Cuando muchos productores, que aún tenían algún remanente de granos, analizaban si comercializar o no, la noticia de que todo se había terminado generó una reacción que se volcó masivamente en las redes sociales. Con el correr de las horas, el malestar empezó a llegar a las entidades intermedias del agro y de ahí a viajar a la Mesa de Enlace Nacional para que haya un reclamo formal en contra de lo que se planteó como un beneficio inédito para el agro, pero que terminó siendo aprovechado mayormente por las cerealeras.
Ayer hubo una serie de comunicados de distintas entidades como Sociedad Rural Argentina, Cartez, Coninagro Córdoba y varias rurales de base planeando el malestar de los productores. También se sumaron dirigentes de distitas entidades reflejando la desazón.
Lo cierto es que según datos publicados por Sociedad Rural Argentina ayer, los productores comercializaron esta semana 6,2 millones de toneladas de soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol. Este volumen equivale a U$S 2.277 millones a valores FOB, apenas el 33% de los U$S 7.000 millones totales de DJVE establecidos como objetivo para la finalización del programa.
Andrea Sarnari, presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), señaló que la medida del gobierno de Javier Milei “no fue pensada” para el sector productivo y “tampoco incentiva a la producción agropecuaria”.
“Es de corte netamente económico y por las necesidades del país, que además perjudica al sector porque sigue generando imprevisibilidad. No nos dan a los productores la potestad de decidir y planificar mejor”, advirtió en el inicio del Congreso Anual Ordinario de esa entidad en Rosario.
Sarnari afirmó que los productores pequeños y medianos “claramente no fuimos los beneficiarios” porque “ya no teníamos la cosecha del año pasado”.
“No pasó ni cerca de la tranquera”
“Y alguno que podía tener algún grano todavía reservado, tampoco pudo ser beneficiario en tan corto plazo. La medida ni siquiera pasó cerca de la tranquera”, manifestó.
La presidenta de la FAA indicó que “no se trata de una disputa entre sectores de la cadena”, sino que “se trata de exigirle al Estado que determine medidas y políticas públicas que sean previsibles para todos”.
A su turno, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, expresó su descontento por la finalización temprana de la quita de retenciones y transmitió la desconfianza del campo por la rapidez con la que se completó el cupo de los US$7.000 millones. El dirigente agropecuario manifestó en declaraciones radiales que les “llamó la atención que en 48 o 72 horas se cubriera todo el total y que vuelva a la situación anterior”, apuntando a la manera en la que se aprovechó el beneficio.
