En el proyecto señalan que esta medida "constituye un ataque directo al libre ejercicio de la tarea periodística y por consiguiente una grave lesión al mandato constitucional de garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información pública, tanto en su nivel individual como en su dimensión colectiva".
Además, advirtieron que "desde el inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei periodistas, medios de comunicación y trabajadores y trabajadores de prensa en general han sido foco de hostigamiento, señalamiento y campañas de desprestigio y agresión verbal por parte del presidente y sus funcionarios y funcionarias de gobierno, ya sea en las escasas entrevistas que otorga a medios o comunicadores afines, comunicados oficiales, las ruedas de prensa del vocero presidencial, publicaciones a través de redes sociales y las arbitrarias suspensiones de la acreditaciones en espacios gubernamentales de periodistas con décadas de trayectoria, tales los casos de Silvia Mercado, Liliana Franco, Jonathan Heguier, Tatiana Scorciapino entre otros".
Y en otro fragmento, recalcaron: "Tratándose de un ataque manifiesto y sistemático al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, la intolerancia gubernamental adquiere una dimensión aún mayor en una sociedad democrática".
