Repudian la violencia policial durante el operativo

“El Observatorio de DDHH de la UNRC repudia enérgicamente los hechos de violencia efectuados por parte de las fuerzas de seguridad provincial en el operativo de desalojo efectuado el pasado domingo 27 de septiembre en el barrio San Martín”, señala el documento, que circuló ayer.

“Sin mediar la intervención de ningún organismo que vele por los derechos de la niñez, violando el decreto nacional que prohíbe los desalojos mientras dure la pandemia de Covid-19, los efectivos policiales reprimieron violentamente a una familia con niños, una mujer embarazada y a vecinos, obligándolos a abandonar la vivienda, llevándose detenidos a tres miembros del grupo familiar y demoliendo la casilla donde vivían”, agrega el texto.

“Por la noche, un grupo de familiares y miembros de la CTA-A al acercarse a la unidad regional N°9 de la Policía para informarse sobre el estado de tres personas detenidas, fueron reprimidos violentamente por efectivos policiales. Al finalizar la jornada se registraron 14 personas lesionadas.

Desde el Observatorio señalamos una vez más que las demandas ciudadanas relativas al problema habitacional no pueden ser criminalizadas. Se trata de un reclamo por un derecho humano fundamental que muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, y del país, ven vulnerado sistemáticamente. En esta dirección, afirmamos que el pedido por una vivienda digna no puede ser considerado un asunto de seguridad que requiera una respuesta represiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, en este caso, provincial. Antes bien, constituye una problemática social que significa una profunda deuda de nuestra democracia. Un país democrático y soberano no puede permitirse la vulneración de un derecho humano fundamental como el derecho de acceso a la vivienda digna.

En el mismo sentido, repudiamos también los hechos de violencia sufridos por los miembros de organizaciones sociales que concurrieron a la Unidad Regional N°9 para conocer la situación de los detenidos. Este tipo de accionar represivo por parte de las fuerzas de seguridad da cuenta de otra profunda deuda de nuestra democracia, la de la constitución de fuerzas de seguridad solidarias con los intereses del pueblo.

Es por esto que llamamos al conjunto de las organizaciones sociales, sindicales e institucionales a ser garantes y velar por los derechos que asisten al pueblo. Al mismo tiempo que exigimos al gobierno de la ciudad de Río Cuarto y a los organismos competentes de la provincia de Córdoba, que lleven adelante una solución frente a este atropello de las fuerzas de seguridad, y frente al urgente reclamo de ésta y de todas las familias que ven vulnerado el derecho humano fundamental a una vivienda digna”, concluye el comunicado del Observatorio de derechos Humanos de la UNRC.