Franco Orsato, delegado de ATE en Discapacidad, advirtió que los vecinos deben recurrir a ANSES o municipios, donde no obtienen respuestas claras
A nivel nacional, se está llevando adelante una auditoría sobre las pensiones por discapacidad que, lejos de agilizar los trámites, está generando múltiples trabas para las personas que intentan completarlos.
En Río Cuarto, según explicó Franco Orsato, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Discapacidad, son alrededor de tres mil los vecinos afectados por la medida. "El centro de atención que fue cerrado en 2018, no sólo atendía a Río Cuarto, atendía los ocho departamentos del sur de Córdoba, estamos hablando que va más allá de esos 3000 pensionados y pensionadas riocuartenses, sino que llega a 6000 personas", reflejó Orsato.
“Las personas no tienen a dónde acudir para solicitar información, y terminan recurriendo a ANSES o a dependencias municipales, sin obtener respuestas claras”, señaló Orsato, quien remarcó que se trata de “un sector con alto nivel de vulnerabilidad social”.
El dirigente cuestionó el alcance de la auditoría, que obliga a 1,1 millón de beneficiarios a someterse a un nuevo proceso de evaluación. “Es una locura”, enfatizó.
