El oficialismo y sus aliados se encaminaban a sancionar la reforma de la ley de glaciares

En medio de una sesión tensa en la Cámara de Diputados y protestas en las adyacencias del Congreso, La Libertad Avanza y sus bloques aliados se encaminaban al cierre de esta edición a convertir en ley la reforma pro minera de la ley de glaciares.

Propios y ajenos estiman que los mismos diputados que dieron quórum al inicio de la sesión levantarán la mano para aprobar la iniciativa con media sanción del Senado, que relaja las condiciones para desarrollar explotaciones de recursos en zonas periglaciares.

Quienes habilitaron la sesión fueron los diputados de La Libertad Avanza, el Pro, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), algunos monobloques e incluso varios diputados de Provincias Unidas (Alejandra Torres, Jorge Rizzotti, Ignacio García Aresca, Gabriela Scaglia, José Núñez, y Sergio Cappozzi).

En el inicio de la sesión, la diputada nacional del Frente de Izquierda Romina del Plá y su par de Unión por la Patria Lorena Pokoik fracasaron en su intento por incorporar al temario sendos proyectos para repudiar la decisión del Gobierno de quitar las acreditaciones a varios medios de prensa, a quienes acusan de participar de una campaña de desprestigio financiada por Rusia.

Posteriormente, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés planteó otra moción de apartamiento de reglamento para que se trataran los proyectos de resolución que apuntan a que Argentina se mantenga neutral en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pero la iniciativa no obtuvo el respaldo suficiente en términos de votos.

Seguidamente, a través de una moción de apartamiento de reglamento, la diputada nacional de Unión por la Patria Paula Penacca planteó la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien es investigado en la Justicia por posible enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado, pero no alcanzó la mayoría de votos requerida.

Entre los votos negativos que salieron al rescate del jefe de Gabinete se anotaron los del Pro y la UCR.

Además, la oposición -a través de una moción presentada por Maximiliano Ferraro- sometió a votación una moción de apartamiento de reglamento para incorporar al tratamiento del orden del día los tres proyectos de ley vinculados al caso $Libra, dos de los cuales apuntaban a citar al Congreso a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero no alcanzó una mayoría suficiente.

El debate

Como miembro informante del dictamen de mayoría, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Medio Ambiente, José Peluc (La Libertad Avanza), destacó “la audiencia pública histórica” que se realizó entre el 25 y el 26 de marzo, con la participación de cientos de expositores, la mayoría de ellos con posturas en contra de la iniciativa del Gobierno y las provincias mineras.

El sanjuanino se ganó el abucheo de la parcialidad opositora, que viene pidiendo la nulidad de la audiencia por su formato restrictivo en términos de participación abierta, y viene advirtiendo acerca de la judicialización de la reforma de la ley de glaciares.

Por su parte, el otro miembro informante, Nicolás Mayoraz (LLA), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, despotricó contra los opositores que impugnan la audiencia.

“Los malintencionados e ignorantes cuestionaron el procedimiento por pretender algo ilusorio, que 100 mil personas fueran escuchadas en forma sincrónica, lo que era materialmente imposible”, fustigó.

El santafesino ponderó que la modificación propuesta “viene con claridad meridiana del Senado” y apunta a “aclarar conceptos” sin alterar “el paradigma de protección de los glaciares”.

“Queda desmentido que esta reforma afecta el principio de no regresión y le damos la posibilidad a las provincias de hacer estudios de segundo y tercer nivel a las provincias que el Ianigla (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales) hoy no tiene”.

“Con la modificación de la ley de glaciares estamos logrando la armonización porque el Ianigla no se debilita y el principio es que todos los cuerpos inventariados no se tocan, salvo prueba en contrario”, explicó.

A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Adriana Serquis criticó duramente el proyecto impulsado por el oficialismo y advirtió que “se están basando para defender esta ley en datos que no son científicos”.

“El rechazo no tiene que ver con no querer un desarrollo productivo. Simplemente estamos tratando de que esa regresión que existe en esta ley no se haga efectiva”, sostuvo la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Con la ayuda de Juan Grabois, la diputada y científica levantó una maqueta y buscó demostrar el impacto negativo que tendría una explotación en determinadas zonas periglaciares.

“Un 1% de la cordillera representa la superficie que ocupan los glaciares. Y solo ese puntito alimenta las cuencas que dan de beber a 7 millones de habitantes”, resaltó Serquis.

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, reafirmó que su espacio político “está a favor de la protección de los glaciares y el ambiente periglacial” y “a favor del encuentro entre el desarrollo productivo y la protección ambiental”.

El santafesino se pronunció “a favor de un federalismo y un ambientalismo de concertación, lejos de ese federalismo de desintegración nacional que muchos quieren plantear”.

“No nos puede faltar una mirada nacional de estos acontecimientos”, remarcó, en referencia a la transferencia de facultades a las provincias sobre la determinación de las áreas protegidas.

En tanto, Sabrina Selva (Unión por la Patria) sostuvo que “el debate propuesto respecto de la reforma de la ley de glaciares es tan deshonesto como el gobierno de Milei, tan mentiroso como su relato”.

“Esta ley es inconstitucional y regresiva, va a traer conflictos interjurisdiccionales”, anticipó la diputada massista.

Maximiliano Ferraro (CC-ARI) opinó que “estamos frente, quizás, a una de las peores leyes que hayan traído a este Congreso de la Nación, porque no dimensionamos el retroceso sin precedentes, con graves consecuencias, que va a traer esta ley totalmente inconstitucional”.

“Es una ley inconstitucional, que viola el artículo 41, por el cual este Congreso está obligado a establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental”, advirtió.