En la habitual conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que "el objetivo de las medidas -que formarán parte de un proyecto legislativo- es avanzar hacia un país ordenado, y en este caso que cuide sus fronteras y proteja a los ciudadanos argentinos".
Adorni consignó que "se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes", una medida que, dijo, representará una fuente de financiamiento para las casas de estudio.
En la misma línea, aseguró que se dispondrá el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros e indicó que los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes van a determinar las condiciones de acceso como mejor consideren.
"Desde que se tomó esta medida en Salta, por ejemplo, bajó en un 95% la atención a extranjeros y se generó un ahorro de 60 millones de pesos. Esto implica no solo el ahorro fiscal que pueda significar, sino también una mejor atención para el resto de los ciudadanos que efectivamente son residentes de nuestro país", expresó.
Asimismo, sentenció: "Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que eran o son tan conocidos en la Argentina, por desgracia".
Por otro lado, el funcionario anunció que se incorporarán "más delitos como causas para impedir el ingreso, o que sean justificativos para expulsar a un inmigrante del país si a un delincuente se lo atrapa en flagrancia".
"Si se lo atrapa cometiendo el delito o se lo detiene por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país", dijo y agregó: "Además, se van a quedar del otro lado de la frontera quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al que efectivamente manifiestan cuando pasan o hacen el trámite migratorio".
Adorni prometió también que se incorporará una pena de prisión en caso de que el extranjero viole la prohibición de reingreso al país.
"En los albores de la historia argentina, el país ha recibido gente honrada y dispuesta a hacer grandes esfuerzos o una nación, con la cultura del trabajo y con todo lo que todos ya sabemos", comparó.
Y lamentó que "la doctrina garantista ha hecho desastres y los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse en sus casas del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional", concluyó.
Fuentes de la cartera sanitaria repitieron los términos de Adorni en el sentido de que se buscará “evitar los tours sanitarios” y en esa línea “se habilitará a todas las jurisdicciones a arancelar el servicio para los extranjeros no residentes y a establecer las condiciones de acceso al sistema de salud” con el objetivo de “evitar la proliferación de conductas abusivas que repercutan en la eficiencia de la salud pública”.
El Ministerio que conduce Mario Lugones fundamentó la decisión del Gobierno en que “el acceso gratuito al sistema sanitario argentino por parte de migrantes que no poseen un interés en asentarse y desarrollarse en el país no resulta una práctica que guarde algún beneficio para nuestra sociedad ni encuentra resguardo a la luz de la Constitución Nacional”.
En septiembre pasado, el Ministerio de Salud de la Nación había adelantado que evaluaba un proyecto de ley en busca de establecer un marco nacional para el cobro de servicios de salud a extranjeros no residentes. Esta iniciativa surgió en el contexto de las medidas ya implementadas por las provincias de Salta, Santa Cruz, Mendoza y, más recientemente, Jujuy, que comenzaron a cobrar por la atención médica a ciudadanos de otros países que no residen en Argentina.
La norma, dijeron entonces desde la cartera, buscaría unificar estas políticas provinciales bajo un marco legal nacional, en tanto ahora, según se informó, el proyecto estará incluido en las modificaciones a la ley migratoria. Una vez que se conozca el texto, se podrá establecer si la decisión quedaría enfrentada con los esfuerzos de descentralizar el sistema de salud que ha venido proclamando la administración nacional, en busca de otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones para tomar decisiones sobre la gestión de los recursos y servicios sanitarios en sus respectivos territorios.
Ya durante la administración de Mario Russo se había enfatizado en la necesidad de que la cartera nacional ejerza un rol de rectoría, actuando como un gran coordinador que solo brinde lineamientos a las carteras sanitarias de cada jurisdicción, lo que implica considerar las prioridades con una perspectiva federal, ya que las necesidades de salud varían significativamente entre regiones como el NOA, el NEA y la zona centro del país.
Sin cambios en los hospitales bonaerenses
El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, descartó que en los hospitales públicos de la provincia se vaya a cobrar la atención médica a extranjeros.
“Las medidas que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”, denunció.
El ministro le avisó al Gobierno que “no cuenten” con la provincia de Buenos Aires para arancelar la atención sanitaria.
