Verónica Abasolo, de la Fundación Desafío, que trabaja desde hace años con personas en situación de discapacidad, señaló que el problema de fondo es que la desrregulación que intenta el gobierno nacional creará un escenario de mayor desigualdad, que perjudicará a los prestadores pero sobre todo a los pacientes.
“El sistema único de prestaciones equipara a a todas las personas con discapacidad, así tuvieran Incluir Salud (exProfe), una prepaga, Pami o una obra social sindical. Da igualdad de condiciones y una universalidad en el tratamiento para las personas con discapacidad. Ahora bien, este proyecto de decreto habla de descentralizarlo, dividiéndolo en grupos con 3 nomencladores: uno para Pami e Incluir Salud, otro para las prestaciones de las prepagas y el tercero para las obras sociales”, sostuvo Abasolo.
Sistema diferenciado
Eso significa que cada uno de esos grupos podrá trabajar con un precio distinto y pueden modificar las prestaciones. ¿Qué quiere decir eso?
“Puede que las obras sociales dejen de cubrir la integración escolar, por ejemplo. O pueden modificar los tratamientos, algo que hoy no pueden hacer. Además, las personas con Incluir Salud siempre van a estar en desventaja, porque ésta paga a los 120 días, y eso genera un problema para muchos prestadores, que no la aceptan. Con Pami pasa más o menos lo mismo”, señaló la referente de la Fundación Desafío.
En el mismo sentido, opinó que otro de los efectos nocivos sobre el sistema de prestadores para discapacidad sería el fin de la equidad, en un marco en el cual “el que más paga más tiene, va a tener mejores beneficios”.
Abasolo explicó que el nuevo esquema que impulsa el Gobierno les pegaría de lleno a los centros terapéuticos que, como la Fundación Desafío, atiende tanto a quienes tienen cobertura como a los que no. Al día de hoy, tienen 45 pacientes y de ellos 17 tienen becas porque de otra forma no podrían solventar los costos. Según la referente de la ONG, eso se terminaría si avanza la desrregulación.
“Todos van a querer pagar menos”
Por otro lado, asegura que un cambio en el sistema como el que impulsa el gobierno nacional empujaría a los prestadores de servicios para discapacidad a negociar precios mano a mano con obras sociales y prepagas.
“Seguramente, todos van a querer pagar menos y obviamente a nosotros también nos va a costar sostener a las personas becadas, que se mantienen con los que tienen obra social. Sería una negociación a pérdida por las prestaciones. Hay gente que ya no le conviene trabajar en discapacidad y está buscando otras alternativas”, apuntó Verónica Abasolo.
Por su parte, Luciana Joulie, profesora de educación especial nucleada en la Unión de Educadores de Educación Especial (Uede), coincidió en que la reforma que impulsa el gobierno nacional es la "desrregulación de los nomenclaadores, es decir los montos tienen que cobramos quienes trabajamos con personas en situación de discapacidad".
Joulie indicó que el borrador del decreto que se difundió: "Nos pone en alerta y por eso es la movilización. Lo que vemos es que esto va a abrir la posibilidad de que haya trabajadores de primera y trabajadores de segunda".
Pami e Incluir Salud
"Con Pami y con Incluir salud será con las que menos se va a querer trabajar. Se cobra muy tarde. Además, quien no tenga obra social se queda sin la posibilidad de que se le brinden determinadas prestaciones. Todo esto en el marco de mucha incertidumbre, porque tampoco hay información certera", indicó.
