La ministra de Desarrollo Social, Laura Jure, explicó en diálogo con Telenoche que la decisión, si bien puede resultar drástica, busca priorizar la seguridad de las comunidades que utilizan estos espacios.
“Tomamos nota de lo sucedido. Si bien es una medida que quizás resulte excesiva o antipática, creemos que es necesaria”, afirmó la funcionaria.
El Gobierno provincial presentó, además, denuncias penales contra la empresa constructora, que estuvo a cargo de los dos polideportivos que colapsaron y que tiene adjudicados otros 12 espacios en la provincia. La intención es obtener respuestas claras y determinar posibles responsabilidades.
Jure detalló que se llevará adelante una revisión integral de todas las instalaciones, con la participación de universidades y colegios profesionales. Esta auditoría incluirá el análisis de la estructura edilicia, la infraestructura eléctrica y otros sectores que suelen sufrir vandalismo.
“Por eso es la magnitud de las medidas —explicó—. Está interviniendo la Justicia y nosotros también queremos dimensionar qué ha pasado. En la obra que estaba en construcción nos presentamos a demandar para obtener respuestas”.
La ministra también solicitó la colaboración de los municipios para garantizar la implementación del cierre preventivo y facilitar el acceso de los equipos técnicos que evaluarán cada polideportivo.
Mientras avanza la investigación, el Gobierno provincial busca transmitir tranquilidad y remarcar que la prioridad es evitar nuevos riesgos y esclarecer los motivos que derivaron en el derrumbe de dos estructuras que se habían convertido en puntos clave para la actividad social y deportiva de sus comunidades.
