La sucesión de episodios relacionados con la ocupación irregular de terrenos públicos y privados, con expresiones de naturaleza diversa en el conurbano bonaerense y en la cordillera patagónica, ha colocado en primer plano una problemática caracterizada por la tensión entre el carácter inequívocamente ilegal de esas acciones y el trasfondo de necesidades sociales que las contextualizan y, para algunos, justifican. Más allá de las tomas de posición respecto de los sucesos de los últimos días, lo más visible han sido las contradicciones en un oficialismo cuyas discrepancias internas exceden lo incidental para sembrar de dudas sus chances de actuar eficazmente frente al desafio.
Desde luego, en el núcleo de la polémica ha estado la conducción del Ministerio de Seguridad, a cargo de la antropóloga Sabina Frederic, que con horas de diferencia declaró que las tomas de tierra “no son una cuestión de seguridad” y presentó una denuncia penal por incitación a cometer delitos y asociación ilícita contra los organizadores de una marcha contra la ocupación de tierras del Parque Nacional Nahuel Huapi que realiza un grupo mapuche. Algo que le valió nuevas acusaciones de no comprender verdaderamente los problemas con los que debe lidiar desde su cargo, tanto por parte del titular del área en la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, como de los líderes políticos de Río Negro, la gobernadora Arabela Carreras -más diplomática en virtud de las responsabilidades de su cargo- y sobre todo el exgobernador Alberto Weretilnek.
Sin duda, los argumentos de Frederic no carecen de sustento. La toma de tierras es un fenómeno complejo en cuyo origen hay necesidades extremas de un sector de la población cuyos derechos, además, han sido desatendidos por décadas. Sin embargo, no dijo que no fuera exclusivamente una cuestión de seguridad, sino que se expresó de una forma en que pareció estar intentando desentenderse del problema y derivarlo a otras jurisdicciones, como si el hecho de que las soluciones de fondo sólo puedan alcanzarse en el largo plazo justificara no hacer absolutamente nada aquí ahora.
Y en cuanto a la denuncia penal, aun si algunos de los convocantes en efecto hubieran rodeado su llamado de una fuerte carga de violencia verbal, no puede dejar de hacerse notar que el empleo de la violencia explícita por parte de los usurpadores ha merecido un tratamiento con mano de seda. Además de una apuesta al diálogo que, si se tiene en cuenta que se realiza con grupos que desconocen la autoridad del Estado argentino, no da la impresión de ser demasiado conducente.
En ese marco, una prudencia que debería ser plausible si consistiera en tratar de evitar, en la medida de lo posible, acciones represivas susceptibles de agravar el problema, da la impresión de traducirse en un permiso para que cada cual haga lo que se le antoje. Algo que, más que resolver de manera precaria e insuficiente las carencias de una parte de los ocupantes, les resulta útil a quienes realizan negocios con la pobreza o impulsan reivindicaciones territoriales delirantes a costa de un patrimonio valioso de todos los argentinos como el que constituye un parque nacional.
Es preciso encontrar respuestas más serias que las que procuran atribuir todos los problemas de vivienda y hábitat a la pandemia o, en el colmo de cinismo, a la gestión precedente. No ayuda a ello todo el tiempo que se pierde en negar diferencias que están a la vista de todo el mundo.
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