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"Los subsidios se llevaron puestos los superávits gemelos de Kirchner"

En el Presupuesto para este año, el ministro Guzmán estableció ajustes en las tarifas del 40%, pero la interna desatada en el Gobierno alejan esa posibilidad, lo que les mete más presión a las cuentas fiscales en un contexto de fuertes desequilibrios

En medio de la disputa política desatada al interior del gobierno nacional por la política tarifaria, el economista y especialista en Energía e integrante del Instituto Argentino de Energía General Enrique Mosconi, Alejandro Einstoss, detalló los números que ponen en jaque al Ministerio de Economía y por los cuales Martín Guzmán intenta ajustar tarifas para aliviar la pesada carga de los subsidios energéticos, que es la segunda cuenta de gastos de la administración nacional detrás de las partidas sociales. En la medida en que el congelamiento tarifario se extienda, la bola de subsidios se va incrementando, lo que agrava el panorama fiscal y pone en jaque el acuerdo con los organismos internacionales de crédito. Allí radica la preocupación de quien está al frente del tablero de control de la economía nacional.

“El tema tarifas es un problema que arrastra la Argentina por lo menos en las últimas dos décadas y que atravesaron desde las administraciones de Cristina Kirchner y Mauricio Macri y ahora la de Alberto Fernández que no termina de encontrarle una solución”, comenzó explicando Einstoss.

“Pasamos de un congelamiento de casi 15 años, desde 2003, a ajustar tarifas de una manera poco razonable entre 2016 y 2019 que provocó un malhumor social fuerte. Y de ahí fuimos a un congelamiento nuevamente que provoca nuevos desequilibrios no solamente en el sector energético sino en la macroeconomía. Y ahí está la explicación de por qué el ministro de Economía, que ahora tiene a su cargo el área energética, está tan preocupado por la evolución de los subsidios”, agregó el economista del IAE General Mosconi.

-Entonces no aumentar las tarifas no es gratis...

-No, claro. La energía tiene un costo que lo puede pagar el consumidor a través de la factura que es lo que pasaba hasta el 2001, o lo pagamos a través de subsidios, es decir, con impuestos, endeudamiento o emisión monetaria, lo que termina generando inflación. Hay que tener en claro que ya sea de manera directa o indirecta lo terminamos pagando.

-¿Qué pasa si se toma el camino de los subsidios?

-En ese caso hay que tener en claro que fueron los que demolieron los famosos superávits gemelos que habían sido motores de la salida de la crisis traumática de 2001 y 2002. Esos superávits se perdieron por una política suicida en términos de energía, que se llevó puesto el superávit fiscal por el déficit que generaba en las cuentas públicas, al pagar la diferencia entre el costo de generar energía y lo que pagaba la demanda o el consumidor. Y por otro lado, barrió el superávit de balanza comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, por la necesidad de importar gas ante la falta de estímulos de la producción local por precios disminuidos. Argentina se vio forzada a importar gas desde Bolivia y luego llegaron los cargamentos de gas en barco. Recientemente se volvió a instalar un barco en Bahía para importar nuevamente desde finales de este mes.

“Lo que se discute no es el 9% que se aplicó en el AMBA, sino la necesidad de definir futuros aumentos que reduzcan los subsidios sobre el precio de la energía”.

-El impacto social es la otra cara de ajustar tarifas, ¿es posible aplicar subas selectivas, por sectores sociales?

-El gobierno de Alberto Fernández habla desde el comienzo de su gestión de la fragmentación tarifaria y es uno de los temas controversiales en la disputa entre el subsecretario de Energía Eléctrica y el ministro Guzmán. Pero segmentar implicaría que aquel que puede pagar más pague más y el que tiene dificultades pague menos y sea subsidiado por el de mayor poder adquisitivo. Pero ese mecanismo está prohibido por ley. Lo que sí existe es la tarifa social. Y con el 42% de la población debajo de la línea de la pobreza hoy lo más conveniente sería profundizar ese mecanismo existente. Por eso segmentar puede ser razonable, pero hay que tener en claro que hay que modificar la ley para avanzar en ese sentido.

-Junto con la cuestión social están la geográfica y las diferencias entre distritos, ¿sigue vigente la brecha del costo energético del interior y AMBA?

La Argentina vive en términos de energía eléctrica lo que se llama el federalismo regulatorio. La factura tiene dos componentes: la energía eléctrica que consumimos y el costo de distribución a cargo de la empresa que opera la red de cables por los cuales nos llega la energía. Pero para las empresas de cada jurisdicción corresponde a las provincias regular sus tarifas; mientras que a Edenor y a Edesur que prestan servicio en el AMBA son reguladas por el Estado nacional y ahí está la gran diferencia. Las provincias no pueden subsidiar porque sus presupuestos no lo permiten. En cambio el gobierno nacional aplica sí un congelamiento estricto, pone bajo presión las finanzas de las empresas de jurisdicción en el área metropolitana de Buenos Aires, y provoca una enorme disparidad entre las tarifas del interior y las de Buenos Aires. Eso se explica por el Valor Agregado de Distribución que cobra la empresa que nos lleva el servicio a casa, no por el costo de la energía que es el mismo para todo el país.

-El fin de semana hubo finalmente un ajuste en el AMBA...

-El aumento que se dio el viernes y se publicó el sábado, lo que actualiza es el Valor Agregado de Distribución, no actualiza el precio de la energía para todo el país, que es donde están los subsidios que tanto le preocupan al ministro.

-Entonces ese 9% no es la discusión de fondo en el Gobierno...

-Exacto. Lo que se está discutiendo no es el 9% que se aplicó en el AMBA, sino la necesidad de definir futuros aumentos que reduzcan los subsidios sobre el precio de la energía.

-Por otro lado, cuanto más se extiende el congelamiento a nivel nacional, más se abre la brecha de tarifas con el interior...

-Claro, cuanto más se extienda el esquema de congelamiento a nivel nacional más se abre la brecha porque las provincias actualizan el valor de distribución. Y si eso sigue así vamos a llegar al escenario de 2015, cuando se pagaba hasta 9 veces más en el interior que en Buenos Aires. Una injusticia tarifaria difícil de explicar y tolerar porque pone en pie de desigualdad no sólo al usuario residencial, sino también al sistema productivo. Existe una penalidad por el lugar de radicación de una planta industrial, injustificable.

“La energía tiene un costo que lo puede pagar el consumidor a través de la factura, que es lo que pasaba hasta el 2001, o lo pagamos a través de subsidios del Estado”.

-¿Qué pasa con la calidad del servicio en este contexto?

-Con 50% de inflación y tarifas congeladas a las empresas, difícilmente puedan mantener la red actual y operar de manera razonable. El ingreso de las empresas se licúa y lo primero que recortan es inversiones que impactan en la calidad del servicio. La tarifa debe ser justa y razonable, como dice la ley; lo que implica por un lado que la gente la pueda pagar y por otro lado, que las empresas prestadoras sean sostenibles.

-¿Cuál es el impacto en números de los subsidios para este año frente a lo que decía el Presupuesto?

-La diferencia entre lo que establecía el Presupuesto y lo que podría darse en la realidad es en torno al 40%. Si el presupuesto pensaba mantener los subsidios energéticos en los mismos niveles que en 2020 en términos de producto, nosotros lo vemos por lo menos un punto por arriba. El presupuesto tenía previsto aumentos tarifarios en torno al 40% y eso no va a pasar. Por eso la estabilidad macroeconómica se ve afectada por la evolución de las partidas de subsidios a la energía que es la segunda partida de gastos después del gasto social.

Gonzalo Dal Bianco. Redacción Puntal