En una zona de Las Delicias donde los patios de varias viviendas se comunican. En ese lugar, Cristian Díaz fue encontrado con una bala en su cabeza y ya sin vida, la noche del 1° de mayo de 2017.
Río Cuarto |
Ayer los jueces y los doce ciudadanos comunes que integran el tribunal de la Cámara Segunda del Crimen se desplazaron desde Tribunales hasta la casa 16, ubicada en el Pasaje Público al 1200.
La finalidad de la inspección judicial que ordenó el juez Emilio Andruet fue conocer de primera mano la escena del crimen, analizar la mecánica del hecho, determinar posibles distancias de disparo y, sobre todas las cosas, sumar nuevas pruebas para determinar si el homicidio de Díaz fue parte de una confabulación para matar a algún integrante de esa familia.
Esa es la gran incógnita que encierra el juicio que se está llevando a cabo esta semana en contra de Fabián Eduardo Rosales Neyra (alias “Totó”), Oscar Saúl Rosales Neyra (“Cacho”), Ricardo Miguel Rosales Neyra (“Picho”), Hugo David Ríos (“Chuchina”) y Sergio David Sosa (“Quenquena” o “Carita”).
Todos ellos se encuentran acusados de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por la participación de más de tres personas.
La nómina de acusados incluía inicialmente a Juan Manuel Alva, un joven de 20 años que, semanas después sería asesinado, aparentemente como venganza por el crimen de Díaz.
El juicio por jurado popular cambió por estos días el aspecto del Palacio de Justicia. Hay uniformados en los pasillos, se cerró provisoriamente el ingreso por calle Alvear y en calle Deán Funes hay policías apostados para evitar que se acerquen a la sala de juzgamiento personas que pudieran estar vinculadas con una u otra de las barras enfrentadas.
Los primeros testigos en declarar en la causa, el lunes pasado, dejaron en claro que había una disputa de vieja data entre integrantes de dos familias del barrio.
A raíz de eso, quienes hoy están imputados habrían empezado a pertrecharse con armas desde meses antes del episodio acaecido el 1° de mayo del año pasado.
Antes de ingresar a la audiencia de ayer, el fiscal de Cámara Jorge Medina mantuvo un diálogo con este diario y recordó que “el fiscal de Instrucción encontró evidencias que señalan que ha habido una confabulación previa, sobre esa base es que se investigó y es lo que se está intentando establecer en la audiencia de debate”.
Si bien Medina aclaró que no puede adelantar si esa organización previa existió o no, dijo que existen en la causa una serie de indicios que pueden llevar a pensar que hubo una “concertación de voluntades para un fin concreto, que era eliminar a un integrante de la familia Díaz”.
De lo que no existen dudas a esta altura del proceso es de que las familias Rosales Neyra y Díaz estaban enemistadas desde hacía largo tiempo en el barrio.
-¿Eso no puede llevar a concluir que el crimen se dio en el marco de un enfrentamiento?
-De hecho, hubo un primer enfrentamiento y luego de eso sucedió la encerrona, la emboscada a Cristian Díaz en un patio de una casa donde viven los Rosales Neyra.
-¿Mantendrá la calificación legal que pidió el fiscal de Instrucción?
-Generalmente, la Fiscalía de Cámara mantiene la calificación asignada por la Fiscalía de Instrucción, salvo que de la audiencia de debate surja algún tipo de evidencia que haga modificar el criterio sustentando por el instructor. Por ahora no vemos nada que haga variar esa calificación-, dijo Medina.
Antes de partir en la lluviosa tarde de ayer hacia Las Delicias, el tribunal reprodujo las comunicaciones de WhatsApp que quedaron registradas en el telefóno celular de uno de los detenidos.
Esos mensajes serán otras de las pruebas decisivas a la hora de determinar si existió una planificación entre varias personas para cometer el homicidio de Díaz.
La finalidad de la inspección judicial que ordenó el juez Emilio Andruet fue conocer de primera mano la escena del crimen, analizar la mecánica del hecho, determinar posibles distancias de disparo y, sobre todas las cosas, sumar nuevas pruebas para determinar si el homicidio de Díaz fue parte de una confabulación para matar a algún integrante de esa familia.
Esa es la gran incógnita que encierra el juicio que se está llevando a cabo esta semana en contra de Fabián Eduardo Rosales Neyra (alias “Totó”), Oscar Saúl Rosales Neyra (“Cacho”), Ricardo Miguel Rosales Neyra (“Picho”), Hugo David Ríos (“Chuchina”) y Sergio David Sosa (“Quenquena” o “Carita”).
Todos ellos se encuentran acusados de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por la participación de más de tres personas.
La nómina de acusados incluía inicialmente a Juan Manuel Alva, un joven de 20 años que, semanas después sería asesinado, aparentemente como venganza por el crimen de Díaz.
El juicio por jurado popular cambió por estos días el aspecto del Palacio de Justicia. Hay uniformados en los pasillos, se cerró provisoriamente el ingreso por calle Alvear y en calle Deán Funes hay policías apostados para evitar que se acerquen a la sala de juzgamiento personas que pudieran estar vinculadas con una u otra de las barras enfrentadas.
Los primeros testigos en declarar en la causa, el lunes pasado, dejaron en claro que había una disputa de vieja data entre integrantes de dos familias del barrio.
A raíz de eso, quienes hoy están imputados habrían empezado a pertrecharse con armas desde meses antes del episodio acaecido el 1° de mayo del año pasado.
Antes de ingresar a la audiencia de ayer, el fiscal de Cámara Jorge Medina mantuvo un diálogo con este diario y recordó que “el fiscal de Instrucción encontró evidencias que señalan que ha habido una confabulación previa, sobre esa base es que se investigó y es lo que se está intentando establecer en la audiencia de debate”.
Si bien Medina aclaró que no puede adelantar si esa organización previa existió o no, dijo que existen en la causa una serie de indicios que pueden llevar a pensar que hubo una “concertación de voluntades para un fin concreto, que era eliminar a un integrante de la familia Díaz”.
De lo que no existen dudas a esta altura del proceso es de que las familias Rosales Neyra y Díaz estaban enemistadas desde hacía largo tiempo en el barrio.
-¿Eso no puede llevar a concluir que el crimen se dio en el marco de un enfrentamiento?
-De hecho, hubo un primer enfrentamiento y luego de eso sucedió la encerrona, la emboscada a Cristian Díaz en un patio de una casa donde viven los Rosales Neyra.
-¿Mantendrá la calificación legal que pidió el fiscal de Instrucción?
-Generalmente, la Fiscalía de Cámara mantiene la calificación asignada por la Fiscalía de Instrucción, salvo que de la audiencia de debate surja algún tipo de evidencia que haga modificar el criterio sustentando por el instructor. Por ahora no vemos nada que haga variar esa calificación-, dijo Medina.
Antes de partir en la lluviosa tarde de ayer hacia Las Delicias, el tribunal reprodujo las comunicaciones de WhatsApp que quedaron registradas en el telefóno celular de uno de los detenidos.
Esos mensajes serán otras de las pruebas decisivas a la hora de determinar si existió una planificación entre varias personas para cometer el homicidio de Díaz.