La oposición avanzó con un dictamen para frenar el tarifazo
Pero Cambiemos cuestionó las firmas de los diputados y presentó un proyecto que rechaza la iniciativa de retrotraer los costos de los servicios, actualizarlos con la variación de los salarios y reducirles el IVA.
La oposición en la Cámara de Diputados logró ayer firmar dictamen para su proyecto de ley que apunta a atenuar la suba de tarifas de servicios públicos, pero el oficialismo discute la cantidad de firmas obtenidas para bloquear el debate, aunque el tema quedó en condiciones de ser discutido en el recinto la semana próxima.
La polémica se centra en cuál es el dictamen de mayoría, si el de la oposición o el de Cambiemos, que plantea el rechazo al proyecto, dado que en la sesión de la semana próxima deberá someterse a votación en primer lugar el que tenga más firmas.
El proyecto impulsado por el Bloque Justicialista y el Frente Renovador, y acompañado por el kirchnerismo, se discutió en las comisiones de Obras Públicas y de Defensa al Consumidor la semana pasada y en la de Presupuesto y Hacienda ayer, con un resultado de 51 firmas a favor, mientras que hubo 47 para el de Cambiemos.
Sin embargo, Cambiemos apuntará a que cuando un diputado integra más de una comisión su firma cuenta por una sola, lo que daría un resultado de 43 a 41 a favor del dictamen de rechazo y esto haría que, cuando el tema llegue al recinto, se trate primero ese.
La iniciativa del peronismo establece que las tarifas se retrotraigan a valores de noviembre del año pasado y que los aumentos no suban por encima del índice de variación salarial para los usuarios residenciales, al tiempo que reduce el 50% del IVA que se cobra sobre los montos facturados.
El oficialista Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, planteó durante el debate la necesidad de esperar un informe de la Oficina de Presupuesto del Congre-so para estudiar el impacto fiscal del proyecto, pero no prosperó.
El impacto del IVA
Frente al argumento del peronismo de que la inflación es más alta que la prevista en el Presupuesto 2018 y que, por lo tanto, la recaudación por IVA también sería superior, Laspina remarcó que "una inflación más alta también implica gastos más altos" para el Estado.
El diputado de Cambiemos Luis Pastori calificó al proyecto de la oposición como "irracional" y sostuvo que, con una reducción del IVA, "las provincias estarían perdiendo 25.168 millones de pesos" en concepto de coparticipación, mientras que el impacto total sería superior a los 100 mil millones.
Eduardo Amadeo atribuyó el aumento de tarifas al "desastre" que, según dijo, les heredó la administración kirchnerista y defendió el esquema tarifario del Gobierno al afirmar que "solo el 7% del ingreso de los argentinos se dedica a los gastos de los servicios" y que "el 60% de los usuarios pagarán menos de mil pesos".
A su turno, el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna señaló que "la parte sustancial del proyecto es que las tarifas no aumenten más que los salarios" y mostró predisposición a discutir la reducción del IVA, tras lo cual agregó: "Si están de acuerdo en eso, nos sentamos y corregimos lo que haya que corregir".
No obstante, cuestionó los números del oficialismo sobre el costo fiscal y señaló que, por reducción del IVA, sería de 6.000 millones de pesos, al tiempo que remarcó que debido a la inflación el Estado tendrá un "ingreso adicional de 300 mil millones de pesos y gasto adicional por 200 mil millones", es decir que "sobran los recursos para poder solventar algún gasto".
Diego Bossio, del Bloque Justicialista, afirmó que "los aumentos tarifarios, si no se pueden pagar, no son aumentos posibles", tras remarcar que hay "familias que no llegan a fin de mes, pymes con dificultades serias, clínicas, sanatorios".
La Came insiste en la eliminación de impuestos
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) salió a respaldar ayer la política tarifaria del Gobierno, al advertir que los subsidios "no ayudarán" a resolver la crisis energética, y pidió la eliminación de los impuestos en las tarifas de servicios públicos.
La entidad señaló que "volver al viejo esquema tarifario subsidiado no ayudará a resolver la crisis energética".
Además, ratificó el pedido a gobernadores e intendentes para que "eliminen impuestos locales, contribuciones municipales, tasas, servicios y fondos especiales o solidarios que abultan las boletas hasta en un 30%". "Se necesita recuperar competitividad y rentabilidad bajando la presión fiscal", señaló al fundamentar su pedido.
