Después del primer día de presencialidad plena en los Tribunales de toda la provincia, el Colegio de Abogados de Río Cuarto respaldó la medida, incluso en lo referido a la exigencia de estar vacunado o presentar PCR negativo para que los empleados judiciales puedan ingresar a sus puestos de trabajo. Así lo indicó el presidente de la entidad, César Avendaño, quien sostuvo que el ejercicio profesional demanda la actividad presencial. Sobre el último punto, aseguró que se trata de una cuestión de “responsabilidad social”.
Avendaño celebró la vuelta a la presencialidad plena en Tribunales y destacó que esta es la mejor forma para el ejercicio de la profesión. Además, precisó que el miércoles, primer día bajo esta modalidad, la prestación del servicio de justicia en Río Cuarto funcionó de manera muy similar a como era antes de las restricciones sanitarias por la pandemia del Covid-19.
"Vemos con muy buenos ojos la posibilidad de volver a la presencialidad plena, conforme se venía desarrollando antes de la pandemia. Siempre lo decimos: nuestra profesión es esencialmente presencial. Afortunadamente, contamos con expediente electrónico y teletrabajo, pero la prestación del servicio de justicia y el ejercicio de nuestra profesión deben ser presenciales".
En cuanto al primer día con presencialidad plena en Tribunales, sostuvo que la primera observación indica que "la inmensa mayoría del personal volvió a la presencialidad y sólo un pequeño número sigue con el teletrabajo. Creemos que puede darse la presencialidad y que la infraestructura permite hacerlo, con el cuidado de los protocolos. Las condiciones están dadas para hacerlo".
Por otro lado, consultado sobre la polémica que generó la acordada del Tribunal Superior que obliga a los empleados judiciales no vacunados a presentarse con PCR negativo cada 72 horas para ingresar a sus puestos de trabajo, Avendaño sostuvo que se trata ante todo de una cuestión de responsabilidad social, antes que de la afectación de derechos individuales.
"El derecho a trabajar debe respetarse a rajatabla. Pero también existe el deber de solidaridad, no tanto de una cuestión individual como la que se puede plasmar en un recurso. Se trata de un servicio esencial para la comunidad. Es básicamente una cuestión de responsabilidad social", indicó el dirigente.
El gremio, en contra de la obligación de PCR negativo o vacunación
Por su parte, Román Foti, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), sostuvo que la aplicación de la acordada del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba "genera gran preocupación y rechazo, en el sentido de la imposibilidad de presentarse a trabajar, si no han sido vacunados, sin la necesidad de un PCR negativo en las 72 horas anteriores".
Explicó que, si bien el gremio promueve la vacunación contra el Covid-19, discrepan con la orden que bajó el TSJ para el regreso a la presencialidad plena. "Es repudiable, toda vez que la vacunación en la Argentina no es obligatoria", agregó Foti.
Por otro lado, ratificó el cuadro de situación que ayer planteó en Puntal la superintendenta de Tribunales de Río Cuarto, Hebe Horny, en el sentido de que, para los casos de empleados no vacunados, se encontraron alternativas, y ninguno de ellos quedó imposibilitado de cumplir con sus tareas. "La Superintendencia se acercó a los trabajadores que están en esta situación para resolver los conflictos que se han generado", indicó.