Algo se rompió con las Paso. No sólo se desestructuró el sistema político por el sorpresivo triunfo de Javier Milei, sino que, además, se profundizó y aceleró el enrarecimiento del clima social. En cuestión de horas ganó un outsider de discurso incendiario, el peso se devaluó un 22% y los precios volaron. Todo ocurrió casi en simultáneo y se trasladó, o habilitó el traslado, al estado de ánimo general. Enojo, frustración, malestar, la sensación de estar otra vez ante una película de terror que nadie quería volver a ver.
Ese fue el trasfondo de los episodios violentos que desde el fin de semana pasado, siete días después de las elecciones, fueron multiplicándose en el país. Saqueos, robos organizados o como se les quiera llamar. En este contexto, la terminología es lo de menos.
Pero, más allá de que la incertidumbre en todos los planos se haya intensificado por el resultado electoral y la debacle económica, los actos vandálicos se produjeron en un escenario político de vacío de poder. O, al menos, de algo que se le parece mucho. Lo mismo ocurrió cada vez que en el país irrumpieron los saqueos. Lo que los conecta no sólo son las crisis económicas, sino la debilidad del gobierno de turno.
Hoy las dos principales figuras del poder institucional, al menos en lo formal, han desaparecido. El presidente Alberto Fernández oscila entre la invisibilidad y la irrelevancia y la vice, Cristina Fernández, que no sólo es su mentora sino la líder más gravitante del kirchnerismo, ha caído en un mutismo absoluto. ¿Dónde está? ¿Qué hace en estos momentos críticos? Ya ni usa sus redes sociales para ejercer la defensa o la ironía. Tal vez sea otra imposición cruel y hasta ahora no revelada de la proscripción de la que es víctima.
La parábola que dibujó el kirchnerismo en el poder arrancó en 2003 con la reconstrucción de la imagen y la autoridad presidencial y ofrece ahora, dos décadas después, la triste cara de un final de gobierno marcado por la ausencia.
La única referencia de poder, la única figura a la que se aferra el gobierno, es Sergio Massa. Y se ata a él en su doble rol de ministro de Economía y de candidato presidencial. Y Massa parece haber elegido para este tramo de la campaña, decisivo y tal vez final, alivianar la carga de kirchnerismo que podría haber tenido y ser más él mismo. Viene de pedir que la Justicia aplique todo el rigor de la ley contra los saqueadores y, además, decidió retirarles los planes sociales a todos aquellos que sean imputados por haber protagonizado robos en banda.
“Nosotros tenemos que defender a la gente de trabajo y a los delincuentes meterlos presos”, dijo Massa en su visita a Villa María. Una frase que se asemeja más a la concepción discursiva de la “mano dura” que al manual de corrección política kirchnerista.
Desde Villa María, el candidato de Unión por la Patria envió un mensaje a Río Cuarto y les ratificó a los comerciantes afectados por los saqueos que habrá una asistencia económica del Estado nacional por hasta 7 millones de pesos.
La ciudad sufrió, como tantas otras, horas dramáticas en los últimos días. Hubo 15 comercios atacados y 24 personas detenidas. En la noche del domingo el objetivo inicial y principal, según surgía del grupo de WhatsApp que llegó a tener 2.000 miembros, era el supermercado Chango Más. Como la Policía y la Justicia estaban advertidas, los protagonistas de los saqueos decidieron dispersarse y diversificar sus objetivos.
Ahora, en Tribunales están investigando lo que pasó el fin de semana pasado pero, además, monitorean lo que puede ocurrir por estas horas. A pesar de que la supuesta instigadora principal, Araceli Lecitra, está presa, hay grupos activos en las redes y existe temor de que los hechos de vandalismo se repitan.
Ante los saqueos se dispararon algunas preguntas. Está claro que requirieron algún grado de organización, ¿pero tuvieron un hilo conductor que trascendiera a la ciudad? ¿Fueron parte de una estrategia para ir sembrando el caos en distintos sectores del país?¿Por qué en RíoCuarto?¿Sólo son adjudicables a una pampeana de 29 años, con antecedentes penales, que actuó con un celular y un grupo de WhatsApp?
