Rectores advierten que no podrán abrir las puertas en 2027 por falta de presupuesto
La UNRCera ayer un desierto porque el paro por el fracaso de la paritaria tuvo un alto acatamiento. “Los fondos son insuficientes y la situación alarmante”, dijo Rovera. Un mes y medio sin clases. El plan de lucha continúa
Los rectores nucleados en el CIN lanzaron una fuerte advertencia: “Será muy difícil que el año que viene las universidades abran sus puertas”.
Por el conflicto entre el Gobierno y las universidades públicas, a raíz de la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento, los estudiantes ya llevan un mes y medio sin clases.
Ayer la UNRCera un desierto porque el paro por el fracaso de la paritaria tuvo un alto acatamiento en el campus local.
Como informó Puntal, el Frente Sindical anunció paros para el 18 y el 22, la quinta marcha universitaria para el 15 de octubre y 23 días de protestas.
“El presupuesto es absolutamente insuficiente y la situación es muy alarmante”, dijo ayer la rectora de la UNRC, Marisa Rovera, a Puntal AM.
Yañadió: “El reclamo es genuino y legítimo y la situación se ha tornado muy crítica”.
Mientras tanto, los rectores señalaron lo siguiente:
- “Si nosotros no logramos modificaciones razonables al proyecto de Presupuesto 2027 va a ser muy difícil que las universidades abramos nuestras puertas el año próximo”.
- “Nuestra comunidad universitaria mantiene el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada a fines del 2025”.
- “Desde hace tres años estamos funcionando con el 60% menos de los recursos, la situación es muy dramática”.
- “Este presupuesto no incluye la inflación prevista para 2027, acuerdos paritarios que puedan darse ni gastos en infraestructura, ciencia y técnica”.
- “La consecuencia es el fin de programas de financiamiento, el congelamiento de becas, gastos de funcionamiento, falta de fondos de infraestructura, eliminación de Ciencia y Tecnología y pérdida salarial”.
- “El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la actualización de salarios y de gastos de funcionamiento implica un aumento de $11 billones, una diferencia de cerca de $4 billones con respecto a la previsión del gobierno”.