La polémica comenzó esta semana, cuando se conoció que el juecismo, que es mayoría en el Tribunal de Cuentas, había rechazado el expediente para la compra de equipamiento de tecnología de avanzada para la fuerza policial. El argumento central, que expuso incluso el propio Luis Juez, fue que la licitación se trató en realidad de un traje a medida para la empresa ganadora.
El gobierno de Martín Llaryora rechazó públicamente las acusaciones y señaló que el juecismo estaba haciendo polítiquería con un tema tan sensible como la seguridad.
Ahora, el ministro Juan PabloQuinteros sumó un nuevo capítulo:judicializó la confrontación.
“El ministro de Seguridad de la Provincia informa que ha formulado denuncia penal a fin de que el Ministerio Público Fiscal investigue hechos ocurridos en el ámbito del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, vinculados a la intervención ejercida en el Expediente Administrativo N.º 0002-050337/2025. La presentación tiene por objeto que la Justicia investigue si la resolución mediante la cual se observó el gasto y se negó el visado del expediente se ajustó a los límites legales del control preventivo de juridicidad o si, por el contrario, se incurrió en una extralimitación de funciones, al fundarse en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, ajenos y vedados a la competencia del órgano de control”, dice el comunicado que dio a conocer el gobierno provincial.
Lo que sostiene el oficialismo es que los tribunos juecistas fueron más allá de lo que les indica la ley:hicieron valoraciones políticas sobre si era adecuado y conveniente hacer ese gasto, una facultad que la ley le reserva al Ejecutivo. La vocal del Tribunal por Hacemos por Córdoba, Silvina Rivero, dijo en una nota con Puntal que la oposición no sólo se extralimitó sino que no plasmó en el expediente las críticas que hizo en público.
Para la Provincia, los tribunos hicieron una maniobra que les está vedada. “Se advierte que tales consideraciones implican una injerencia en facultades propias del Poder Ejecutivo, afectando el principio de división de poderes y excediendo el marco legal que regula la actuación del órgano de control externo. En razón de la gravedad institucional de los hechos y ante la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública, se promovió la correspondiente acción para que la Justicia investigue el alcance y la legalidad de la actuación desplegada. Finalmente, el ministro ratifica su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por el principio de división de poderes”, dice el comunicado oficial.
En declaraciones periodísticas, Quinteros había señalado que no iba a permitir que se frenara la incorporación de material que considera indispensable para la modernización del trabajo policial. Además, señaló que la denuncia opositora carece de sustento: “Sin elementos para sostener acusaciones y agravios de extrema gravedad, muchos de ellos de carácter personal, entendemos que, en nuestra calidad de funcionarios públicos, corresponde realizar esta denuncia penal para que sea la Justicia quien tenga la última palabra. Consideramos que estamos ante un claro abuso de autoridad con dos objetivos concretos: obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales y totalmente ajenos a los que establece la ley”.
Para Quinteros, las declaraciones del juecismo son demasiado graves para dejarlas pasar. “Expresiones como ‘fraude’, ‘corrupción’, ‘traje a medida’, ‘sobreprecios’ o ‘cajas negras’, dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. Que que