Según manifiestan en Tribunales, todavía no hay elementos para sostener que lo que ocurrió en Río Cuarto fue parte de un plan más general o que haya sido orquestado por algún grupo político. “Hay algunos elementos que se produjeron acá que se repiten en otras ciudades pero nada más que eso. Estamos investigando”, señalaron en la Justicia.
Hasta ahí los saqueos en sí mismos. Pero en RíoCuarto esos episodios se asociaron con otros más antiguos e hicieron más compleja la discusión. Se conectaron los ataques a los comercios, como si fueran una continuidad, con lo que ocurre cada domingo desde hace más de una década:las hordas de motos, que constituyen una conducta que bordea con lo delictual. Ese coqueteo con los límites de la ley es, tal vez, lo que ha incrementado su carga problemática. ¿Es un delito? ¿O una contravención? ¿Debe actuar la Policía, la Justicia, el Municipio? ¿Los tres a la vez? No siempre está claro. Sobre todo porque a veces puede ser una contravención que, por ejemplo si se producen destrozos, deriva en algunos delitos.
A esa indefinición que genera la conducta se suma, del otro lado, que no existe -o no parece existir- un especial interés por erradicar las hordas. La Justicia dice que no le corresponde actuar, salvo excepciones; la Policía asegura que no tiene las herramientas y el Municipio, más allá de los operativos que ha organizado y de la mayor o menor decisión con la que ha encarado el problema, señala que en soledad no puede.
En el Palacio Municipal cuestionan severamente a la Justicia porque le han pedido colaboración para atacar los hechos que son indudablemente delictuales en el contexto de las hordas como una forma de ir desarticulando la organización pero, según aseguran, se encuentran con un desinterés casi absoluto.
Ninguna de esas expresiones del poder estatal consiguió por sí misma o en coordinación con las dos restantes resolver la cuestión de las hordas. Y no lo han hecho a lo largo de 10 años.
¿Es especialmente grave lo que ocurre con los cientos de motos que circulan cada domingo con escape libre y temerariamente? En primer lugar, son potencialmente peligrosas para el resto de la población. Pero, sobre todo, más que el hecho en sí, hay en las hordas una carga de significado que se emparenta con esa sensación de vacío de poder que se ha instalado en el país: la impresión de que el Estado se vuelve impotente en ocasiones para responder ante personas o acciones que lo desafían e, incluso, lo ridiculizan. En Río Cuarto, las hordas ridiculizan al Estado y se le burlan. Si no puede, a través de sus manifestaciones institucionales, desactivar a un grupo de adolescentes que hacen lo que quieren, ¿entonces qué es capaz de hacer?
Por eso no es descabellado que, aunque en la Justicia no haya pruebas que relacionen a las hordas con los saqueos, en la gente las dos situaciones se asocien mentalmente. Porque, en el fondo, significan, a grandes rasgos, algo similar.
Tal vez por un reflejo de pragmatismo, la Provincia no anduvo con sutilezas ni esperó la investigación judicial, sino que conectó directamente las hordas con los saqueos. “Son los mismos, sólo que ahora subieron un peldaño más en la escala de la violencia”, dijeron los funcionarios del schiarettismo. Y encontraron en ese argumento la oportunidad para atacar los saqueos y las hordas a través de una nueva reforma del Código de Convivencia, que, configurado para otro contexto y otro paradigma, había dejado, según el diagnóstico del oficialismo, a la Policía casi sin herramientas para actuar ante episodios como los que vivió el país o los que presencia Río Cuarto cada domingo.
En un trámite exprés, el oficialismo y parte de la oposición votaron una reforma que penaliza “la aglomeración de tres o más personas en actitud amenazante”. Hay quienes interpretan en la Justicia que es el retorno, con nueva cara, de la vieja y denostada figura del merodeo.
Esta vez, desde la política prefirieron arriesgarse al exceso que quedarse cortos.