Transporte, basura y la mesa chica

Los gobiernos suelen encarar, sobre todo en momentos críticos, una confrontación con la realidad, un desafío por imponerse. Cuando la realidad se empecina en seguir su propia lógica, se produce primero un ejercicio de redefinición discursiva, un intento de solucionar con la narrativa lo que aparece desajustado.

La gestión de Juan Manuel Llamosas, en boca del propio intendente, había intentado instalar que las quejas por el nuevo esquema de transporte urbano se debían no a la estructura del servicio en sí sino a una cuestión de acostumbramiento. Había una transferencia en ese punto: el problema no era el transporte sino el usuario.

El viernes, al anunciar modificaciones en el servicio, el gobierno municipal terminó por aceptar que la realidad sobrepasaba el discurso, que los inconvenientes no iban a solucionarse con el paso del tiempo sino que eran sistémicos; algo fallaba en la organización del transporte urbano que surgió del pliego de licitación y que se aplica desde el 1o de diciembre del año pasado.

El anuncio se hizo el mismo día en el que estaba convocada una marcha para la tarde. Era una movilización más organizada que las anteriores. Desde el Palacio le bajan el precio a esa protesta: a pesar de que hubo un número relativamente importante de gente, señalan que fue muy menor a lo que se esperaba pero, sobre todo, le adjudican una intencionalidad política de la oposición. “El 90 por ciento eran militantes de la Franja; estuvo todo orquestado por el radicalismo”, plantean.

En el gobierno no niegan el malestar de los usuarios sino que deslegitiman la marcha como un exponente de ese malestar. “El servicio no es un desastre, tiene muchos aspectos que implican mejoras. Pero no puede ser que genere más quejas que el anterior. Por eso decidimos cambiar y es sólo una primera etapa”, indicaron. Hay otras medidas que están en carpeta como, por ejemplo, una línea directa desde el barrio Alberdi hasta la Universidad.

La cuestión que surge, más allá de que la reestructuración parcial del sistema haya sido necesaria, es quién asumirá los eventuales costos de esa reconfiguración, más en un contexto de crisis casi terminal del sistema de transporte no ya en Río Cuarto sino en todo el país. ¿Quién financiará los cambios? ¿Se aumentarán los subsidios estatales?¿Se generarán más aumentos en el boleto? En el Municipio aseguran que, por ahora, ni una cosa ni la otra porque el contrato con la empresa Sat habilita al Estado a modificar hasta en un 20 por ciento la estructura del servicio.

En el llamosismo sostienen que la conferencia de prensa en la que se detallaron los nuevos recorridos no fue una movida para quitarle apoyo a la protesta;sin embargo, leer aisladamente un hecho y el otro sería una ingenuidad. Al intendente normalmente lo contrarían los conflictos pero, ahora, se encuentra además en una situación especial y particular: viene promocionándose como posible candidato a vicegobernador, e incluso aparece en la lista final de los nombres posibles, y una escalada del malestar por el transporte urbano no hubiera sido precisamente oportuna. De ahí el intento por quitarle sustento a la marcha.

El nudo del problema para Llamosas es que no se trata de una situación generada por otro actor político o por el contexto;el sistema de transporte actual, el que surgió del pliego de licitación, es una creación absolutamente suya y, por lo tanto, también pueden serlo sus consecuencias.

La movilidad es uno de los servicios esenciales que tiene que garantizar el Municipio,otro es la disposición de los residuos. Y es ahí, en la basura, donde puede estar generándose para Llamosas una situación eventualmente gravosa en términos políticos. El 8 de marzo la Justicia emitió una precautelar en la que le ordenó al gobierno abstenerse de intervenir en las 10 hectáreas que le expropió a la familia Calvo para ampliar en un 50 por ciento el enterramiento sanitario, que está al límite de su vida útil. Ni bien se difundió la noticia, el fiscal municipal, Ricardo Muñoz, aseguró que la medida judicial sólo regiría durante algunos días. Sin embargo, ya pasó casi un mes y sigue vigente. El riesgo es que, sin plan B, los tiempos judiciales se extiendan y la ciudad se quede sin un lugar a donde enviar sus residuos.

