Súper RIGI: el Gobierno busca atraer US$ 1.000 millones
El Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de Súper RIGI, con beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para nuevas industrias tecnológicas.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley del denominado Súper RIGI, una iniciativa que busca atraer inversiones de al menos US$ 1.000 millones en industrias consideradas estratégicas y que actualmente no operan en Argentina. Desde la Cámara de Diputados mediante el Mensaje N°181/2026, firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.
Qué prevé el proyecto del Súper RIGI
El proyecto, cuyo nombre oficial es Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, establece un paquete de beneficios tributarios, aduaneros, cambiarios y regulatorios. Entre los incentivos más destacados figuran una alícuota reducida del 15% en el impuesto a las Ganancias, exenciones de derechos de importación y exportación, libre disponibilidad progresiva de divisas provenientes de exportaciones y estabilidad normativa por 30 años. El régimen tendría una vigencia de cinco años, sujeta a aprobación parlamentaria.
Qué sectores apunta a atraer
Según el texto oficial, el esquema está orientado a proyectos vinculados con inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, hidrógeno verde, reactores nucleares pequeños (SMR), manufactura de baterías de litio y vehículos 100% eléctricos, entre otros rubros considerados de alto valor tecnológico.
El articulado aclara que solo podrán adherirse iniciativas relacionadas con actividades que no se desarrollen, produzcan ni presten en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto. De esa manera, el régimen se diferencia del RIGI original, que ya registra anuncios por cerca de US$ 81.000 millones, aunque con apenas algo más de US$ 700 millones efectivamente concretados hasta el momento.
La propuesta llega en un contexto en el que el Ejecutivo busca posicionar a Argentina como destino de inversiones de frontera tecnológica, apostando a sectores que en otros países ya muestran dinamismo pero que localmente no tienen escala industrial. Si el Congreso aprueba el proyecto, el régimen entrará en vigencia por un período de cinco años durante el cual las empresas interesadas podrán presentar sus proyectos para acceder a los beneficios.