También se había eliminado previamente el capítulo sobre barrios populares. Con esas concesiones, el texto que llegó al pleno concentra sus principales cambios en cuatro áreas: el régimen de expropiaciones, los procedimientos de desalojo, la Ley de Manejo del Fuego y la regularización de escrituras.
Expropiaciones con criterio restrictivo
Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a reformar el régimen de expropiaciones. La iniciativa establece que solo podrán realizarse cuando exista una utilidad pública específica y debidamente justificada. La indemnización quedará limitada al valor objetivo de mercado del bien y a los daños directos ocasionados, excluyendo conceptos como ganancias futuras o valores afectivos. Además, fija un tope del 30% para la indemnización por lucro cesante y dispone que los intereses se calcularán según el IPC más la tasa del Banco Nación a 30 días.
"La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo"
Así reza el borrador del proyecto.
Desalojos: distintas reglas según el caso
El texto crea un mecanismo de desalojo exprés para inmuebles usurpados o con ocupantes precarios. En esos casos, el juez podrá ordenar la devolución inmediata del inmueble cuando el derecho del propietario resulte verosímil y exista prueba documental suficiente, e incluso intimar la restitución dentro de las 72 horas desde el pedido del dueño.
Para los inquilinos con deudas, el procedimiento es diferente: el propietario deberá enviar previamente una carta documento y otorgar un plazo mínimo de diez días corridos para que el inquilino regularice la deuda antes de iniciar el proceso judicial.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego y escrituras
En materia ambiental, el proyecto elimina la prohibición de cambiar el uso de predios rurales incendiados durante 30 años. Para los bosques nativos se mantiene la prohibición de modificar el destino de las tierras afectadas por incendios, aunque se elimina el plazo de 60 años previsto en la legislación vigente.
El texto también modifica la denominada Ley Pierri, permitiendo acceder a la escritura de la vivienda única a quienes acrediten una posesión pública durante los últimos diez años.
Debate previo por las sesiones virtuales
Antes de ingresar al fondo del proyecto, el Senado debió resolver los pedidos de participación remota de Anabel Fernández Sagasti, quien cursa la semana 32 de embarazo, y de Flavio Fama, que solicitó la misma modalidad tras una operación de rodilla. Ambos casos fueron autorizados por la vicepresidenta Victoria Villarruel, pero debían ser convalidados por el pleno.
La cuestión abrió además un debate reglamentario: el oficialismo sostiene que habilitar sesiones virtuales requiere una mayoría especial de dos tercios, mientras que otros bloques consideran que alcanza con mayoría simple, dado que ese mecanismo nunca fue incorporado de manera permanente al reglamento del Senado.
