El desvío de fondos denunciado en la Municipalidad de Río Cuarto supera los $7 millones
Una auditoría detectó presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la Subsecretaría de Hábitat. El fiscal Ricardo Muñoz confirmó a Puntal que el Municipio presentó una denuncia penal y se constituyó como querellante. La agente involucrada fue apartada de sus funciones mientras avanza la investigación
El fiscal Ricardo Muñoz confirmó la denuncia penal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos municipales.
Foto: Andrés Oviedo
La Municipalidad de Río Cuarto denunció penalmente una presunta maniobra irregular en el manejo de fondos públicos que habría provocado un perjuicio económico superior a los 7 millones de pesos.
Las irregularidades fueron detectadas a partir de informes financieros y auditorías contables realizadas por las secretarías de Economía y de Obras y Servicios Públicos y estarían vinculadas con una agente de la Subsecretaría de Hábitat.
El fiscal Ricardo Muñoz confirmó la presentación judicial y señaló que se determinó "un manejo irregular de los recursos". Según explicó, la operatoria habría incluido "el ocultamiento de información y la presentación de datos falsos que indujeron a error a funcionarios municipales".
“Labraba cheques y los endosaba a su favor”, sostuvo Muñoz al describir una de las maniobras bajo investigación.
El funcionario indicó que los hechos podrían encuadrarse en "los delitos de defraudación al Estado, falsedad ideológica y estafa".
Ante la gravedad de la situación, el Municipio presentó una denuncia penal para que la Justicia investigue lo ocurrido y determine las posibles responsabilidades. Además, se constituyó como querellante particular, con el objetivo de impulsar la causa y solicitar medidas probatorias y de restricción personal.
En paralelo, se dispuso el apartamiento de la agente de la órbita municipal y el inicio de los procedimientos administrativos correspondientes.
Desde el Gobierno local señalaron, por otra parte, que se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la continuidad del programa involucrado y evitar que la investigación afecte a sus beneficiarios.