Con críticas opositoras, aunque sin votos negativos, el Senado convirtió anoche en ley el proyecto de Góndolas que había sido impulsado por el Poder Ejecutivo con el objetivo de frenar conductas oligopólicas en supermercados.
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La iniciativa fue aprobada con 56 votos a favor, ninguno en contra y cuatro abstenciones, correspondientes a Eduardo Costa, Martín Lousteau y Esteban Bullrich (todos de Juntos por el Cambio) y Lucila Crexell (del Movimiento Popular Neuquino).
Un proyecto similar había sido promovido por distintos sectores durante la gestión de Cambiemos, pero el Frente de Todos lo recogió este año a pedido del gobierno de Alberto Fernández y avanzó con su aprobación en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado.
Además de fijar un tope del 30 por ciento del espacio por marca en las góndolas, la nueva norma establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por estantería.
También dispone que en góndolas y locaciones virtuales deberá reservarse un 25 por ciento del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales, y un 5 por ciento para productos provenientes de la agricultura familiar.
Escepticismo
Juntos por el Cambio acompañó mayoritariamente la aprobación del proyecto, pero varios senadores advirtieron que pese a las buenas intenciones, la ley no tendría efectos prácticos y efectivos para reducir la inflación y fomentar la competencia.
La semana pasada, el Frente de Todos había firmado en soledad el dictamen favorable de la Comisión de Legislación General para el proyecto, ya que Juntos por el Cambio había optado por darse un poco más de tiempo para analizar posibles modificaciones en el texto, que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre pasado.
En calidad de miembro informante del bloque del oficialismo, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón (Frente de Todos), destacó que la norma busca evitar “el ejercicio abusivo de las posiciones dominantes del mercado”, tras señalar que “es muy preocupante la gran concentración que existe en muy pocas manos”.
La legisladora correntina consideró necesario regular el sistema estableciendo “reglas claras y justas”, para que “más productores puedan crecer y producir, y permitir acceder a productos más justos y más baratos”.
Mala copia
A su turno, el cordobés Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) adelantó su voto positivo, pero se despachó con furibundas críticas y pronosticó que la ley “no servirá absolutamente para nada”.
El legislador opositor afirmó que “se intentó copiar un proyecto de ley del Ecuador, pero se copió mal”, por lo que definió la iniciativa, tal como salió aprobada, como “un placebo irrelevante”.
“La norma en revisión no daña, tampoco completa lo que dejó vacante la ley de fondo de la competencia. No fomenta ninguna competencia ni evita distorsiones de precios”, remató.
Muy crítico, el bonaerense Esteban Bullrich (PRO) sostuvo que la ley “no sólo es insuficiente, sino que es inocua para los objetivos” que se fijó.
Para el rionegrino Alberto Weretilneck: “Es una norma que abunda en lo que ya tenemos y que va a generar innumerable cantidad de conflictos en su aplicación, al menos para una parte de la ley”.
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Un proyecto similar había sido promovido por distintos sectores durante la gestión de Cambiemos, pero el Frente de Todos lo recogió este año a pedido del gobierno de Alberto Fernández y avanzó con su aprobación en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado.
Además de fijar un tope del 30 por ciento del espacio por marca en las góndolas, la nueva norma establece que los supermercados deben ofrecer un mínimo de cinco proveedores de un mismo producto por estantería.
También dispone que en góndolas y locaciones virtuales deberá reservarse un 25 por ciento del espacio disponible para productos elaborados por micros y pequeñas empresas nacionales, y un 5 por ciento para productos provenientes de la agricultura familiar.
Escepticismo
Juntos por el Cambio acompañó mayoritariamente la aprobación del proyecto, pero varios senadores advirtieron que pese a las buenas intenciones, la ley no tendría efectos prácticos y efectivos para reducir la inflación y fomentar la competencia.
La semana pasada, el Frente de Todos había firmado en soledad el dictamen favorable de la Comisión de Legislación General para el proyecto, ya que Juntos por el Cambio había optado por darse un poco más de tiempo para analizar posibles modificaciones en el texto, que había sido aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre pasado.
En calidad de miembro informante del bloque del oficialismo, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón (Frente de Todos), destacó que la norma busca evitar “el ejercicio abusivo de las posiciones dominantes del mercado”, tras señalar que “es muy preocupante la gran concentración que existe en muy pocas manos”.
La legisladora correntina consideró necesario regular el sistema estableciendo “reglas claras y justas”, para que “más productores puedan crecer y producir, y permitir acceder a productos más justos y más baratos”.
Mala copia
A su turno, el cordobés Ernesto Martínez (Juntos por el Cambio) adelantó su voto positivo, pero se despachó con furibundas críticas y pronosticó que la ley “no servirá absolutamente para nada”.
El legislador opositor afirmó que “se intentó copiar un proyecto de ley del Ecuador, pero se copió mal”, por lo que definió la iniciativa, tal como salió aprobada, como “un placebo irrelevante”.
“La norma en revisión no daña, tampoco completa lo que dejó vacante la ley de fondo de la competencia. No fomenta ninguna competencia ni evita distorsiones de precios”, remató.
Muy crítico, el bonaerense Esteban Bullrich (PRO) sostuvo que la ley “no sólo es insuficiente, sino que es inocua para los objetivos” que se fijó.
Para el rionegrino Alberto Weretilneck: “Es una norma que abunda en lo que ya tenemos y que va a generar innumerable cantidad de conflictos en su aplicación, al menos para una parte de la ley”.
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