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Piden que se allane la Municipalidad y se entregue la lista de vacunados

Fernández Sardina, abogado de la enfermera denunciada, reclamó una serie de medidas probatorias para demostrar que el uso de dosis por fuera de protocolo no era una excepcionalidad sino que hubo otros casos

La defensa de la enfermera que fue separada de su cargo y denunciada por la sustracción de una vacuna contra el Covid-19 pidió ayer medidas de prueba que apuntan a conseguir documentación que certifique que ocurrieron otras vacunaciones por fuera del listado y no sólo la que realizó la trabajadora de la salud.

Ignacio Fernández Sardina, abogado de la mujer, presentó un escrito ayer en la Fiscalía de Pablo Jávega en el que reclamó que se libre orden de allanamiento al Palacio Municipal para obtener allí documentación relacionada con el operativo de vacunación;pidió lo mismo con respecto al Centro de Salud. Y reclamó que se entreguen las listas con las personas vacunadas para corroborar si todas cumplen con los criterios establecidos y, fundamentalmente, si estaban en las listas enviadas por la Provincia.

En la causa se investiga la conducta de la enfermera, que fue descubierta después de que se quedara con una dosis de Sputnik y se la aplicara a su novio. La Municipalidad la denunció. El domingo pasado, la mujer dio su versión de los hechos en una entrevista que Puntal publicó en exclusiva:admitió haber inmunizado a su pareja pero, a la vez, indicó que otras personas, con influencias políticas, habían sido vacunadas por fuera del listado. Además, aseguró que si ella no le hubiera puesto esa dosis a su novio, se hubiera descartado como ya ocurrió con otras vacunas en la ciudad.

La base de la defensa de la enfermera es que hubo otras personas (“secretarios de secretarios y esposos de funcionarias”, dijo en la entrevista)que también recibieron una dosis a pesar de no cumplir con los requisitos ni estar en el listado oficial.

Por eso, Fernández Sardina pidió las pruebas, para demostrar que la acción de su defendida no es aislada sino que hubo otros casos de las mismas características.

Las medidas de prueba que propuso el abogado son:

- Que se libre oficio al Municipio de Río Cuarto a fin de que informe el listado completo de personas vacunadas con motivo del coronavirus, debiendo indicar tipo de vacuna aplicada y justificativo o motivo por el que cada uno de ellos ha accedido a la vacunación.

- Que se libre oficio al Ministerio de Salud de la Provincia para que entregue el listado de las personas vacunadas enel departamento Río Cuarto.

- Que se libre oficio a la dirección de inmunología del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba para que informe si existen normas publicadas en el Boletín Oficial que establezcan parámetros obligatorios o prioritarios para la colocación de vacunas.

- Que se libre oficio al Ministerio de Salud de la Nación para que informe si existen vigentes parámetros de cumplimiento obligatorio en los que se establezcan criterios o prioridades.

- Que se allane el Palacio Municipal. “En razón de no estar claro si el orden de vacunación existente es atribución municipal, provincial o nacional, y en virtud de que existe en la Secretaría de Salud documentación que acredita el orden de vacunación y la vacunación de personas que no se encontrarían dentro de los parámetros establecidos por las autoridades administrativas pertinentes, solicita se libre orden de allanamiento del Palacio Municipal;así también se le solicita se libre orden de allanamiento del Centro de Salud Municipal”, se lee en el planteo.

El abogado agrega en el escrito:“Se hace saber al señor fiscal de Instrucción que esta parte tiene graves sospechas de que autoridades municipales podrían intentar ocultar esta documentación para evadir eventuales responsabilidades”.