Río Cuarto |

Primera condena por el crimen que generó una ola de xenofobia

Ayer, tres jueces y dos ciudadanos comunes coincidieron en aplicarle a Luis Alberto Guerra la pena de 13 años y 10 meses de cárcel por el asesinato de Jorge Alexis “Totó” Rodríguez. Los otros 3 sospechosos no fueron hallados.

El crimen que desató la ola de xenofobia contra las familias bolivianas del barrio Las Delicias tuvo, cuatro años y medio después, al primer condenado: se trata de Luis Alberto Guerra, quien recibió ayer en horas de la siesta la pena de 13 años y diez meses de prisión.

Así lo resolvió la Cámara Primera del Crimen, con el voto unánime de un tribunal integrado por los jueces técnicos María Virginia Emma, Lelia Manavella y Pablo Bianchi, a quienes se sumaron dos ciudadanos sin conocimientos en leyes que tuvieron la función de escabinos.

A las dos de la tarde del lunes, y en un edificio de Tribunales que empezaba a despoblarse, se pronunció en la sala de juzgamiento el veredicto que para Guerra tuvo el efecto de un mazazo. Acaso confiado en que obtendría una pena menor –el fiscal de cámara Julio Rivero había pedido 12 años de cárcel- o incluso en que lograría zafar de la prisión, pues su abogado defensor solicitaba la absolución por la falta de pruebas en su contra, lo cierto es que los 13 años y diez meses que le dictó la Justicia dejaron petrificado al acusado.

Poco antes, cuando la jueza Emma le pidió que pronunciara sus últimas palabras, el acusado se había limitado a decir: “Dejo todo en las manos de Dios”, pero una vez que se confirmó que el fallo le sería adverso entró en una crisis de nervios. Aún sentado en el banquillo empezó a repetir en voz alta que no había nada que lo comprometiera en el crimen de Jorge Alexis Rodríguez –alias Totó-, quien fuera asesinado  por un balazo en el cráneo, luego de recibir una golpiza de parte de una cuadrilla de albañiles que estaba encabezada por un capataz de origen boliviano.

Entre los que acudieron la noche del 30 de agosto de 2014 a la casa interna de “Totó” se contaba Guerra, quien fue el único de los cuatro acusados por el crimen que pudo ser llevado al banquillo porque los otros tres -el cabecilla, Mario Álvarez Guevara, y los albañiles Sebastián Jesús Fioramonti y un pariente de Guevara que la noche del homicidio aún era menor de edad- no pudieron ser ubicados por la Justicia. 

“Cómo puede ser que me condenen si no había una prueba en contra mía, ya se hizo otro juicio y terminé libre porque no había nada”, la emprendió Guerra, negando con el rostro en un gesto contrariado.

En medio del nerviosismo, se descargó con su abogado defensor, Ignacio Fernández Sardina. Mientras lo esposaban le exigía que hiciera en su nombre un juicio al Estado por lo que él consideraba una injusticia. En vano fueron las explicaciones del letrado, quien le sugirió seguir las vías que prevé la ley y presentar un recurso de casación para tratar de torcer el fallo. “Vos tenés que defenderme a mí, no al Estado”, insistía Guerra.

Tan molesto estaba con la situación que cuando la secretaria del tribunal le acercó el acta judicial para que la firmara, el condenado tomó la birome pero en lugar de estampar su firma, acabó haciendo de mala gana un garabato. La funcionaria de la Cámara Primera del Crimen le llamó la atención y le aclaró que confeccionarían una nueva acta para que sea firmada como corresponde. Así se hizo, pero los ánimos seguían caldeados.

El reclamo del preso encontró eco en su padre, Enrique Guerra, quien junto a otro de sus hijos había acompañado a Luis Alberto Guerra, en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? Porque en el mismo juicio se acumuló otro episodio de violencia, una agresión a un hombre en la ciudad de Córdoba en la que los tres integrantes de la familia Guerra actuaron juntos. 

“¡No puede ser! En Córdoba, al Sapito Gómez, que tiró de la tribuna al otro muchacho, el fiscal le pidió 17 años de cárcel y le dieron quince. A este otro –por su hijo-, que no fue el que apretó el gatillo y no le comprobaron nada le dan más de 13 años. No tienen ninguna prueba, no han encontrado arma, no han encontrado nada”, se quejó. 

Mientras salía del Palacio de Justicia, el defensor Fernández Sardina dijo a Puntal que era comprensible la reacción de su cliente: “Él no conoce las vías procesales para cuestionar la sentencia, por eso no se dio una discusión sino que se le clarificaron los pasos a seguir después de esto”. 

Recalcó que, al igual que Guerra, está en desacuerdo con la sentencia: “De todos modos vamos a aguardar los fundamentos del fallo y analizaremos la posibilidad de plantear un recurso de casación y de inconstitucionalidad  ante el Tribunal Superior de Justicia”, concluyó.