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El Servicio Penitenciario de Córdoba superó por primera vez los 5.000 agentes

Con las nuevas incorporaciones, la fuerza alcanza un crecimiento histórico en su dotación

El Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) superó por primera vez en su historia los 5.000 integrantes, tras la incorporación de 228 nuevos agentes en un acto encabezado por el gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Justicia y Trabajo, Julián López.

La ceremonia se llevó a cabo en la Escuela de Cadetes “Comodoro Salustiano Pérez Estévez”, donde el mandatario provincial destacó el crecimiento sostenido de la fuerza. Desde diciembre de 2025, ya se sumaron 493 agentes al sistema penitenciario.

Este incremento forma parte de la política de fortalecimiento institucional impulsada por la Provincia, que incluye más recursos humanos, incorporación de tecnología y modernización del sistema, anunciada por Llaryora en septiembre pasado.

Refuerzo del sistema penitenciario

Durante el acto, el gobernador felicitó a los nuevos egresados y resaltó el compromiso de quienes integran la fuerza.

“No es un servicio más, es una gran familia que ahora ustedes van a integrar”, expresó. Y agregó: “Eligieron esta vocación sabiendo las dificultades que tiene. Para ustedes no es un trabajo, es una verdadera vocación de servicio”.

Los nuevos agentes completaron su formación en la Escuela de Suboficiales y egresaron con el título de “Asistente Inicial en Tratamiento y Seguridad Penitenciaria”.

Además, fueron designados 67 subayudantes profesionales, quienes recibieron la certificación de “Capacitación Inicial para Profesionales en el Sistema Penitenciario”.

Mejoras salariales y reconocimiento al personal

En paralelo al ingreso de nuevos efectivos, la Provincia implementó una serie de medidas destinadas a mejorar las condiciones del personal penitenciario.

Se otorgó un bono de 700 mil pesos para gastos de uniforme, se duplicó el “Suplemento Particular” —que alcanzó los 562.391,78 pesos para 1.163 agentes— y se dispuso un bono extraordinario de 100 mil pesos para 4.012 efectivos con ingresos inferiores a 2,8 millones de pesos.

En ese marco, Llaryora sostuvo: “Hace ocho meses que enfrentamos una caída de recursos, pero definimos una política clara: cuidar a quienes nos cuidan. Es un cambio de paradigma”.

También destacó la incorporación de tecnología y las acciones para mejorar la seguridad dentro del sistema penitenciario: “Estamos tomando decisiones firmes para resguardar la integridad de quienes trabajan en los establecimientos”.

Por su parte, el ministro Julián López subrayó que el sistema penitenciario atraviesa desafíos complejos en toda la región, vinculados al aumento de la desigualdad y la exclusión social.

En ese contexto, destacó el crecimiento “histórico e inédito” de la planta del SPC y aseguró que el modelo cordobés es observado por otras provincias y países de la región.

A su turno, la jefa del SPC, inspectora general Carolina Funes, puso en valor el factor humano de la institución: “Detrás de cada uno de estos jóvenes hay una historia. No son un número, son el resultado de una política pública que pone a las personas en el centro”.

Formación universitaria para el personal

Durante el acto también se firmó un convenio entre el Ministerio de Justicia y Trabajo y la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) para desarrollar nuevas propuestas académicas destinadas al sistema penitenciario.

El acuerdo prevé la creación de trayectos de formación de pregrado, tecnicaturas, carreras de grado y posgrado, además de una mesa de trabajo conjunta para el diseño e implementación de estos programas.

La rectora de la UPC, Julia Oliva Cuneo, destacó que la iniciativa permitirá ampliar el acceso a la educación superior y fortalecer la profesionalización del personal.

En la misma línea, la secretaria general de Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, remarcó que el convenio garantiza oportunidades de crecimiento dentro de la carrera penitenciaria y fomenta la capacitación continua.

Asimismo, se prevé el desarrollo de programas de formación de formadores y cursos de oficios destinados a personas privadas de la libertad, con certificación oficial.