Denuncian la privatización de controles sanitarios del Senasa
Gremios estatales indican que se puso en marcha un esquema en el que las empresas contratan auditores particulares.
El propio presidente Macri ha insistido innumerables veces con la idea de convertir a la Argentina en el supermercado del mundo. Pero los gremios estatales denuncian que se está desmantelando la fiscalización sanitaria sobre los alimentos que se exportan a otros países. En este sentido, desde ATE advierten que el Gobierno lleva adelante un proceso de los controles, acompañado por fuertes recortes y la eliminación de funciones que eran propias del organismo. Además, sostienen que tendrá un impacto en el consumo interno de carnes, granos y hortalizas, que -en su opinión- tendrán menores garantías.
Ayer, ATE llevó a cabo una jornada nacional de lucha en el Senasa para denunciar, según comentó Federico Giuliani, secretario de la CTA, “el riesgo sanitario al que se expone nuestro país, a partir del vaciamiento que se está generando en el organismo”.
Afirman que ese cuadro de situación se genera a partir de la quita del 25 por ciento del presupuesto para el funcionamiento operativo del Senasa este año, “más de 130 despidos sin justificación a fines de diciembre y al intento de funciones que son indelegables por parte del Estado”.
A manos privadas
A su vez, aseguran que en el marco de un proyecto del gobierno nacional para privatizar el Senasa ya se comenzó a trasladar a manos privadas el control sanitario “desde la tarea de campo, pasando por la línea de faena, la fiscalización alimentaria y obviamente la certificación internacional de cereales”.
En este sentido, Giuliani detalló que el Gobierno decidió levantar los controles de cítricos en Tucumán y Entre Ríos y prescindir de las barreras sanitarias del sur para delegarlas en fundaciones privadas.
“Además, se va a correr al Senasa al ciclo 2 y 3 de faena. En este esquema el privado contrata veterinarios de registro que hacen el control y el Senasa viene al último solamente para certificar que el control está bien. Certifica algo que no controló”, señaló Giuliani.
"Hay que imaginarse que una planta de desposte o un frigorífico le pagan el sueldo al veterinario que los tiene que controlar. ¿Qué autoridad tiene para hacer un control serio?”, se cuestionó el dirigente gremial.
A su turno, el jefe de la oficina del Senasa, Héctor González, precisó que “cuando el Senasa no pueda aplicar la ley de policía sanitaria indudablemente se van a producir problemas en el control de las enfermedades de los animales y de su eventual contagio al hombre”.
Por otro lado, destacó la eficacia del sistema de fiscalización vigente desde hace dos décadas.
“En el control oficial de vacunación obligatoria hay un sistema de ingeniería que es un invento argentino y que es copiado por otros países de Latinoamérica, porque da garantías de una gran cobertura vacunal en aftosa (99 por ciento) y brucelosis”, puntualizó.
Remarcó que ese esquema tiene 20 años y que funciona en forma eficiente mediante la asociación entre los actores privados y el Estado nacional, a través del organismo fiscalizador.
“Una torpeza enorme”
“Destruir esto sería una torpeza política enorme, fruto de un desconocimiento increíble. Sería retroceder dos décadas. La Organización Mundial de Sanidad Animal considera que los controles sanitarios son un bien público y entiende que debería haber mayores inversiones en esta política”, sostuvo.
Por su parte, Orlando Dangelo, jefe del área verde del Senasa, manifestó que el ajuste dentro del organismo tendrá un impacto negativo en los controles sobre las exportaciones y sobre los alimentos de consumo interno.
“Estos recortes van a afectar la movilidad que necesitamos para llegar en tiempo y forma a los distintos despachos de exportación que se generan desde la aduana seca de General Deheza, que es la que está dentro de nuestra jurisdicción. Esto nos va a limitar la presencia en los diferentes puntos de inspección”, apuntó.
“En el área de control de plagas, básicamente ante la emergencia por la lagosta, deberían tomarse los recaudos para evitar el recorte. Porque nos afectaría el control en este estado de emergencia. Básicamente, me refiero a los recursos básicos, como combustible, vehículos y movilidad, que día a día se ven afectados desde el punto de vista de la disponibilidad”, dijo Dangelo.
Y agregó en el mismo sentido que el ajuste “va en contra de la eficiencia y la calidad de los controles”.
Menos funciones
En paralelo, Federico Giuliani explicó que el gobierno nacional le fue quitando funciones al Senasa. “Por ejemplo, un usuario emite desde su casa un trámite que debería ser controlado y supervisado por nosotros”, dijo.
A su vez, expresó que ya se está rumoreando que habrá cientos de despidos este año, muy por encima al anterior. “Se habla de unos 600 trabajadores que van a quedar en la calle, que es mucho para un organismo al que no le sobran empleados; sino, por el contrario, le faltan”, afirmó el secretario de la CTA Río Cuarto.
Ayer, ATE llevó a cabo una jornada nacional de lucha en el Senasa para denunciar, según comentó Federico Giuliani, secretario de la CTA, “el riesgo sanitario al que se expone nuestro país, a partir del vaciamiento que se está generando en el organismo”.
Afirman que ese cuadro de situación se genera a partir de la quita del 25 por ciento del presupuesto para el funcionamiento operativo del Senasa este año, “más de 130 despidos sin justificación a fines de diciembre y al intento de funciones que son indelegables por parte del Estado”.
A manos privadas
A su vez, aseguran que en el marco de un proyecto del gobierno nacional para privatizar el Senasa ya se comenzó a trasladar a manos privadas el control sanitario “desde la tarea de campo, pasando por la línea de faena, la fiscalización alimentaria y obviamente la certificación internacional de cereales”.
En este sentido, Giuliani detalló que el Gobierno decidió levantar los controles de cítricos en Tucumán y Entre Ríos y prescindir de las barreras sanitarias del sur para delegarlas en fundaciones privadas.
“Además, se va a correr al Senasa al ciclo 2 y 3 de faena. En este esquema el privado contrata veterinarios de registro que hacen el control y el Senasa viene al último solamente para certificar que el control está bien. Certifica algo que no controló”, señaló Giuliani.
"Hay que imaginarse que una planta de desposte o un frigorífico le pagan el sueldo al veterinario que los tiene que controlar. ¿Qué autoridad tiene para hacer un control serio?”, se cuestionó el dirigente gremial.
A su turno, el jefe de la oficina del Senasa, Héctor González, precisó que “cuando el Senasa no pueda aplicar la ley de policía sanitaria indudablemente se van a producir problemas en el control de las enfermedades de los animales y de su eventual contagio al hombre”.
Por otro lado, destacó la eficacia del sistema de fiscalización vigente desde hace dos décadas.
“En el control oficial de vacunación obligatoria hay un sistema de ingeniería que es un invento argentino y que es copiado por otros países de Latinoamérica, porque da garantías de una gran cobertura vacunal en aftosa (99 por ciento) y brucelosis”, puntualizó.
Remarcó que ese esquema tiene 20 años y que funciona en forma eficiente mediante la asociación entre los actores privados y el Estado nacional, a través del organismo fiscalizador.
“Una torpeza enorme”
“Destruir esto sería una torpeza política enorme, fruto de un desconocimiento increíble. Sería retroceder dos décadas. La Organización Mundial de Sanidad Animal considera que los controles sanitarios son un bien público y entiende que debería haber mayores inversiones en esta política”, sostuvo.
Por su parte, Orlando Dangelo, jefe del área verde del Senasa, manifestó que el ajuste dentro del organismo tendrá un impacto negativo en los controles sobre las exportaciones y sobre los alimentos de consumo interno.
“Estos recortes van a afectar la movilidad que necesitamos para llegar en tiempo y forma a los distintos despachos de exportación que se generan desde la aduana seca de General Deheza, que es la que está dentro de nuestra jurisdicción. Esto nos va a limitar la presencia en los diferentes puntos de inspección”, apuntó.
“En el área de control de plagas, básicamente ante la emergencia por la lagosta, deberían tomarse los recaudos para evitar el recorte. Porque nos afectaría el control en este estado de emergencia. Básicamente, me refiero a los recursos básicos, como combustible, vehículos y movilidad, que día a día se ven afectados desde el punto de vista de la disponibilidad”, dijo Dangelo.
Y agregó en el mismo sentido que el ajuste “va en contra de la eficiencia y la calidad de los controles”.
Menos funciones
En paralelo, Federico Giuliani explicó que el gobierno nacional le fue quitando funciones al Senasa. “Por ejemplo, un usuario emite desde su casa un trámite que debería ser controlado y supervisado por nosotros”, dijo.
A su vez, expresó que ya se está rumoreando que habrá cientos de despidos este año, muy por encima al anterior. “Se habla de unos 600 trabajadores que van a quedar en la calle, que es mucho para un organismo al que no le sobran empleados; sino, por el contrario, le faltan”, afirmó el secretario de la CTA Río Cuarto.