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El gobierno de Milei convoca por primera vez a la CGT

El ministro Francos recibirá hoy a la cúpula de la central obrera en vísperas de un encuentro en el que podría anunciarse un paro nacional o una gran movilización

A cuatro meses de la asunción de Javier Milei y en medio de un escenario de profundización del conflicto social, con la amenaza del llamado a un nuevo paro general, el gobierno convocó por primera vez formalmente a la conducción de la CGT. El encuentro se concretará hoy por la tarde, según la invitación que cursó a los jefes sindicales el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien los recibirá en la Casa Rosada junto al secretario de Trabajo, Julio Cordero.

La sorpresiva invitación a los sindicalistas, que mantienen una relación de fuerte tensión con la administración libertaria, se concretará -además- en la jornada previa a la reunión del consejo directivo de la CGT, en la que se analizará disponer un nuevo paro general contra Milei y una movilización para el 1° de mayo cuando se conmemora el Día del Trabajador, en repudio al profundo ajuste de la economía.

"El Gobierno ha invitado a la CGT. Es positivo poder avanzar en un diálogo que hasta ahora no habíamos tenido", destacó un dirigente que concurrirá hoy al encuentro con Francos, aunque no precisó los motivos del encuentro. Otro dirigente, a su vez, deslizó la posibilidad de un interés oficial por desactivar la amenaza de una nueva huelga general.

Entre la comitiva que arribaría a Balcarce 50 durante la tarde porteña estarían dos de los titulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estaciones de servicio). Quien no se presentaría sería el secretario adjunto de Camioneros e integrante del tridente, Pablo Moyano. Es el más crítico de la administración presidida por Javier Milei.

Un vínculo tenso

La relación entre el Poder Ejecutivo y la CGT se tensó no solo tras la fuerte devaluación de diciembre, sino también por la implementación del DNU 70/23, que tocó fibras sensibles en los sindicatos como las contribuciones y aportes obligatorios, más un intento de reforma laboral. Después se conocieron los 15 mil despidos en la administración pública nacional.

Antes de asistir a Balcarce 50, un grupo de gremialistas recibirá a miembros del bloque de senadores de Unión por la Patria en su afán de reunir consenso legislativo para rechazar la reimposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. De restablecerse el tributo, casi un millón de trabajadores sufrirían quitas de sus salarios, según cálculos que hacen en la CGT.

“No sé cuál es el interés de la convocatoria, pero es bueno que acepten dialogar de manera institucional”, valoró el llamado de Francos un dirigente de la CGT consultado por La Nación. Desde que comenzó la gestión de Milei, la CGT no había tenido interlocutores con el Gobierno. Hubo una excepción, con Armando Cavalieri, el eterno jefe mercantil, que avanzó por su cuenta en una negociación paralela con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para explorar cambios en el régimen de indemnización de su sector.

Francos y Cordero tuvieron un primer cara a cara informal con la CGT cuando la gestión de Milei daba sus primeros pasos y se cocinaba la letra chica del decreto de necesidad y urgencia 70/23, cuyo capítulo laboral, fue objetado en la Justicia y está a la espera de una resolución de la Corte Suprema. Por entonces, Cordero era asesor en la sombras del Gobierno y mantenía su cargo como abogado del Grupo Techint. En aquella cumbre secreta, que se desarrolló en la sede de la Uocra, nada de lo que se conversó se reflejó horas después en el decreto presidencial. El avance de Milei con la reforma laboral por decreto fue considerado una provocación para los gremios, que sintieron amenazados por primera vez en mucho tiempo su poder de representación y recaudación.

Ahora, el Gobierno pretende volver a la carga con una reforma laboral, aunque más light, sin avanzar contra los “aportes solidarios” ni contra las empresas como agentes de retención de la cuota sindical de sus empleados, según informaron fuentes oficiales y sindicales. Tampoco se atentaría en el proyecto oficial contra el desfinanciamiento de las obras sociales, a las que se les mantiene el flujo de aportes a partir de lo que se recauda de los salarios de los trabajadores. Es decir, las cajas sindicales estarían ahora a salvo, a diferencia de lo que había proyectado Federico Sturzenegger, asesor presidencial, en el DNU.