El proyecto había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados a fines de agosto y llegó al Senado con posiciones encontradas entre el oficialismo y la oposición.
Qué cambia el proyecto
La iniciativa apunta a facilitar el uso de los llamados "dólares del colchón" y ampliar la incorporación de contribuyentes al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias. Entre sus modificaciones más relevantes, elimina los límites de ingresos anuales y patrimonio para ingresar al esquema: el régimen anterior fijaba topes de $1.000 millones de ingresos por año y de $10.000 millones de patrimonio.
El texto también establece una reducción del 25% en las multas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas que adhieran al sistema. Otro cambio flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa": esta se configurará cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detecte un aumento del impuesto determinado o una disminución de los quebrantos impositivos de al menos el 15%, con un piso de $5 millones.
En cuanto a los funcionarios públicos, el proyecto los excluye de manera total de los beneficios y presunciones del régimen. La restricción alcanza tanto a quienes estén en funciones como a quienes hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores a la adhesión.
Las posiciones en el recinto
La presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, defendió la aprobación y sostuvo que la reforma representa un avance hacia una Argentina "simple, previsible y con mayor seguridad jurídica". Señaló que uno de los principales obstáculos para quienes ahorraron fue el temor a las consecuencias de declarar sus bienes, y que la iniciativa apunta a modificar esa relación con el Estado. También aclaró que los funcionarios públicos podrán acceder a mecanismos de simplificación, aunque no a los beneficios previstos por el régimen.
Desde el oficialismo libertario, el senador Bruno Olivera Lucero argumentó que el proyecto busca que los argentinos que mantienen dólares fuera del sistema financiero puedan incorporarlos al circuito formal sin temor a sanciones. Además, señaló que desde la implementación de la primera versión de Inocencia Fiscal, cerca de 400.000 personas optaron por la declaración jurada simplificada.
La oposición peronista, en cambio, anticipó su rechazo. El senador Jorge Capitanich cuestionó que el proyecto reduzca mecanismos de fiscalización patrimonial y advirtió que la presunción de inocencia no implica validar el origen de un patrimonio. También criticó que se amplíen beneficios y se reduzcan controles sin mecanismos de seguimiento parlamentario.
El senador Fernando Salino propuso modificaciones para ampliar las restricciones vinculadas con las declaraciones juradas, planteando que no alcanzaran únicamente a funcionarios públicos sino también a personas políticamente expuestas y a sus familiares directos.
