento de la pobreza y la indigencia en el país que se acercan a cifras de 2001 y 2002.
La suba de los precios que se advierte, especialmente en los alimentos, aleja a una franja cada vez mayor de argentinos de la posibilidad de comprarlos y eso debido a que los ingresos se desplomaron, en particular desde 2018 hacia adelante. Cuando terminaba 2020 y comenzaba este año, el Gobierno advertido de esa situación hizo una promesa central: en los próximos doce meses -dijo- los ingresos le van a ganar a la inflación. En paralelo presentó el Presupuesto nacional en el que había un cálculo de suba generalizada de precios del 29% para todo el período.
La suba de combustibles que convalida el Gobierno es otro factor que mete presión a la inflación en un país que mueve todo en camiones.
Lo que más impactó del número de marzo es la proyección. Muchos señalaron con acierto que en el primer trimestre del año ya se había registrado el 13%. Si el Gobierno espera sumar 29% hasta diciembre debería desempolvar alguna solución drástica y urgente. De lo contrario aquella meta quedará, como muchas ya anteriormente realizadas en los últimos años sobre el tema, en la nada.
Pero además, empieza también a generar un interrogante mucho mayor sobre esa famosa carrera de precios y salarios que por ahora van ganando cómodamente los primeros. ¿Será 2021 un año en el que la carrera se revierta? Parece tan difícil como la meta del 29%.
Y allí nuevamente se abre un abanico de muchas particularidades. No sólo el empleo formal tiene un sinfín de paritarias que se abren con mayor fuerza en estos meses y cada una tiene una correlación de fuerzas y posibilidades diferentes, sino que por fuera de esas estructuras formales, hay un mundo hoy en el país.
Con el aumento de la tasa de desocupación y una economía que mantiene un tercio de su actividad en negro, mucho trabajador o cuentapropista no tiene la chance de una paritaria. Y su posibilidad de recuperación de ingresos frente a la inflación es aún más débil.
A su vez, el proceso de deterioro de ingresos que podría cumplir su cuarto año consecutivo y acumular la friolera de casi 30% de recursos reales perdidos para los trabajadores está provocando un impacto tremendo en el mercado interno. Una población mucho más pobre y con un proceso que no logra mostrar una señal de cambio avanza con fuerza a un mayor deterioro.
La inflación del 13% en el primer trimestre se da pese a contar con un ancla fuerte como es el dólar, que en eso sí el Gobierno fue efectivo para controlar.
Eso da lugar a ciertas lecturas que por estas horas enarbolan algunos sectores empresariales y que aseguran que el problema no es la suba de precios sino lo atrasado de los salarios o ingresos en general de la población. Perfectamente podrían ser las dos cosas, no una o la otra.
La economía argentina padece sin solución el proceso inflacionario y hasta acá las respuestas que se intentaron aplicar desde la Casa Rosada no dieron el resultado promocionado. Sin embargo, se insiste incansablemente con esas políticas al aguardo de que puedan dar logros diferentes contrariando aquella frase atribuida a Einstein, aunque todavía hoy no se corroboró fehacientemente si fue o no dicha por el genio.
Durante la semana pasada, mientras abundan rumores de ascenso para la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, sus dichos empezaron a materializarse en los hechos. Fue la funcionaria que dijo que no le iba a “temblar el pulso” para frenar las exportaciones de carne si los precios seguían subiendo. A esta altura, de todos modos, los cortes escalaron vertiginosamente en el último año, con un acumulado que en algunos cortes roza el 90%. Sobre el cierre de la semana anterior y cuando se conoció el fatídico dato del 4,8% de marzo, el Gobierno anunció una serie de medidas entre las que apareció la creación de un registro de exportadores. Para poder vender carne vacuna al mundo habrá que estar allí inscripto y a partir de ahí un funcionario dispondrá cuánto y cuándo se puede vender. Algo similar a lo que se aplicó a fines de la primera década de este siglo cuando en el lugar de Español estaba sentado Guillermo Moreno.
La medida fue efectiva en el corto plazo, pero después mostró las consecuencias que aún perduran. Bajaron los precios de la carne porque todo lo que iba afuera se volcó naturalmente al mercado interno, se amplió la oferta y al tratarse de un producto perecedero el efecto estaba cantado: las pizarras comenzaron a retroceder. Pero con el correr de los años se dio el efecto negativo estructural: se perdieron más de 10 millones de cabeza de ganado por el desaliento a producir. Entonces allí la carne empezó a subir nuevamente porque la oferta empezó a quedar en desventaja con la demanda, pero esta vez con muchas menos vacas en los campos, frigoríficos preparados para exportar que cerraron o se achicaron para atender sólo a las carnicerías argentinas, y menos puestos de trabajo a lo largo de la cadena.
Antes que eso, el Gobierno aplicó precios máximos, precios cuidados, sacó inspectores a supermercados y ahora a personal de Afip. Pero la repetición de recetas se da sobre una situación cada vez más acuciante desde lo social, lo que implica menos margen para el error. Sin embargo, la esperanza está en que esta vez la aplicación resulte distinta y la escalada de precios de pronto se detenga.
Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal