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Pueblos originarios piden más protección contra los desalojos

En el marco del Congreso Nacional realizado en Salta, manifestaron su preocupación por el final de los plazos contemplados en la ley 26.160, que prohibía todo tipo de medida contra las comunidades y su apartamiento de las tierras que habitaron históricamente

En el marco del Día del Respeto por la Diversidad Cultural, se realizó en el norte argentino un Congreso Nacional de Pueblos Originarios, del que participaron numerosos referentes de todas las comunidades en territorio argentino. El principal planteo fue el de la continuidad de la ley 26.160, que plantea la prohibición a los desalojos a las poblaciones indígenas.

En la comunidad wichí de Misión Chaqueña, en el chaco salteño, se llevó en la jornada del lunes y ayer el Congreso Nacional de Pueblos Originarios. El reclamo más urgente, y la preocupación más inmediata, es la prórroga de la ley 26.160, una ley de emergencia y de orden público que declara la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país.

Por esta legislación, se suspendió la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. Sin embargo, está pronta a vencer y temen por lo que pueda suceder sin el amparo de la normativa.

Hoy nuevamente aparecieron cientos de dorados y surubíes muertos en el río Bermejo y crece nuestra preocupación por la contaminación de nuestra fuente de alimentos. Hoy nuevamente aparecieron cientos de dorados y surubíes muertos en el río Bermejo y crece nuestra preocupación por la contaminación de nuestra fuente de alimentos.

“Hoy nuevamente aparecieron cientos de dorados y surubíes muertos en el río Bermejo y crece nuestra preocupación por la contaminación de nuestra fuente de alimentos por parte de las grandes empresas ribereñas”, indicó a Puntal Leonardo Pantoja, dirigente comunitario de la comunidad Misión Chaqueña (aquella que a los riocuartenses les resulta muy cercana por tratarse de la que se asiste a través de la ONG Deuda Interna).

“Esperamos con mucha expectativa al nuevo delegado porque tenemos muchos problemas y es muy alentador que este funcionario visite nuestra comunidad en forma directa”, agregó Pantoja, mientras que otro de los caciques salteños sostuvo:“Estaba vigente la ley pero en el 2020 no se respetó, desde fines de octubre fuimos desalojados, por eso exigimos que se apruebe y respete la normativa, porque es una ley que no sabemos si se mantendrá en 3 años, queremos que se mantenga.

En diálogo con Puntal, Emilio Iosa, presidente de Deuda Interna y participante del congreso celebrado en Salta, comentó que allí estuvieron hablando “de las situaciones tremendas que viven los pueblos originarios, que se repiten desde siempre, y en este momento hay una gran preocupación por el pedido de prórroga por la ley 26.160, que es la que prohíbe los desalojos de comunidades de pueblos originarios”.

Además, estuvo presente el secretario de Pueblos Originarios de Salta, quien recibió todos los reclamos que surgieron del congreso, Marcelo Córdoba.

“Es fundamental que el Estado culmine el proceso de relevamiento de manera integral. La ley tiene limitaciones evidentes, ya que no reconoce ni avanza en la titulación de tierras”, sostuvo Paola García Rey.

En un documento que se le entregó al funcionario salteño, los caciques de las comunidades le agradecieron el espacio de diálogo y le solicitaron compromiso para generar “una agenda de diálogo y una organización programática de encuentros regulares en las comunidades, con el objetivo de generar una mesa de trabajo bilateral que aborde diferentes temas que preocupan a los pueblos originarios”.

Entre los ítems planteados, se detalló:

- Prórroga de la ley 26.160, que prohíbe los desalojos de comunidades;

- Relevamiento territorial, escrituración de tierras;

- Pozos de agua;

- Proyectos productivos;

- Cupo docente indígena en escuelas locales de comunidades;

- Mejoramiento de la atención sanitaria, odontológica, pediátrica y de maternidad y sistema de ambulancias y traslados.

Pedido internacional

Por su parte, desde Amnistía Internacional manifestaron su profunda preocupación ante el vencimiento de la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena 26.160 el próximo 23 de noviembre.

Esta norma fue sancionada en 2006 con el objetivo de relevar las tierras ocupadas por las comunidades indígenas a lo largo del territorio nacional, una de las principales obligaciones que el Estado argentino contrajo al reconocer los derechos de los pueblos originarios. A su vez, la medida suspende los desalojos de las tierras ocupadas tradicionalmente por las comunidades indígenas hasta que no termine dicho registro.

El relevamiento –cuya dirección está a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)- debía realizarse en 3 años, pero la norma debió ser prorrogada en 2009, 2013 y 2017 ante la falta de avance en su cumplimiento. A 15 años de su aprobación, más de la mitad de las comunidades aún no cuentan con el relevamiento culminado. Según datos oficiales del INAI, de las 1.760 comunidades indígenas registradas en todo el país, sólo 745 cuentan con el relevamiento finalizado. Es decir que resta más del 57% de las comunidades.

“Lamentablemente, los pueblos originarios son uno de los colectivos más postergados, sometidos históricamente a abusos, discriminación, violencia y desposesión de sus territorios ancestrales. Es urgente que el Congreso Nacional prorrogue la Ley 26.160 y asigne el presupuesto necesario para asegurar una ejecución eficaz y sin más demoras”, indicaron a través de un comunicado.

Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, sostuvo:“Es fundamental que el Estado culmine el proceso de relevamiento de manera integral. La ley tiene limitaciones evidentes, ya que no reconoce ni avanza en la titulación de tierras. Sin embargo, constituye un paso previo positivo muy importante para que luego las comunidades indígenas puedan avanzar en los procesos de reivindicación y titulación comunitaria de sus territorios”.

García Rey recordó la campaña nacional que la ONG lanzó en 2017: “Esta es mi casa”. Y dijo:“A 4 años, su mensaje está más vigente que nunca. Las voces de los propios líderes indígenas, algunos de los cuales hoy ya no están con nosotros, como Israel Alegre, cuentan lo que los territorios constituyen para ellos, su propio hogar”.