"Desde la Came apoyamos el gradualismo en las subas pero sería importante que consideren un rebalanceo en las facturas de las grandes empresas, ya que las pymes electrointensivas pagan en promedio un porcentaje mayor", señaló.
Agregó que los productores del sector primario "demandan un tratamiento tarifario diferente, además de solicitar financiamiento para poder sustituir la energía eléctrica por energías renovables, como la eólica o la solar".
"Quienes obligadamente tienen que regar sus sembradíos plantean que las facturas de luz los hacen perder su escasa rentabilidad y la misma situación se replica en otros sectores productivos", añade el comunicado.
Por último, la Came propuso "crear una mesa de riesgo que identifique casos de pymes con condiciones críticas para darles una pronta respuesta".
Reclamo de intendentes peronistas bonaerenses
Intendentes bonaerenses de todas las vertientes del peronismo reclamaron ayer en la Cámara de Diputados una rebaja de tarifas y respaldaron un proyecto opositor para sólo abonar el alumbrado a costo de generación y no de la distribución que realizan las tres empresas del servicio de luz.
Las exposiciones de los intendentes se realizaron ante la comisión de Asuntos Municipales, que conduce el peronista Eduardo Bucca, que debate un proyecto para que el precio del alumbrado de los municipios "se pague al costo de la generación y no de la distribución”.
Sin la presencia de los legisladores de Cambiemos que rechazan de plano esta iniciativa, los jefes comunales del kirchnerismo, del peronismo y del massismo cuestionaron al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Por su parte, el diputado Pablo Kosiner, presidente del interbloque Argentina Federal, lamentó la ausencia de diputados del oficialismo para escuchar la realidad de los municipios y manifestó que “desde el comienzo estuvimos dispuestos a dialogar con todos los sectores para encontrarle una solución a este problema".
Una de las expositoras más duras fue la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien dijo que "no se pueden pagar estas tarifas", que se "tienen que retrotraer a noviembre", y señaló que "como consecuencia de esos aumentos desde diciembre cierra una empresa cada quince días".
Magario cuestionó a Vidal "por la rebaja de un impuesto que implicaba un 0,64 por ciento que hace años no se cobraba y se restituyó en enero de 2018, con lo cual no tiene impacto en las tarifas ya que en una boleta de 2.000 pesos implica una rebaja de 70 pesos".
La jefe comunal y presidente de la Federación Argentina de Municipios rechazó el pacto fiscal porque señaló que "implica un ajuste económico".
La polémica se centra en cuál es el dictamen de mayoría, si el de la oposición o el de Cambiemos, que plantea el rechazo al proyecto, dado que en la sesión de la semana próxima deberá someterse a votación en primer lugar el que tenga más firmas.
El proyecto impulsado por el Bloque Justicialista y el Frente Renovador, y acompañado por el kirchnerismo, se discutió en las comisiones de Obras Públicas y de Defensa al Consumidor la semana pasada y en la de Presupuesto y Hacienda ayer, con un resultado de 51 firmas a favor, mientras que hubo 47 para el de Cambiemos.
Sin embargo, Cambiemos apuntará a que cuando un diputado integra más de una comisión su firma cuenta por una sola, lo que daría un resultado de 43 a 41 a favor del dictamen de rechazo y esto haría que, cuando el tema llegue al recinto, se trate primero ese.
La iniciativa del peronismo establece que las tarifas se retrotraigan a valores de noviembre del año pasado y que los aumentos no suban por encima del índice de variación salarial para los usuarios residenciales, al tiempo que reduce el 50% del IVA que se cobra sobre los montos facturados.
El oficialista Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, planteó durante el debate la necesidad de esperar un informe de la Oficina de Presupuesto del Congre-so para estudiar el impacto fiscal del proyecto, pero no prosperó.
El impacto del IVA
Frente al argumento del peronismo de que la inflación es más alta que la prevista en el Presupuesto 2018 y que, por lo tanto, la recaudación por IVA también sería superior, Laspina remarcó que "una inflación más alta también implica gastos más altos" para el Estado.
El diputado de Cambiemos Luis Pastori calificó al proyecto de la oposición como "irracional" y sostuvo que, con una reducción del IVA, "las provincias estarían perdiendo 25.168 millones de pesos" en concepto de coparticipación, mientras que el impacto total sería superior a los 100 mil millones.
