Proponen que los gremialistas tengan las mismas penas que los funcionarios por corrupción
Un día después de la multitudinaria marcha que encabezó Hugo Moyano, Cambiemos presentó ayer en la Cámara Baja un proyecto que equipara las sanciones que los representantes gremiales pueden recibir por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito a las de los funcionarios públicos.
La iniciativa, que cosecha la firma de una veintena de diputados oficialistas, es encabezada por el radical Luis Petri y pretende que los cambios queden plasmados en el proyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno planea remitir al Congreso en breve.
En el proyecto se proponen penas de entre 3 a 10 años por los delitos de cohecho y tráfico de influencias y de 4 a 10 años por enriquecimiento ilícito.
La comisión de ambos delitos también supone la inhabilitación especial perpetua, y en el caso particular de enriquecimiento ilícito se establece una multa de entre el 50 y el 100 por ciento del monto obtenido ilícitamente.
Por otra parte, el proyecto contempla modificaciones a la ley 23.551 de asociaciones sindicales, de manera tal que quien tenga intenciones de integrar los órganos de dirección de los gremios deban presentar "una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción", y otra actualizada una vez que abandone el cargo.
"La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero", puntualiza el proyecto.
La iniciativa, que cosecha la firma de una veintena de diputados oficialistas, es encabezada por el radical Luis Petri y pretende que los cambios queden plasmados en el proyecto de reforma del Código Penal que el Gobierno planea remitir al Congreso en breve.
En el proyecto se proponen penas de entre 3 a 10 años por los delitos de cohecho y tráfico de influencias y de 4 a 10 años por enriquecimiento ilícito.
La comisión de ambos delitos también supone la inhabilitación especial perpetua, y en el caso particular de enriquecimiento ilícito se establece una multa de entre el 50 y el 100 por ciento del monto obtenido ilícitamente.
Por otra parte, el proyecto contempla modificaciones a la ley 23.551 de asociaciones sindicales, de manera tal que quien tenga intenciones de integrar los órganos de dirección de los gremios deban presentar "una declaración jurada patrimonial integral dentro de los 30 días hábiles desde la asunción", y otra actualizada una vez que abandone el cargo.
"La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero", puntualiza el proyecto.