El dilema de las retenciones y un mensaje que muta

El reclamo por los derechos de exportación -o las retenciones como frecuentemente se los denomina- es uno de los pilares de los sectores agropecuarios desde hace dos décadas. Nacidos como un remedio a la brutal crisis de 2001/02, el fuerte ingreso de recursos al Estado que nació como temporal terminó permaneciendo en el tiempo. Como ocurrió con otros tributos, como el del débito y crédito bancario.

A esta altura se da una paradoja: todos los candidatos cuestionan las retenciones, salvo la Izquierda. Pero a medida que el tiempo corre y los comicios de octubre se avecinan surgen dudas sobre la posibilidad de que el próximo gobierno las vaya a eliminar. En este punto alguno aseguraban que se podían quitar desde el primer día, mientras otros lo planteaban de manera gradual. A esta altura no quedaría nadie en el primer grupo. ¿Era real la promesa de derogarlos el mismo 10 de diciembre? ¿Cómo se iba a resolver el déficit fiscal, variable central de los desequilibrios económicos, resignando recursos?

Es posible que las retenciones se puedan eliminar, pero resulta poco probable que de un día para el otro. Ni el sector agropecuario lo considera factible a esta altura. Es más, muchos dirigentes advierten que esperan una decisión de avanzar en un camino sin retorno, pero con una quita gradual.

Además, son conscientes de que en las cadenas de soja y maíz habrá mucho ruido. La quita de los derechos de exportación implicará que el valor interno de esos granos se eleve significativamente, lo que impactará en quienes los usan como insumo: tambos, feedlots, granjas porcinas, avícolas y hasta las industrias del biodiésel o el bioetanol. Se podría sumar un rubro que en Río Cuarto tiene fuerte peso: el de los alimentos balanceados.

Así, la eliminación de retenciones tendrá efectos también dentro de la agroindustria, por lo cual quien lleve adelante esta medida deberá contemplar amortiguadores para no romper más de lo que se arregla. Entre los productores hay una definición contundente con respecto a esto: “Estuvimos dos décadas financiando a eslabones que se hicieron rentables a costa de quitarnos recursos a nosotros”. Una factura que se emite puertas adentro del sector; y más en este momento, a la salida de la sequía, cuando los rendimientos fueron magros y el aporte se hace aún más costoso.

Algo similar plantean las principales provincias productoras, que imaginan y sacan cuentas de los miles de millones de dólares que se van de sus jurisdicciones y no regresan. En Córdoba, el gobierno estima que son unos US$ 3.500 millones por año. Y hasta les asigna un destino: los subsidios que aplica el gobierno nacional en el Amba. El mensaje que se reitera desde Córdoba es que le quitan a la provincia -y a otras- para brindar servicios más baratos en Capital Federal y el conurbano bonaerense, en una suerte de ecuación electoral debido al peso que tiene esa región en las urnas.

Por otro lado, en lo fiscal, la eliminación de ingresos vía retenciones demandará un ajuste adicional del gasto. Ahí también será imperioso que se avance con señales que definan hacia dónde irá la tijera. Por ahora no hay grandes precisiones en ese sentido, más allá de “motosierras” y promesas de “dinamitar” algunas reparticiones, que evitan los detalles. ¿Habrá reforma tributaria? ¿Cómo será? ¿Habrá reforma laboral? ¿Qué incluirá para formalizar más el empleo y mejorar los ingresos de los trabajadores? ¿Habrá reforma previsional? ¿Se volverá a diferenciar a quienes aportaron los años de ley con los que ingresaron a moratorias? ¿Cómo se evitará la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones? ¿Habrá reforma fiscal?

Tal vez se siga aquella máxima de Carlos Menem: “Si les decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie”. Habrá que esperar para saber si le seguirá un “estamos mal, pero vamos bien”.

Lo cierto es que desde las bases agropecuarias hay ya una creciente inquietud porque más allá de que se valora en los discursos de los candidatos el rol del campo para la economía nacional, no hay equivalencia con el lugar que en la agenda se le asigna a la política agropecuaria y sus problemáticas. De hecho no dejó de sorprender una primera definición de Carlos Melconian, que lidera desde la semana pasada los equipos técnicos económicos de Patricia Bullrich, cuando dijo que, en caso de asumir, desde Juntos por el Cambio no iban a gobernar para el campo sino para 45 millones de argentinos. La definición no es en sí cuestionable, pero entre los productores llamó la atención el modo y creen que hay segundas intenciones en ese punto.

La sensación del campo podría extenderse a otros sectores también porque más allá de las complicaciones severas que atraviesa el país por la alta inflación, la recesión y la escasez de divisas que ubican a la economía como el eje indiscutido de la campaña, no hay entre los tres principales candidatos detalles aún del cómo. Se habla mucho de economía, pero no de las soluciones que se piensan llevar adelante. Por ahora hay una abundancia de análisis, de comentarios de la realidad y algunos eslóganes de poca traducción para el votante medio, como el de la dolarización o el bimonetarismo.