La baja de retenciones les devuelve al menos US$ 31 por hectárea a los productores

Con la implementación del nuevo esquema de alícuotas para los derechos de exportación anunciados por el presidente Javier Milei en la Exposición de Palermo, los productores agropecuarios podrán recuperar algo de ingresos que, según un estudio del Ieral de la Fundación Mediterránea, oscilará entre 31 y 60 dólares por hectárea dependiendo si se trata de un campo arrendado o propio, y de la zona productiva en que se encuentre. Pero las provincias también mejorarán sus ingresos por el impacto de ese dinero extra en circulación y sus sistemas tributarios.La Nación, en cambio, resignará fondos, aunque no todo de manera directa porque lo que cede en retenciones lo recuperará en parte con otros impuestos, como Ganancias.

Vale recordar que la medida contempló rebajas en las alícuotas para la carne vacuna y aviar (de 6,75% a 5%), el maíz y el sorgo (de 12% a 9,5%), el girasol (de 7% a 5,5%), la soja (de 33% a 26%) y sus subproductos (de 31% a 24,5%).

A diferencia de la reducción transitoria implementada entre febrero y junio, esta baja tiene carácter permanente.

“A comienzos de año calificamos la baja transitoria como “un paso en la dirección correcta” y, más adelante, en otra columna, advertimos que sería un error “volver atrás” una vez vencido el plazo en junio”, recordó el informe del Ieral.

El objetivo del trabajo es “aproximar el impacto microeconómico de la medida, tanto sobre la rentabilidad del productor como sobre la recaudación fiscal de Nación y provincias, comparando los resultados del nuevo escenario con un contrafáctico en el que las alícuotas de DEX se mantenían sin cambios. Adicionalmente, se incorpora una comparación histórica que permite ubicar los márgenes actuales en perspectiva frente a los registros de campañas anteriores”, agrega.

Según explica Franco Artusso, responsable del trabajo, el marco de referencia para los cálculos “es el conjunto de modelos agrícolas que IERAL viene utilizando desde hace tiempo. Se analizan cuatro casos que buscan reflejar la heterogeneidad del sector, definidos a partir de dos zonas geográficas —la zona núcleo (sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires) y la zona extrapampeana (norte de Córdoba, Santiago del Estero y otras áreas del centro-norte del país)— y dos modalidades de tenencia de la tierra: campo propio y campo alquilado”.

En todos los casos se considera una escala de 500 hectáreas con una rotación de cultivos del 50% soja y 50% maíz. Además, se supone que el 90% de la soja producida en cada establecimiento tiene destino de exportación y el 10% se vende en el mercado interno; en el caso del maíz, se considera una relación 70-30%, respectivamente.

Las principales diferencias entre zonas responden a la productividad de la tierra (rendimientos), las distancias a puerto (costos de transporte) y los requerimientos específicos de insumos y labores según la ubicación (costos directos). En tanto, la diferencia entre propietarios y arrendatarios dentro de una misma zona está dada por el costo del alquiler, que se calcula en quintales fijos de soja por hectárea (15 en la zona núcleo y 8 en la extrapampeana), valuados al precio FAS Rosario vigente al momento de la cosecha.

La rentabilidad neta del productor (margen después de impuestos) mejora entre US$ 31,6 y US$ 60,5 por hectárea, según la zona y el régimen de tenencia de la tierra. Para productores propietarios, la mejora en el margen neto (ingresos menos costos e impuestos) asciende a US$ 60,5 por hectárea en zona núcleo y US$ 47,5 en zona extrapampeana. Para productores arrendatarios la mejora es de US$ 31,6 por hectárea en zona núcleo y US$ 40,3 por hectárea en zona extrapampeana, aunque en este último caso la mejora solo alcanzaría para reducir pérdidas (de –US$ 68 a –US$ 28 por hectárea).

La recaudación por DEX cae entre US$ 53,9 y US$ 71,8 por hectárea (una pérdida del 22% respecto al escenario sin desgravación), pero la recaudación tributaria total (nación + provincias) se reduce proporcionalmente menos (entre 9% y 15%). Esto se explica, principalmente, por una mayor recaudación del Impuesto a las Ganancias y en menor medida de otros tributos (ingresos brutos, cheque).

Las provincias captarían entre US$ 6,2 y US$ 14,6 adicionales por hectárea (un aumento del 12% al 21% según la zona), mientras que Nación perdería entre US$ 37 y US$ 60,7 por hectárea (una caída del 15-18%). En este análisis se excluye el caso del productor arrendatario de la zona extrapampeana, dado que, bajo los supuestos del modelo y las condiciones actuales de precios, costos y presión tributaria, esa tierra directamente no sería puesta en producción y por ende no generaría ingresos al fisco.

La carga tributaria total —entendida como el porcentaje de la renta generada (ingresos menos costos) que el productor no puede apropiarse por efecto de los impuestos— se reduce entre 6 y 14 puntos porcentuales tras la desgravación. No obstante, seguirá siendo muy elevada: alcanza entre el 53% y el 70% para propietarios y arrendatarios de la zona núcleo, y entre el 68% y el 112% en la zona extrapampeana. “Que en todos los casos supere el 50% implica que, en dólares por hectárea, el productor seguirá perdiendo más por impuestos que lo que logra conservar como ingreso neto”, aclara Artusso.

En relación con este último punto, si bien la simulación simplifica una realidad diversa incluso dentro de una misma zona (al asumir ciertos niveles de eficiencia, esquemas de rotación, etc.), el resultado de una carga tributaria superior al 100% para arrendatarios de la zona extrapampeana ayuda a comprender una preocupación recurrente en el sector: los impuestos vuelven inviable la actividad en zonas marginales, de menor productividad y mayor distancia a los puertos, especialmente si hay que pagar alquiler. Sin embargo, si continúa el proceso de desgravación de los DEX, muchas de estas tierras podrían volverse rentables y reactivarse la expansión de la frontera agrícola.

“En síntesis, la baja de los DEX representa una mejora concreta para el negocio de producir granos frente al escenario contrafáctico en el que las alícuotas no se reducían. Al tratarse, esta vez, de una medida permanente, también aporta mayor previsibilidad y reglas de juego más claras para todos los actores del sector. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer. Los márgenes proyectados para la campaña 2025/26 se mantienen por debajo del promedio de las últimas ocho campañas y la carga tributaria seguirá siendo muy elevada”, advierte el Ieral.

Y agrega: “Como se ha señalado en columnas anteriores, avanzar hacia la eliminación definitiva de este tributo supone un desafío fiscal de envergadura para el gobierno nacional y requerirá una estrategia integral que garantice la sostenibilidad de la medida. En particular, dado que la eliminación de las retenciones tiende a incrementar la recaudación de otros impuestos —cuyos recursos, en su mayor parte, se coparticipan con las provincias—, sería deseable que: se contemple una asignación específica que permita redirigir parte de ese mayor ingreso tributario hacia la Nación, con el fin de compensar parcialmente la pérdida por DEX; o bien que las provincias se sumen al esfuerzo fiscal y, con los mayores recursos que reciben por la desgravación, reduzcan o eliminen otros tributos que afectan directamente al sector agropecuario, particularmente los más distorsivos, como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (que impacta en forma directa en las ventas o de forma indirecta en las compras) y el Impuesto a los Sellos (que recae sobre distintos contratos habituales en la actividad)”, sugiere el informe de la Mediterránea.