Eduardo Amadeo atribuyó el aumento de tarifas al "desastre" que, según dijo, les heredó la administración kirchnerista y defendió el esquema tarifario del Gobierno al afirmar que "solo el 7% del ingreso de los argentinos se dedica a los gastos de los servicios" y que "el 60% de los usuarios pagarán menos de mil pesos".
A su turno, el diputado del Frente Renovador Marco Lavagna señaló que "la parte sustancial del proyecto es que las tarifas no aumenten más que los salarios" y mostró predisposición a discutir la reducción del IVA, tras lo cual agregó: "Si están de acuerdo en eso, nos sentamos y corregimos lo que haya que corregir".
No obstante, cuestionó los números del oficialismo sobre el costo fiscal y señaló que, por reducción del IVA, sería de 6.000 millones de pesos, al tiempo que remarcó que debido a la inflación el Estado tendrá un "ingreso adicional de 300 mil millones de pesos y gasto adicional por 200 mil millones", es decir que "sobran los recursos para poder solventar algún gasto".
Diego Bossio, del Bloque Justicialista, afirmó que "los aumentos tarifarios, si no se pueden pagar, no son aumentos posibles", tras remarcar que hay "familias que no llegan a fin de mes, pymes con dificultades serias, clínicas, sanatorios".
La Came insiste en la eliminación de impuestos
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) salió a respaldar ayer la política tarifaria del Gobierno, al advertir que los subsidios "no ayudarán" a resolver la crisis energética, y pidió la eliminación de los impuestos en las tarifas de servicios públicos.
La entidad señaló que "volver al viejo esquema tarifario subsidiado no ayudará a resolver la crisis energética".
Además, ratificó el pedido a gobernadores e intendentes para que "eliminen impuestos locales, contribuciones municipales, tasas, servicios y fondos especiales o solidarios que abultan las boletas hasta en un 30%". "Se necesita recuperar competitividad y rentabilidad bajando la presión fiscal", señaló al fundamentar su pedido.
"Desde la Came apoyamos el gradualismo en las subas pero sería importante que consideren un rebalanceo en las facturas de las grandes empresas, ya que las pymes electrointensivas pagan en promedio un porcentaje mayor", señaló.
Agregó que los productores del sector primario "demandan un tratamiento tarifario diferente, además de solicitar financiamiento para poder sustituir la energía eléctrica por energías renovables, como la eólica o la solar".
"Quienes obligadamente tienen que regar sus sembradíos plantean que las facturas de luz los hacen perder su escasa rentabilidad y la misma situación se replica en otros sectores productivos", añade el comunicado.
Por último, la Came propuso "crear una mesa de riesgo que identifique casos de pymes con condiciones críticas para darles una pronta respuesta".
Reclamo de intendentes peronistas bonaerenses
Intendentes bonaerenses de todas las vertientes del peronismo reclamaron ayer en la Cámara de Diputados una rebaja de tarifas y respaldaron un proyecto opositor para sólo abonar el alumbrado a costo de generación y no de la distribución que realizan las tres empresas del servicio de luz.
Las exposiciones de los intendentes se realizaron ante la comisión de Asuntos Municipales, que conduce el peronista Eduardo Bucca, que debate un proyecto para que el precio del alumbrado de los municipios "se pague al costo de la generación y no de la distribución”.
Sin la presencia de los legisladores de Cambiemos que rechazan de plano esta iniciativa, los jefes comunales del kirchnerismo, del peronismo y del massismo cuestionaron al presidente Mauricio Macri y a la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Por su parte, el diputado Pablo Kosiner, presidente del interbloque Argentina Federal, lamentó la ausencia de diputados del oficialismo para escuchar la realidad de los municipios y manifestó que “desde el comienzo estuvimos dispuestos a dialogar con todos los sectores para encontrarle una solución a este problema".
Una de las expositoras más duras fue la intendenta de La Matanza, Verónica Magario, quien dijo que "no se pueden pagar estas tarifas", que se "tienen que retrotraer a noviembre", y señaló que "como consecuencia de esos aumentos desde diciembre cierra una empresa cada quince días".
Magario cuestionó a Vidal "por la rebaja de un impuesto que implicaba un 0,64 por ciento que hace años no se cobraba y se restituyó en enero de 2018, con lo cual no tiene impacto en las tarifas ya que en una boleta de 2.000 pesos implica una rebaja de 70 pesos".
La jefe comunal y presidente de la Federación Argentina de Municipios rechazó el pacto fiscal porque señaló que "implica un ajuste económico".