Dos triunfos y más de una sospecha

Javier Milei se anotó dos triunfos en una sola semana:uno legislativo, el otro económico. Logró remontar en Diputados una votación que parecía perdida y consiguió los votos mínimos que necesitaba para mantener a las universidades nacionales en un estado de desesperación financiera. Puede que no haya sido una victoria ante la sociedad, pero sí lo fue en la arena de la política.

Hubo un segundo hecho:la inflación. Con el 3,5% de septiembre, el índice más bajo desde noviembre de 2021, el Gobierno puede decir que su receta está funcionando. El costo social y productivo está siendo elevado, pero por ahora no genera consecuencias políticas particularmente preocupantes para la gestión libertaria.

El capítulo de las universidades es sintomático. Según las encuestas, son casi las únicas instituciones públicas que conservan altos niveles de imagen positiva;sin embargo, el desfinanciamiento al que las está sometiendo Milei no parece activar reflejos defensivos. El oficialismo blindó el veto a una ley que había sido aprobada por amplia mayoría y no hubo reacciones que le generen especial inquietud. Incluso no sólo se dio el lujo de desbaratar el financiamiento con argumentos descalificatorios, sino que además lo ejecutó con las armas más rancias de la vieja política. Negoció con dirigentes, como Mauricio Macri, y con gobernadores a cielo abierto, entró en un toma y daca evidente, que no lo hizo ni sonrojar, y así volvió a conseguir los héroes para bloquear los dos tercios que necesitaba la ley. No parece ser una conducta muy en línea con la promesa libertaria de limpiar la política.

Eso ocurrió en el plano de lo inmediato. Todavía habrá que analizar el impacto que el episodio universitario puede haber tenido en la opinión pública y en la imagen del Presidente. Y si el conflicto, que incluyó tomas en decenas de casas de altos estudios, va desarrollando nuevos capítulos.

El Gobierno ha encontrado un método ante su debilidad legislativa de origen. Por ahora, le ha alcanzado en el recinto no con construir una mayoría, sino con afianzar una minoría: ajustó en dos áreas sensibles, como los jubilados y la educación pública, y sólo tuvo que encolumnar a algo más de 80 héroes, algunos de los cuales fueron “convencidos” en las horas finales de la negociación, para cumplir con sus objetivos.

Hubo casos como mínimo sugestivos. Y Córdoba protagonizó algunos de ellos. Por ejemplo, la riocuartense Belén Avico votó en contra de las universidades a pesar de que la identidad de la ciudad a la que representa está fuertemente atravesada por la educación superior. Avico es una entidad extraña en la política:casi no se le conoce la voz, no da notas para rendir cuentas de qué hace en la Cámara Baja, no se reúne con instituciones. Parece una abstracción, si no fuera por la magnitud de su dieta.

Pero no sólo los votos le permitieron a Milei sostener su veto. También los no-votos -si puede ser válida la expresión- fueron clave. Un diputado podía ser funcional al oficialismo por dos vías:con su presencia y su acompañamiento o con su ausencia. El PJ cordobés había anunciado una postura en favor de las universidades. En general, los diputados cumplieron. Pero Alejandra Torres, que fue una secretaria importante en el gabinete de Martín Llaryora en la Municipalidad de Córdoba, cayó presa, horas antes de la sesión, de un repentino abanico de problemas de salud, que incluyó hasta un ¿in?oportuno cuadro de Covid.

Horas después de que las sospechas se multiplicaran y se expresaran sin demasiada diplomacia en las redes, en un posteo en X Torres manifestaba su malestar por las maledicencias, informaba que ya había presentado un certificado respaldatorio y detallaba, para llevar tranquilidad, que su cuadro de salud había mejorado.

¿Torres estuvo realmente enferma?¿O fue un acuerdo?En ese caso, ¿fue un trato particular o una negociación entre el oficialismo y el PJ cordobés? Por supuesto, la respuesta es casi imposible de obtener. Lo cierto es que en el plano público el cordobesismo no alteró su posición:los diputados que participaron votaron en contra del veto y el propio gobernador expuso su planteo en favor de las universidades públicas. Además, Llaryora agregó en las últimas horas un elemento nuevo:propuso que el gobierno nacional convoque a una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo por el financiamiento.

