¿Cuánta política cabe en un litro de combustible? En Córdoba, por estas horas, mucha. El bioetanol producido a partir de maíz, que se elabora fundamentalmente en la provincia, no es sólo un componente estratégico en la economía y la industria de esta zona del país sino que además se ha convertido en un elemento de la planificación electoral de Juan Schiaretti.
La solicitada que firmaron el gobierno provincial y 45 empresas, universidades, agrupaciones y cámaras empresarias en la que pidieron que se prorrogue la ley de biocombustibles para evitar que ese rama de actividad se quede sin red y sin mercado es más que un reclamo público; es un hecho político. Porque le sirvió al gobernador para regenerar una alianza histórica que el PJ cordobés abonó durante décadas con el campo y el sector empresario y que configuró su perfil desde 1999 en adelante. Sólo hay que repasar la lista de firmantes para comprobarlo.
El agro y las entidades del poder económico cordobés se habían distanciado del schiarettismo. Los empresarios y las agrupaciones, que a fines del año pasado también firmaron una solicitada pero que se asemejó a un principio de ruptura, le habían enrostrado al gobernador su acercamiento del Frente de Todos y la decisión de votar en el Congreso proyectos de alto impacto como, por ejemplo, el impuesto a la riqueza.
Desde entonces, como si hubiera sido un llamado de atención, Schiaretti inició un constante movimiento de reconstrucción a través de la diferenciación. Sin confrontar directamente con Alberto Fernández, volvió a mostrar su proyecto político como una entidad independiente del Frente de Todos, y en algunos casos con posiciones directamente contrapuestas. Ocurrió con el manejo de la pandemia, el inicio de las clases y la posibilidad de aumentar otra vez las retenciones.
Los biocombustibles sirvieron ahora para afianzar ese proceso que coincide, paralelamente, también con una tendencia de Alberto Fernández de ir atemperando su identidad propia y recostándose, al menos discursivamente, cada vez más en el cristinismo.
Schiaretti necesita despejar cualquier duda que pudiera existir sobre dónde está ubicado y qué representa. En la semana, durante su disertación en la Fundación Mediterránea, dijo que su modelo de gestión es el de los productores agropecuarios “que cuidan el peso, son austeros pero cuando les va bien reinvierten todo”.
Allí hay una definición, una señal y un marco de referencia. Tanto la solicitada como el discurso del gobernador van dando pistas de lo que podría ocurrir este año de elecciones legislativas. Pistas que lo alejan cada vez un poco más de un posible acuerdo con el Frente de Todos aunque, como se trata de política, nadie termina de descartar nada.
Hoy, el schiarettismo prefiere enfrentar solo las legislativas, aun con los riesgos que implica, antes que aventurarse en un experimento de simbiosis con una fuerza política que en Córdoba suele perder catastróficamente.
La unidad del peronismo, que a nivel nacional fue funcional en 2019, en la provincia es, al menos para el schiarettismo, disfuncional. No tanto por lo que pueda ocurrir en 2021 sino por el horizonte que se abre hacia 2023.
Ese es el año que el gobierno provincial tiene en mente cuando construye su estrategia y la ejecuta. Si alguna relevancia tiene el 2021 para el proyecto del PJ cordobés es en función del efecto que pueda producir dentro de dos años, cuando volverá a ponerse en juego el poder en la provincia.
Schiaretti cuenta hoy con cuatro diputados en el Congreso. Y es un bloque que ha sido clave porque le ha permitido cerrar acuerdos eventuales y puntuales con el gobierno nacional y conseguir así desembolsos que para la Provincia fueron providenciales.
Y en este 2021 arriesga nada menos que tres de esas cuatro bancas. Es decir, si no acierta en el diseño electoral puede resignar gran parte de su presencia legislativa y, por ende, su peso para la negociación.
Sin embargo, hay un concepto que en el schiarettismo suena a decisión tomada: “Es preferible perder una o dos bancas antes que el capital político”, dicen cerca del gobernador.
Y ese capital político empieza a tambalear cada vez que el electorado histórico de Hacemos por Córdoba olfatea un entendimiento con el kirchnerismo. “Nosotros no podemos ir con el sello del Frente de Todos. Es imposible”, señalan.
En paralelo, en el kirchnerismo cordobés tienen por seguro que habrá dos listas: una, la del Frente de Todos, que llevará a Carlos Caserio para senador y Gabriela Estévez o Martín Fresneda para diputados y otra, la de Hacemos por Córdoba, con Alejandra Vigo y Natalia de la Sota.
Con esa configuración, se intensifican las chances de un triunfo de Juntos por el Cambio. Pero la obsesión de Schiaretti es 2023: cómo darle continuidad al peronismo en el poder provincial y cómo asegurarse para sí mismo un rol protagónico.
Ese año, a pesar de que no podrá repetir en la gobernación, no tiene pensado retirarse, aseguran en el Panal. Primero, porque pretende reservarse el papel de gran elector, y, además, porque a su juicio el peronismo correrá riesgos después de 24 años en el poder si no dispone de un elemento ordenador que, en este caso, sería él mismo.
El PJ cordobés no sólo está pensando en los nombres para 2023 sino también en los mecanismos. En la Legislatura se da por descontada la aprobación del nombramiento de Juan Manuel Delgado como fiscal general a pesar de la polémica que generó. Será un trámite. Pero hay otro proyecto que se viene preparando más silenciosa y cuidadosamente por su potencial de controversia y que, en términos electorales, podría ser decisivo.
En 2017 se votó en la Legislatura un límite para la cantidad de mandatos de los intendentes. Sólo podrían tener, como el gobernador, una reelección. Eso hizo que una buena cantidad de jefes comunales que llevan décadas en el poder pudieran ser reelegidos en 2019 pero ya no en 2023. Esa condición está por alterarse. El peronismo trabaja por estas horas en un proyecto para suspender por única vez esa disposición, de manera que el actual mandato se considerará como el primero y, por lo tanto, los intendentes históricos tendrán la opción de buscar un período más dentro de dos años.
La iniciativa tendría también el guiño del radicalismo, que busca conservar lo propio.
¿Por qué el interés por las intendencias? Porque las elecciones municipales, cuando se convocan en simultáneo con las provinciales, suelen ser traccionadoras. Los intendentes arrastran votos. Pero el personalismo de esos dirigentes ha eclipsado la aparición de nuevas figuras en los pueblos y la Provincia necesita que los históricos sean candidatos una vez más para contribuir al sostenimiento del proyecto político de Hacemos por Córdoba.
El recambio, tantas veces demorado, puede esperar.