“El proyecto de cobertura universal implica la privatización de la salud”
Lo dijo la secretaria de Atsa, Cristina Fernández, para quien “se quitarán derechos”. Noroña, de la UTS, advirtió que se vaciarán los hospitales y Paglialunga, del SEP, señaló que es otro ataque a los gremios.
Los gremios de la salud siguen con preocupación cada punto que el gobierno nacional revela sobre el proyecto de Cobertura Universal de Salud (CUS). La iniciativa establecería regulaciones sobre el acceso a la salud, un derecho garantizado en la Constitución Nacional, y por eso los sindicatos entienden que el propio Estado intenta achicar su responsabilidad en tal sentido. “Esto es un intento de privatizar la salud”, opina Cristina Fernández, secretaria general del Atsa. Valentina Noroña, de UTS, alertó de que esta política baja desde el Banco Mundial y Juan Paglialunga, del SEP, interpreta que todo forma parte de una avanzada del Gobierno contra los sindicatos.
“Es un intento de privatizar la salud y otra de las áreas en las que el Estado se viene retirando. Habrá una especie de plan médico obligatorio dentro de la salud pública, porque el acceso a la salud ya está garantizado en la Constitución Nacional”, señaló Cristina Fernández.
Para la dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), la aplicación de este proyecto limita la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios de salud.
“No sabemos por qué se está enmascarando esto para quitar derechos, ni tampoco quién será responsable de lo que pasará cuando un paciente deje de ser atendido. Sobre todo cuando este es un derecho contemplado en la Constitución, un derecho humano”, apuntó.
En el mismo sentido, detalló que se trata del intento de aplicar en el país el modelo colombiano de salud.
Desde la OMS y el banco Mundial
Por su parte, Valentina Noroña, de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), amplió ese concepto y señaló: “En los países donde se aplicó fue un fracaso y ahora no saben cómo salir, porque dejó a los pacientes en una total precarización”.
En este marco, sostuvo que el proyecto del gobierno de Macri forma parte un programa que viene desde la OMS y el Banco Mundial. “Son acuerdos firmados en 2005 y 2012, y el gobierno que entrara los iba a tener que cumplir”, señaló.
Noroña planteó que el aspecto más grave que esconde el proyecto de Cobertura Universal de Salud es que podría vaciar de sentido la existencia de los hospitales tal como se conocen hoy en día.
“Los pacientes pasarían a tener un medico de cabecera que hará las derivaciones, en una modalidad de atención como la del Pami. Los médicos pasarán a ser prestadores y no empleados en relación de dependencia del Estado”, apuntó la dirigente de UTS.
Los profesionales de la salud tendrán un protocolo de atención, con un número limitado de prácticas cubiertas. “Si el paciente necesita algo que no está en ese programa, lo va a tener que pagar”, detalló Noroña.
Yendo más allá en el diagnóstico, alertó: “Con esto, los hospitales dejarían de tener sentido como tales”.
Para la dirigente de la UTS, el CUS no es otra cosa que “una forma de tercerizar la salud pública”.
“No vemos por qué surge este seguro, porque dentro del sistema de salud -aún con sus déficits- los trabajadores dan todo para que los pacientes tengan lo que necesitan”, expresó Noroña.
En el mismo sentido, relató que el segmento de la población al que estaría dirigido el CUS es aquel que hoy está alcanzado por la cobertura del Profe, la obra social nacional para carenciados y personas con discapacidad.
La cuestión es que, según Noroña, después de muchos años con un funcionamiento irregular, hoy el Profe está normalizado, “con médicos que se han incorporado para mejorar la cobertura de salud”.
“Estamos en total desacuerdo con esto, porque sería una cobertura pobre para pobres. Son los mismos planes focales de los 90, y en la práctica significa auspiciar a las multinacionales de medicamentos. Lo único positivo que tiene es que habrá historia clínica digital única, para que se pueda ver en cualquier parte del país”, apuntó la dirigente de la UTS.
“No quieren obras sociales”
Por su parte, el secretario del SEP, Juan Paglialunga, opinó que el proyecto es otro intento para “ir quitándoles el rol a los sindicatos, porque las únicas obras sociales que funcionaron bien son las sindicales”.
