Según se indica en los fundamentos de la denuncia, la presentación tiene por objeto que la Justicia investigue si la resolución mediante la cual se observó el gasto y se negó el visado del expediente se ajustó a los límites legales del control preventivo de juridicidad, o si, por el contrario, se incurrió en una extralimitación de funciones, al fundarse en criterios de oportunidad, mérito o conveniencia, ajenos y vedados a la competencia del órgano de control.
Asimismo, se advierte que tales consideraciones implican una injerencia en facultades propias del Poder Ejecutivo, afectando el principio de división de poderes y excediendo el marco legal que regula la actuación del órgano de control externo.
«En razón de la gravedad institucional de los hechos y ante la posible comisión de delitos vinculados al ejercicio abusivo de la función pública, se promovió la correspondiente acción para que la Justicia investigue el alcance y la legalidad de la actuación desplegada».
Al fundamentar la decisión, el ministro expresó: “Sin elementos para sostener acusaciones y agravios de extrema gravedad, muchos de ellos de carácter personal, entendemos que, en nuestra calidad de funcionarios públicos, corresponde realizar esta denuncia penal para que sea la Justicia quien tenga la última palabra. Consideramos que estamos ante un claro abuso de autoridad con dos objetivos concretos: obstruir de manera indefinida la adquisición de tecnología de punta, con el impacto negativo que ello tiene para la seguridad pública y ciudadana, y brindar a un jefe político un marco discursivo para instalar una campaña falaz y estigmatizante, utilizando instituciones públicas con fines personales y totalmente ajenos a los que establece la ley.”
Y concluyó: “Expresiones como ‘fraude’, ‘corrupción’, ‘traje a medida’, ‘sobreprecios’ o ‘cajas negras’, dichas con semejante liviandad e irresponsabilidad, no pueden quedar sin consecuencias. Que quede claro: todo tiene un límite.”
