El cordobesismo llevará el tema de la ruta 35 al Congreso: cuestión de privilegio contra Milei

El cordobesismo llevará el tema del crítico estado de la ruta 35 al Congreso, más una cuestión de privilegio contra Javier Milei. El diputado Carlos Gutiérrez dijo ayer a Puntal que se pide “disponer, con carácter prioritario, las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial” en dicha ruta. Además se suma una cuestión de privilegios contra el Presidente. El proyecto dice: “Instar al Poder Ejecutivo Nacional a disponer, con carácter prioritario, las medidas necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial en la ruta nacional N° 35 mediante la ejecución urgente de las tareas de mantenimiento, reparación y señalización que resulten necesarias para preservar la vida e integridad de quienes diariamente transitan por dicha vía”. Además “expresar la profunda preocupación por el crítico estado de conservación, mantenimiento y señalización de la ruta nacional N° 35, particularmente en el tramo que atraviesa la provincia de Córdoba, ante los recientes siniestros viales registrados y las reiteradas denuncias efectuadas por autoridades locales, fuerzas de seguridad, usuarios y vecinos respecto del deterioro de la infraestructura vial”.

Al respecto, “solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, por intermedio del organismo competente, informe a esta Honorable Cámara, dentro del plazo previsto por el artículo 100 inciso 11 de la Constitución Nacional, acerca de los siguientes puntos: estado actual de conservación de la Ruta Nacional N° 35 en toda su traza y, particular mente, en el tramo corresponente a la provincia de Córdoba; obras de mantenimiento, reparación, rehabilitación, repavimentación o mejoras ejecutadas desde diciembre de 2023 hasta la fecha, indicando: a) ubicación, b) monto, c) empresa contratista, d) grado de avance físico y financiero; obras actualmente en ejecución; obras proyectadas para el período 2026 2027; y cronograma previsto para su ejecución”. “La seguridad vial constituye una obligación indelegable del Estado nacional respecto de la infraestructura bajo su jurisdicción. El mantenimiento preventivo, la correcta señalización, la conservación del pavimento y la planificación de obras constituyen herramientas esenciales para disminuir la siniestralidad y garantizar el derecho a transitar en condiciones razonables de seguridad”, plantea la iniciativa.