A días de cumplirse tres años del crimen de Claudio Torres, frente a su casa de barrio Fénix, y al fracasar un juicio abreviado para los 13 imputados por el denominado narcoescándalo, el próximo 3 de febrero se definirá si los imputados son sometidos a un juicio abreviado con penas más leves o se realizará un proceso con la calificación más severa.
El fiscal federal Carlos Gonella había acordado con los 13 imputados en el marco de la investigación desarrollada por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, un juicio abreviado con penas atenuadas, pero fue rechazado por el presidente del Tribunal Oral Federal Nº2, Carlos Lascano.
El proceso judicial se tendría que haber realizado en octubre pasado y contemplaba penas menores a cinco años y medio de prisión.
Ante el rechazo de Lascano a la calificación de asociación ilícita, el fiscal Gonella apeló la medida al considerar que “no estuvo bien fundada” y “no está previsto en la ley rechazar un abreviado porque prospera la reincidencia, y las partes no lo pidieron”.
Para Lascano es correcta la calificación del juez Ochoa que alude a una organización destinada a financiar actividades propias del narcotráfico y al lavado de activos.
La situación se resolverá el próximo 3 de febrero, el Tribunal Oral Federal Nº 2, integrado por los jueces Maria Noel Costa y Fabián Asis, más un tercero que designará Casación Penal, resolverá si se homologa el acuerdo alcanzado con el fiscal y los imputados o se realiza un juicio con la calificación original.
Los acusados de integrar la banda que lideraba el desaparecido Torres (conocido como el zar de la droga) son: Mariano Rivarola, Andrés Rivarola, Gabriel Bossi y Cristian Ortiz, presuntos coautores del delito de organización y financiamiento de narcolavado, cometido con habitualidad entre 2014 y 2019.
Policía involucrado
También está imputado el exjefe de la División Investigaciones de la Unidad Departamental Río Cuarto, Gustavo Oyarzábal, que le habría dado protección a Torres y a los miembros de la banda para poder almacenar y distribuir desde Río Cuarto la droga.
Además, están implicados en la causa Cristian Berti, Franco Soffli, Jorge Etcharren, Mariano Peirano, Marcelino Mansilla, Luz Montoya, María López de Bravo y Rodrigo Marcial Villar Benítez.
La investigación iniciada por el juez Ochoa se aceleró el 16 de enero de 2019 cuando Claudio Torres fue acribillado frente a su domicilio calle Laprida 1264, en el sur de nuestra ciudad.
A los pocos días se realizaron innumerables allanamientos en la ciudad y Buenos Aires, con el secuestro de automóviles de alta gama, dinero en pesos argentinos y dólares, con la incautación de otros bienes inmuebles, alhajas y elementos de valor.
Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Fundamento
Para el juez federal de Río Cuarto, la organización delictiva encabezada por Torres habría financiado y operado circuitos de transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de toneladas de cocaína y marihuana en el país y en el exterior.
La organización narcocriminal compraba droga (cocaína y marihuana) en distintas ciudades del país y de países vecinos como Bolivia y Paraguay y las almacenaba en Río Cuarto, para luego comercializarla en Chubut, San Luis, Buenos Aires e inclusive se determinaron algunos movimientos a Chile.
Si bien la causa por el lavado de activos y comercialización de estupefacientes ingresa en su etapa final, la causa por el violento crimen de Torres no tuvo grandes avances en la Fiscalía de Instrucción de Tercera Nominación, a cargo de Fernando Moine.
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