La basura contiene la potencialidad de un alto costo político y el gobierno no parece haber analizado alternativas aunque sea de emergencia si la familia Calvo se impone en la Justicia.

La ventaja para Llamosas sigue siendo la misma de siempre: el escaso poder de fuego que tiene la oposición y la menguada capacidad por capitalizar los tropiezos de la gestión.

En los últimos días, más allá de la posibilidad de que haya motorizado la marcha por el transporte, el radicalismo estuvo principalmente enfrascado en su propia realidad, ese mundo de reglas particulares. Los diferentes núcleos definieron que elegirán candidato a intendente en una interna que se hará el 17 de septiembre. Hay dos aspectos que hacen ruido:por un lado, la fecha suena inoportuna, ubicada ahí entre las Paso de agosto y las generales de octubre. Parecen haberse garantizado la indiferencia. Pero, además, se anotaron cinco precandidatos:Gabriel Abrile, Gonzalo Luján, Gonzalo Parodi, Mario Álvarez y Carlos Gasó. Algunos de ellos tienen aún un bajo índice de conocimiento en la sociedad, otros directamente nulo.

La superpoblación de precandidatos pone de manifiesto el hecho de que el radicalismo aparece huérfano de conducción, de liderazgo, de capacidad de encauzamiento del proceso interno. Y lo está incluso a pesar de que el peronismo no tiene resuelta su propia situación ni un candidato indiscutido.

Llamosas espera ser él quien conduzca ese proceso en el oficialismo y le genere cuatro años de continuidad. Pero quedará para después de las elecciones provinciales. Actualmente, el intendente tiene puestas todas sus fichas en la posibilidad de acompañar a Martín Llaryora en la fórmula.

Hace unos días se dedicaron gestos mutuos. Llamosas estuvo en Córdoba, donde lo hicieron compartir inauguraciones, y Llaryora vino a Río Cuarto a participar del cierre del Otoño Polifónico. Pero no quedó todo en lo gestual;además, el intendente de Córdoba hizo declaraciones en las que dejó indicios de todo tipo. Le mantuvo la puerta abierta a la posibilidad de que Llamosas sea su vice pero, a la vez, dijo que el intendente tiene asuntos que concluir en Río Cuarto. También expresó que podría ser ministro en el momento en que quisiera. “Yo lo espero”, declaró.

En el Palacio Municipal interpretan que el candidato a gobernador no clausuró posibilidades sino que le dio a Llamosas eventuales salidas elegantes, en el caso de que no sea elegido para la candidatura a vice. “Quedó claro que va a estar en la estructura de poder”, indicaron. No descartaron que haya sido parte de un acuerdo para evitar que, si Llamosas no va de vice, sea leído como un fracaso.

Cerca del intendente indicaron que, en realidad, lo que está discutiéndose no es sólo un puesto, el de vicegobernador, sino la nueva configuración de un eventual gobierno peronista. Y un nuevo mapa del poder. Ese mapa se dibujará también con las listas a legisladores y con la integración del gabinete.

“Nosotros ya estamos en esa discusión. Y lo logramos por todo el proceso que hicimos y los apoyos que cosechó Juan Manuel en los últimos meses”, evaluaron.

Llaryora, en su visita a Río Cuarto, habló de candidaturas y también de conflictos. Declaró, sin medias tintas, que el gobierno de Schiaretti debería mejorar la oferta a los docentes y al personal de salud para llegar a un acuerdo salarial. No sólo estaba opinando;también estaba haciéndole un reclamo al schiarettismo:hay que cerrar la negociación sin dilaciones. El candidato a gobernador necesita, a menos de 90 días de las elecciones, despejar de su agenda los temas con carga negativa y reemplazarlos por una construcción propia.

En el discurso que esgrimió ante los periodistas riocuartenses, Llaryora dejó traslucir que al menos parte de su estrategia pasará por un endurecimiento del discurso de Hacemos por Córdoba. Habló de que pediría que el Ejército saliera a la calle para combatir el narcotráfico y la inseguridad.

Con ese tipo de definiciones, Llaryora permitió entrever que la campaña se dará en un terreno de disputa ante un electorado que tiene una particularidad:suele ser el mismo que vota, alternativamente, a Hacemos por Córdoba y a Juntos por el Cambio.