Luego de la huelga de la Policía, dicen que es necesaria la sindicalización

Luego del conflicto ocurrido en los últimos días por la huelga de la Policía Bonaerense en reclamo de mejores sueldos, la abogada laboralista Cristina Azocar analizó el planteo y señaló que es necesario que la fuerza pueda sindicalizarse.

-¿Considera justo el reclamo de la Policía Bonaerense?

-Respecto a la cuestión salarial y de mejores condiciones de trabajo, el reclamo es justo y puntual, en razón del atraso acumulado en el tiempo. Y es por ello que fue atendido. Fueron notoriamente equivocadas, ilegales y excesivas las modalidades utilizadas para la petición. Para esta categoría de trabajadores existe prohibición de sindicalizarse, ejercer el derecho de huelga y tomar medidas de acción directa, que son las cuestiones que deben analizarse.

-¿Cuál es el fundamento de la prohibición de reclamar?

-Esta prohibición en nuestro ordenamiento jurídico interno responde a una razón objetiva basada en la “categoría profesional”, se considera que tal limitante contribuye a fortalecer los valores constitucionales de disciplina, sujeción jerárquica y unidad interna. Ahora bien, la Constitución Nacional en su art. 14 bis receptó el principio de protección a la libertad sindical y al mismo tiempo el Convenio 98 y 87 de la OIT no se apartan de la libertad sindical y de la negociación colectiva y dejan librado a la autonomía legislativa de los Estados miembros establecer el alcance del derecho de sindicalización de las fuerzas armadas y de la Policía y las exclusiones al ejercicio de ese derecho deben ser interpretadas en sentido restrictivo. En ese contexto, nuestro país optó por prohibir a esta categoría de trabajadores cualquier tipo de derecho relacionado con la posibilidad de agruparse, conformar sindicatos, realizar protestas bajo cualquier modalidad, ejercer el derecho de huelga, etc. Sin perjuicio de ello, debemos tener presente que la realidad nos exige un cambio en la normativa interna, modificando el sistema por el cual se rigen estos trabajadores.

-¿Esta permisión de la que usted habla se contradice con la seguridad ciudadana si tenemos en cuenta los últimos acontecimientos?

-Justamente ese es el punto, el reconocimiento de los derechos de que le hablo supone permitir, pero reglamentado, el derecho a formar sindicatos y a la negociación colectiva, pero no el de ejercer acciones directas de protesta ni mucho menos la huelga, atendiendo a que el rol laboral de estos trabajadores impone necesariamente limitaciones en aras a valores superiores como el de la seguridad de la población. El derecho a sindicalizarse del personal policial debiera imponerse en un Estado de derecho para que sus reclamos se canalicen por vías idóneas y a través de interlocutores válidos y legitimados por los propios trabajadores, sin afectar la cadena de mandos orgánicos y por medios institucionales. Ello, al contrario de contradecir la seguridad ciudadana, a mi modo de ver, la potencia, ya que de esta manera se evitarían situaciones como las que se vivieron estos días y como la que atravesamos los cordobeses en el mes de diciembre de 2013 y las acontecidas en el 2012 ante las protestas de Prefectura y Gendarmería.

-¿Es posible en el contexto actual este reconocimiento?

-Entiendo que es necesario. Argentina tendría que estar a la altura de países pioneros en esta problemática. En Italia, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, entre otros, los policías tienen representación gremial. En nuestro país los agentes policiales no pueden participar, por ejemplo, de la discusión de sus salarios, lo cual se decide de manera vertical, lo que apareja problemas como este conflicto salarial policial en discusión, sin encontrar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por la falta de sindicalización, un interlocutor claro y representativo para negociar y acordar con los efectivos y, ante eso, toda la sociedad vivió un estado de incertidumbre y miedo que no nos podemos dar el lujo de atravesar.

-¿Cómo puede aplicarse lo que usted propone ante los últimos pronunciamientos de la Justicia?

-Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el voto de la mayoría, se pronunció recientemente sobre este tema confirmando la negativa del derecho colectivo de sindicalización –en el caso “Rearte”– respecto al personal del servicio penitenciario de Córdoba, no podemos dejar de ver, como dije, que en otros países del mundo coexisten tanto regímenes normativos que reconocen y reglamentan el derecho de sindicación de las fuerzas armadas y policías como otros que directamente prohíben absolutamente su ejercicio. En ambos casos no se violan ni quebrantan las normas de convenios y pactos internacionales que legislan al respecto. Se trata simplemente de adaptar la legislación de cada país a su realidad y hoy, la nuestra, ya nos impone un cambio de paradigma en este aspecto. El contexto actual, con la pandemia, el estrés colectivo, el auge delictivo y la crisis económico social, impone cuidar a quienes nos cuidan y esto no se logra solamente con un aumento salarial, sino también con el reconocimiento de gran parte de los derechos laborales que se reclaman, dotando a estos trabajadores de las herramientas necesarias para su cometido en un adecuado equilibrio con la paz social y la seguridad ciudadana, en el marco del respeto irrestricto a las instituciones democráticas.

“En definitiva, más allá de la postura en la que nos enrolemos, lo cierto es que estamos frente a una temática sensible, en la que se encuentran en juego intereses fundamentales que hacen a la vida republicana, resultando necesario realizar un análisis profundo del ordenamiento jurídico en su conjunto que regula la materia, todo en el marco de la realidad social y legal, en la que nos encontramos inmersos, en aras de garantizar todos y cada uno de los derechos que se encuentran involucrados. La sindicalización de las fuerzas de seguridad es, en mi opinión personal, una asignatura pendiente. Los policías tienen las mismas necesidades que cualquier otro trabajador. Hoy la realidad le está dando a la democracia un gran desafío y la posibilidad de estar a la altura de las circunstancias, para lo cual sólo resta abrir un sincero canal jurídico de diálogo y reconocer, modificando la legislación vigente, el derecho de sindicalización – reglamentado – de esta categoría de trabajadores”, concluyó Azocar.