La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue procesada ayer por la compra irregular del edificio de la sede central del organismo como coautora del delito de "administración fraudulenta" y quedó así expuesta a un nuevo intento del Gobierno para forzar su salida del cargo.
El juez federal Julián Ercolini procesó a Gils Carbó en la causa que investiga la compra irregular del edificio donde funciona el Ministerio Público Fiscal, en la que se sospecha que hubo cobro de coimas, y ordenó un embargo sobre sus bienes por 7 millones de pesos.
El magistrado consideró a la procuradora general coautora del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", que implica una pena de dos a seis años, lo que coloca a la funcionaria en una situación política delicada, dado que el Gobierno podría aprovechar el fallo para exigir nuevamente su renuncia al organismo.
Desde que asumió la Presidencia, Mauricio Macri siempre cuestionó públicamente a Gils Carbó por su presunta sintonía con el kirchnerismo y pidió en varias ocasiones su renuncia, al tiempo que encomendó al ministro de Justicia, Germán Garavano, que buscara la forma de removerla.
Cargo vitalicio
El cargo de la procuradora general de la Nación es vitalicio y quien lo ocupa sólo puede ser removido a través de un juicio político, pero si bien Cambiemos tiene varios pedidos presentados en la Cámara de Diputados está imposibilitado de alcanzar la mayoría de dos tercios que se requiere para iniciar ese proceso.
Por esa razón, el oficialismo intentó aprobar una nueva ley del Ministerio Público Fiscal que acotaba el mandato de la procuradora a cinco años, pero la diputada Elisa Carrió, aliada de Cam-biemos, la bloqueó debido a que otorgaba mayor poder en la designación de fiscales a una comisión bicameral que actualmente preside el massismo.
Fue esa comisión bicameral del Congreso la que mantuvo la presión sobre Gils Carbó durante este año, al debatir sobre la cuestionada compra del inmueble y hacer desfilar a los fiscales que cuestionan a la procuradora por realizar designaciones sin concurso.
En los últimos días, trascendió que la decisión de la procuradora de elegir como abogado defensor a León Arslanian tuvo que ver no sólo con su situación procesal, sino con la necesidad de contar con un operador político.
La defiende Arslanian
Arslanian es un dirigente histórico del PJ que mantiene aceitados contactos en el Congreso entre las diversas fuerzas políticas, lo que le permitiría operar una salida política a la situación de Gils Carbó.
En ese contexto, se especulaba con que un procesamiento llevaría a la procuradora a renunciar para evitar el surgimiento de nuevos pedidos de juicio político y mayores presiones públicas por parte del Gobierno, que por esa misma razón esperaba a su vez una medida como la que adoptó Ercolini.
El expediente se refiere a la compra del edificio del Ministerio Público Fiscal, por el cual se pagaron 43.850.000 millones de pesos en 2013.
Uno de los puntos centrales de la causa es que el medio hermano del subdirector general de la Procuración, Guillermo Bellingi (también procesado), cobró 3 millones de pesos en concepto de comisión por la operación inmobiliaria.
En su fallo, Ercolini sostuvo que se buscó dar "un viso de legalidad" a algo "que habría estado decidido de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA".
Consideró que la procuradora y el subdirector Belling "violaron consciente y voluntariamente los deberes" de funcionarios públicos y "se interesaron en miras de la obtención de un beneficio" en la operación inmobiliaria, lo cual no sólo generó "de modo deliberado un lucro indebido" sino "un perjuicio patrimonial para el Estado”.
El magistrado consideró a la procuradora general coautora del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública", que implica una pena de dos a seis años, lo que coloca a la funcionaria en una situación política delicada, dado que el Gobierno podría aprovechar el fallo para exigir nuevamente su renuncia al organismo.
Desde que asumió la Presidencia, Mauricio Macri siempre cuestionó públicamente a Gils Carbó por su presunta sintonía con el kirchnerismo y pidió en varias ocasiones su renuncia, al tiempo que encomendó al ministro de Justicia, Germán Garavano, que buscara la forma de removerla.
Cargo vitalicio
El cargo de la procuradora general de la Nación es vitalicio y quien lo ocupa sólo puede ser removido a través de un juicio político, pero si bien Cambiemos tiene varios pedidos presentados en la Cámara de Diputados está imposibilitado de alcanzar la mayoría de dos tercios que se requiere para iniciar ese proceso.
Por esa razón, el oficialismo intentó aprobar una nueva ley del Ministerio Público Fiscal que acotaba el mandato de la procuradora a cinco años, pero la diputada Elisa Carrió, aliada de Cam-biemos, la bloqueó debido a que otorgaba mayor poder en la designación de fiscales a una comisión bicameral que actualmente preside el massismo.
Fue esa comisión bicameral del Congreso la que mantuvo la presión sobre Gils Carbó durante este año, al debatir sobre la cuestionada compra del inmueble y hacer desfilar a los fiscales que cuestionan a la procuradora por realizar designaciones sin concurso.
En los últimos días, trascendió que la decisión de la procuradora de elegir como abogado defensor a León Arslanian tuvo que ver no sólo con su situación procesal, sino con la necesidad de contar con un operador político.
La defiende Arslanian
Arslanian es un dirigente histórico del PJ que mantiene aceitados contactos en el Congreso entre las diversas fuerzas políticas, lo que le permitiría operar una salida política a la situación de Gils Carbó.
En ese contexto, se especulaba con que un procesamiento llevaría a la procuradora a renunciar para evitar el surgimiento de nuevos pedidos de juicio político y mayores presiones públicas por parte del Gobierno, que por esa misma razón esperaba a su vez una medida como la que adoptó Ercolini.
El expediente se refiere a la compra del edificio del Ministerio Público Fiscal, por el cual se pagaron 43.850.000 millones de pesos en 2013.
Uno de los puntos centrales de la causa es que el medio hermano del subdirector general de la Procuración, Guillermo Bellingi (también procesado), cobró 3 millones de pesos en concepto de comisión por la operación inmobiliaria.
En su fallo, Ercolini sostuvo que se buscó dar "un viso de legalidad" a algo "que habría estado decidido de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA".
Consideró que la procuradora y el subdirector Belling "violaron consciente y voluntariamente los deberes" de funcionarios públicos y "se interesaron en miras de la obtención de un beneficio" en la operación inmobiliaria, lo cual no sólo generó "de modo deliberado un lucro indebido" sino "un perjuicio patrimonial para el Estado”.
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