Advirtió que, si desaparecen las mutuales sindicales, el impacto mayor lo sentirían los hospitales.
“Les quitaría la administración de las obras sociales a los sindicatos. Es una manera de achicar la presencia y la responsabilidad del Estado. Lo vemos con mucha preocupación, lo mismo que la CGT”, sostuvo.
“También creemos que todos estos proyectos del Gobierno indudablemente se verían facilitados si logran mayoría en el Congreso”, señaló Paglialunga.
“Es un intento de privatizar la salud y otra de las áreas en las que el Estado se viene retirando. Habrá una especie de plan médico obligatorio dentro de la salud pública, porque el acceso a la salud ya está garantizado en la Constitución Nacional”, señaló Cristina Fernández.
Para la dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Atsa), la aplicación de este proyecto limita la responsabilidad del Estado en la prestación de servicios de salud.
“No sabemos por qué se está enmascarando esto para quitar derechos, ni tampoco quién será responsable de lo que pasará cuando un paciente deje de ser atendido. Sobre todo cuando este es un derecho contemplado en la Constitución, un derecho humano”, apuntó.
En el mismo sentido, detalló que se trata del intento de aplicar en el país el modelo colombiano de salud.
Desde la OMS y el banco Mundial
Por su parte, Valentina Noroña, de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), amplió ese concepto y señaló: “En los países donde se aplicó fue un fracaso y ahora no saben cómo salir, porque dejó a los pacientes en una total precarización”.
En este marco, sostuvo que el proyecto del gobierno de Macri forma parte un programa que viene desde la OMS y el Banco Mundial. “Son acuerdos firmados en 2005 y 2012, y el gobierno que entrara los iba a tener que cumplir”, señaló.
Noroña planteó que el aspecto más grave que esconde el proyecto de Cobertura Universal de Salud es que podría vaciar de sentido la existencia de los hospitales tal como se conocen hoy en día.
“Los pacientes pasarían a tener un medico de cabecera que hará las derivaciones, en una modalidad de atención como la del Pami. Los médicos pasarán a ser prestadores y no empleados en relación de dependencia del Estado”, apuntó la dirigente de UTS.
Los profesionales de la salud tendrán un protocolo de atención, con un número limitado de prácticas cubiertas. “Si el paciente necesita algo que no está en ese programa, lo va a tener que pagar”, detalló Noroña.
Yendo más allá en el diagnóstico, alertó: “Con esto, los hospitales dejarían de tener sentido como tales”.
Para la dirigente de la UTS, el CUS no es otra cosa que “una forma de tercerizar la salud pública”.
“No vemos por qué surge este seguro, porque dentro del sistema de salud -aún con sus déficits- los trabajadores dan todo para que los pacientes tengan lo que necesitan”, expresó Noroña.
En el mismo sentido, relató que el segmento de la población al que estaría dirigido el CUS es aquel que hoy está alcanzado por la cobertura del Profe, la obra social nacional para carenciados y personas con discapacidad.
La cuestión es que, según Noroña, después de muchos años con un funcionamiento irregular, hoy el Profe está normalizado, “con médicos que se han incorporado para mejorar la cobertura de salud”.
“Estamos en total desacuerdo con esto, porque sería una cobertura pobre para pobres. Son los mismos planes focales de los 90, y en la práctica significa auspiciar a las multinacionales de medicamentos. Lo único positivo que tiene es que habrá historia clínica digital única, para que se pueda ver en cualquier parte del país”, apuntó la dirigente de la UTS.
“No quieren obras sociales”
Por su parte, el secretario del SEP, Juan Paglialunga, opinó que el proyecto es otro intento para “ir quitándoles el rol a los sindicatos, porque las únicas obras sociales que funcionaron bien son las sindicales”.
Advirtió que, si desaparecen las mutuales sindicales, el impacto mayor lo sentirían los hospitales.
“Les quitaría la administración de las obras sociales a los sindicatos. Es una manera de achicar la presencia y la responsabilidad del Estado. Lo vemos con mucha preocupación, lo mismo que la CGT”, sostuvo.
“También creemos que todos estos proyectos del Gobierno indudablemente se verían facilitados si logran mayoría en el Congreso”, señaló Paglialunga.