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"En este contexto, muchos de los testimonios se tomarán online"

Adriana Gentile, abogada en la querella, comentó que la causa Diedrichs-Herrera utilizará mucho la virtualidad por tener a adultos mayores entre testigos e imputados

La abogada Adriana Gentile será la querellante que representará a los padres de Gustavo Daniel Torres, un joven de 16 años secuestrado durante la última dictadura, trasladado al centro clandestino de detención “La Perla” y luego desaparecido. Se trata del 12° juicio por delitos de lesa humanidad que se realizará en la provincia de Córdoba y tendrá la particularidad de contar con gran parte de los testimonios recabados de manera online desde el lugar de residencia de testigos e imputados por el contexto de la pandemia del Covid-19.

A pesar de haber tenido la fecha de inicio para abril, por motivo de la cuarentena, la primera audiencia de la causa Diedrichs-Herrera fue pospuesta para julio y ahora para el 9 de septiembre, cuando se juzgue a 22 represores por crímenes en contra de 43 personas, 9 de ellas sobrevivientes. Con la Fiscalía a cargo de Maximiliano Hairabedian, y la querella con abogados que ya han tenido experiencia en estos casos como lo son Claudio Orosz y Lillan Luque y la misma Gentile, el tribunal compuesto por Carolina Prado como presidenta, Julián Falcucci y Jaime Díaz Gavier iniciará en unas semanas la toma de declaraciones.

El caso de Torres que representa la abogada riocuartense está contemplado en la causa Herrera, en la que se juzgan delitos cometidos en perjuicio de 36 personas, 7 de ellas son sobrevivientes, el resto fueron asesinadas o continúan desaparecidas. Se trata de 26 hechos ocurridos entre el 26 de marzo y el 10 de septiembre de 1976. El adolescente cordobés era estudiante de la Escuela Superior de Comercio Colegio Manuel Belgrano (UNC), donde participaba de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

En la causa Diedrichs, en tanto, se juzgan delitos cometidos contra siete personas en tres hechos diferentes entre 29 de junio y el 15 de agosto de 1976. Dos de ellas sobrevivientes, el resto han sido asesinados o aún continúan desaparecidos.

Torres trabajaba como empleado en un estudio privado de ingeniería y, paralelamente, comenzó a militar en la Juventud Guevarista (JG) y en el Partido Revolucionario de los Trabajadores - Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Fue secuestrado la madrugada del 11 de mayo de 1976 en su casa, junto con un amigo, en presencia de su familia, en barrio Alta Córdoba, y permaneció cautivo en el centro clandestino de detención tortura y exterminio “La Perla”. En el año 2002 con un fallo judicial se probó legalmente la responsabilidad de Tránsito Rigatuso, interventor del colegio entre 1974 y el 1976, por confeccionar listas de estudiantes y entregarlas al III Cuerpo de Ejército. Actualmente, el colegio realiza diversas actividades e intervenciones para recuperar la memoria activa de estudiantes y docentes de la institución.

“Para nosotros es muy importante que puedan declarar los padres de Gustavo, que están muy mayores, y lo harán desde su domicilio”, comentó la letrada, quien indicó que ya se han puesto en contacto con los responsables de la logística de las declaraciones de Tribunales para coordinar cómo avanzar en esos términos. Explicó, a su vez, que por ser personas de elevada edad se ha tomado esta definición en el contexto de la pandemia, pero que se priorizó la posibilidad de que declararan en el juicio por la desaparición de su hijo.

Gentile detalló que toda la familia del joven es testigo del secuestro que se produjo aquella madrugada de mayo del 76, mientras que en otro de los autos en los que se lo llevaron había otro joven que fue liberado y al salir les contó a los padres la situación de Torres. “Además, hay conscriptos que iban en esos operativos, les decían que los llevaban a allanamientos sin saber realmente a dónde iban y dieron la dirección del joven, por lo que también allí se tiene referencias de él”, sostuvo la abogada, mientras que destacó lo que se ha hecho referencia en la megacausa de La Perla, con relación a los adolescentes que estuvieron en el centro clandestino provenientes del colegio Manuel Belgrano.

- Una particularidad de esta causa es que la mayoría de los imputados ya ha tenido una condena en juicios previos.

- Sí, casi todos, mientras que muchos de los acusados en estas causas ya han fallecido o se encuentran apartados por cuestiones de salud. Es uno de los problemas con estas causas, van falleciendo los imputados y quedan los casos impunes, sumado a que los mismos familiares de las víctimas toman noción de que ellos también envejecen y muchos fallecen.

Gentile consideró positivo este regreso a las audiencias, ya que es fundamental para dar respuesta a los familiares de las víctimas: “Son los principales preocupados por que se realice el juicio”, enfatizó.

- ¿Qué medidas se tomarán de seguridad sanitaria para el juicio?

- Solamente asistirán algunas personas a prestar declaración, aquellas que no estén en los grupos de riesgo, el resto lo hará desde sus hogares de manera online. En tanto, no habrá público como en las otras causas, al menos no en las primeras audiencias. El Tribunal se traslada a la casa de la gente con los aparatos, en especial para las personas mayores que tienen menos uso de las tecnologías, similar a las testimoniales que se toman a personas que están en el exterior. Lo mismo será para las personas que están imputadas y permanecen detenidas en otras ciudades: no se los trasladará, más siendo que muchos son personas muy mayores.