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La calma que no llega y el utópico 2023

La economía nacional profundizó su fragilidad en la última semana. Cómo impacta la crisis en las estrategias electorales. Crecen las versiones de un posible acuerdo Schiaretti-Manes

Las dos primeras semanas de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía fueron a puro vértigo. No sólo porque el mercado cambiario llevó el dólar hasta la zona de los 300 pesos sino porque en los comercios, desde el más grande hasta el más chico, se desató un “festival de remarcaciones” -parafraseando a Cristina- que además estuvo acompañado por la elocuente escasez de productos esenciales como azúcar o aceite y la desaparición en algunos rubros de precios de referencia.

A pesar de los esfuerzos por inyectar una dosis de sensatez al manejo de las cuentas públicas, Batakis no consiguió, al menos por ahora, transmitir calma. Su gran apuesta pasó por dos anuncios de lógica elemental: la fijación de cupos de gastos para que los ministerios y las áreas del Estado no gasten más de lo que ingresa y la creación de una cuenta única para centralizar el manejo de los recursos y recortar un monto estimado en 600 mil millones de pesos. Es una medida que suele tomarse en administraciones provinciales o municipales y que la ministra está intentando instaurar en la Nación ante el hecho incontrastable de que al país se le han acotado las fuentes de financiamiento.

El anuncio del ajuste de Batakis no tuvo por ahora el efecto buscado porque a ella también la persigue una sombra parecida a la que erosionó dramáticamente a Martín Guzmán: sin apoyos explícitos del kirchnerismo duro, sin definiciones públicas de Cristina Fernández, su apelación a la racionalidad fiscal parece carente de sustento político. La vicepresidenta no la cuestiona, es verdad, como sí hizo incansablemente con Guzmán, pero tampoco la apoya. De ahí que existan dudas sobre la posibilidad de que se pueda plasmar en la realidad un criterio tan rudimentario como equilibrar la caja cuando ya no hay de dónde financiarse.

Por si fuera poco, al Gobierno y a la flamante gestión de Batakis se le ha activado la calle por derecha y por izquierda, de la mano de adversarios históricos pero también de supuestos aliados. Las organizaciones sociales, algunas de las cuales tienen líderes que a la vez son funcionarios de la gestión de Alberto Fernández, y el campo salieron a la vez a hacer sus planteos. Unos con el reclamo de más planes y la instauración del salario básico universal, que en este contexto de fragilidad extrema suena como una extravagancia, y otros con sus quejas recurrentes sobre la presión fiscal y el modelo económico.

La tregua mínima que parecen haber pautado Alberto, Cristina y Sergio Massa apenas si alcanzó para que el oficialismo no siguiera internándose en una implosión de consecuencias imprevisibles.

En ese contexto, en el país del sálvese quien pueda y que sólo puede darse el lujo de vivir el día a día en lo económico y lo institucional, hablar de potencialidades electorales para 2023 puede sonar a ciencia ficción. Pero la política no puede renunciar a pensarse, a sondear escenarios posibles. Córdoba es un ejemplo: cada actor está desplegando su estrategia para posicionarse de cara al año próximo.

Hay un elemento al menos llamativo en la provincia: los actos preparatorios del oficialismo y la oposición siguen poniendo en un segundo plano la dinámica de la crisis nacional. Como si el partido se jugara sólo en Córdoba. Esa mirada parece estar dejando afuera un elemento que podría ser decisivo si la crisis se espiraliza, el escenario político nacional se reconfigura y los tiempos se aceleran.

El hecho sobre el que sí se posan todas las miradas y los análisis es el movimiento que viene realizando Juan Schiaretti en su relacionamiento con la oposición nacional. La versión de un acuerdo con el radical Facundo Manes para ofrecer una alternativa electoral en 2023 es cada vez más fuerte tanto en Hacemos por Córdoba como en Juntos por el Cambio.

En la oposición están preparando el desembarco de Manes en la provincia y esperan que la recorrida sea una oportunidad para afianzar el acercamiento al gobernador.

Al radicalismo, esa alternativa que va cobrando cuerpo, lo pone en estado de conflicto, que se suma a las rencillas que se han producido en los últimos días con respecto a la re-reelección de los intendentes. Ni Luis Juez ni Rodrigo de Loredo alientan un acuerdo superestructural entre el radicalismo nacional y el schiarettismo para competir por la Presidencia, pero otros sectores fogonean y militan por esa alternativa. Creen que la pelea nacional y la provincial son instancias distintas y que acordar con Schiaretti en la Nación no necesariamente implica capitular en la Provincia.

En Hacemos por Córdoba, el schiarettismo intenta que los tiempos de la pelea por la gobernación no se aceleren. Por dos razones: para seguir manteniendo el control del oficialismo y para evitar un desgaste prematuro de los posibles candidatos. El tenso clima social es otro componente que en la gobernación miran con atención: las encuestas marcan un repudio cada vez más creciente a la política y en El Panal creen que es momento de mostrarse en gestión.

No adelantar los tiempos, repite como un mantra el schiarettismo para aplacar ansiedades. Señalan que los intendentes deben crecer porque esta vez el poder territorial será fundamental pero remarcan que deberán instalarse sobre la base de las gestiones de gobierno.

En ese terreno se ubica Martín Llaryora. Y en la misma senda ha seguido Juan Manuel Llamosas. Cerca del intendente riocuartense aseguran que la estrategia de instalación personal continúa en marcha aunque sin que públicamente aparezca como un desafío al criterio y el liderazgo del gobernador.

Llamosas tiene previsto mantener sus movimientos políticos para afianzarse en el sur. El intendente apunta a que su territorio no sea sólo Río Cuarto sino la región. Del éxito de su estrategia dependerán su peso y su valor cuando Hacemos por Córdoba empiece a definir nombres.

En el Palacio sí asumen que, si la política es inestable, ahora lo es todavía más. Creen que una aceleración de la crisis nacional puede tener impacto directo en el desgaste de los gobiernos municipales porque son los primeros que reciben los reclamos. Se miran en el espejo de la pandemia del Covid y cruzan los dedos.