El gobernador cree que el conflicto con los actores de la educación superior -rectores, estudiantes, docentes y no docentes- no se desactivará ni tan fácil ni tan rápidamente como ocurrió con los jubilados. Es más, está convencido de que recién comienza. Porque, además, se viene otra instancia de discusión, que es el presupuesto 2025 y que contiene un ajuste adicional al que ya se aplicó y que contempló un 31% menos de fondos para el sistema universitario.

Llaryora señala que a nadie le conviene que el conflicto siga escalando. Pero además postula que el gobierno debería explicitar cuál es su política de fondo con respecto a la educación superior.

“Nosotros no podemos quedarnos callados en ese tema. Estamos con las universidades nacionales:queremos que se las financie y que, a la vez, se las audite. Además, acá no es lo mismo que en Buenos Aires, donde se habla de la UBA o de las universidades creadas por el kirchnerismo. En Córdoba no se solventan estructuras partidarias desde las universidades y nadie está en contra de que las controlen.Pero el gobierno nacional tiene que decir qué quiere hacer:¿las quiere arancelar?Bueno, si pretende eso que lo diga”, indicaron desde el Panal.

El financiamiento universitario es sólo un aspecto de la discusión que se viene por el presupuesto 2025. Y así como se pregunta si Milei quiere seguir sosteniendo la universidad pública y gratuita, el oficialismo cordobés también expresa dudas sobre las reales intenciones con respecto al proyecto de ingresos y gastos del año próximo. “A esta altura no sabemos si quieren o no tener el presupuesto. Lo único cierto es que así como está no pasa porque no cumple con ninguno de los acuerdos firmados con los gobernadores”, dicen en el PJ provincial.

¿Qué esperaban encontrar los gobernadores en el proyecto?Los convenios de obras que se acordaron con las provincias no están. Tampoco aparecen los fondos para las cajas de jubilaciones, un reclamo neurálgico de Córdoba. El financiamiento universitario es aún menor que el de 2024. Y desaparecen más fondos que iban a las provincias. “No hay nada. No cumplen nada. Entonces, en realidad no quieren que se apruebe y entonces buscan volver a reconducir el presupuesto de 2023. No es una discusión seria”, detallaron a nivel provincial.

Para Llaryora, el presupuesto que surja del Congreso será un elemento relevante de cara a 2025. Porque le permitirá avizorar con qué fondos contará para encarar un año electoral en el que el cordobesismo intentará profundizar su proyección nacional con un discurso que se diferenciará de Milei, aunque sin virulencia.

Por las dudas, por si los fondos siguen sin llegar, la Provincia usó el clima de ajuste de 2024 para acomodar las cuentas. El “no hay plata” se ejerció también hacia adentro. El gobernador pretende llegar al electoral 2025 sin una caja exhausta.

Los municipios están viviendo la política del ajuste en carne propia. Los más complicados son los que dependen de los fondos que llegan de la Nación o la Provincia.

Río Cuarto es un caso particular. Después de siete años de superávit, en el segundo trimestre del año acumuló un déficit corriente de 1.900 millones que encendió las alarmas. Guillermo De Rivas asumió con los números en rojo pero, obviamente, evitó las quejas por la pesada herencia.

Desde el primer minuto aplicó un recorte de gastos corrientes para tratar de equilibrar lo que se había torcido. Según indican en el Palacio de Mójica, actualmente los gastos bajaron en 300 millones de pesos mensuales. Y por eso la emisión de deuda que estaba prevista en 4.000 millones de pesos se contrajo a 2.800 millones. Todavía hay déficit, pero en niveles considerablemente inferiores a los de principios de año.

“Estuvimos a pan y agua”, graficó un miembro del gabinete.

En el gobierno municipal no son tan pesimistas con respecto a la situación económica de 2025. Consideran que habrá reactivación y que podrán ir concretando las obras que prometióDe Rivas.

Los primeros 100 días del intendente generaron un cuestionamiento entre los opositores y sus críticos internos. “La gestión no arranca”, es el diagnóstico que más se escucha. En el Palacio señalan que se tomaron acciones importantes pero, sobre todo, que se preparó el terreno hacia adelante. Dicen que, a diferencia de Llamosas, De Rivas también piensa el mediano y largo plazo.

Tiene tres años y medio por delante. Y una ventaja política: una oposición que no sale de su aturdimiento y que casi se ha quedado sin figuras que encarnen una amenaza.