El 15 de octubre de 2018, en la Comisaría 27ª del barrio Marechal, en la ciudad de Córdoba, tres policías encendieron un fuego para preparar un asado en horario laboral. La llama se propagó rápidamente y alcanzó un depósito de motocicletas secuestradas, provocando la destrucción total de 79 vehículos. Seis años después, un tribunal declaró culpables a los uniformados y ordenó una indemnización millonaria a los propietarios de las motos.
La Cámara 8ª del Crimen, a cargo del vocal Juan Manuel Ugarte, estableció un resarcimiento de $38 millones. La cifra deberá ser afrontada en conjunto por los oficiales implicados y el Estado provincial, condenado de manera solidaria. El fallo beneficia a 22 damnificados representados por el abogado Carlos Nayi, quienes participaron del juicio como actores civiles.
Los montos de indemnización por motocicleta oscilan entre $850.000 y $5.000.000, dependiendo del modelo y su estado. Entre los vehículos afectados se incluyen motos nacionales, como Guerrero y Gilera, y de alta gama, como Honda, Yamaha y Suzuki. La mayoría de los damnificados son personas de recursos limitados, que habían perdido sus motos tras secuestros por infracciones menores, como la falta de casco o documentación.
Los oficiales responsables son Johana Estefanía Marchisio, Lucas Sebastián Bazán y Miguel Ángel Bellesi, quienes al momento de los hechos tenían 30, 37 y 34 años, respectivamente. Bazán y Bellesi aceptaron un juicio abreviado, mientras que Marchisio enfrentó un juicio oral.
Marchisio fue condenada por omisión de los deberes de funcionario público, recibiendo un año de inhabilitación especial y una multa de $11.000. Bazán recibió la misma condena e inhabilitación, pero con una multa de $12.500. Por su parte, Bellesi también fue culpable de incendio culposo, por lo que se le impuso un año de prisión condicional, inhabilitación por el mismo período y una multa de $12.500.
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