Trapitos: reclaman más plazo para aplicar la ley y un plan de contención
La oposición cuestionó que no haya un plan B ante la aplicación de la ley provincial, que prohíbe la actividad de los lavacoches. Además, reclamó que se genere un paréntesis de 45 a 60 días para elaborar una nueva normativa
La aplicación de la nueva ley que regula la actividad de los cuidacoches y prohíbe la de los limpiavidrios en toda la provincia ya está teniendo repercusiones en la ciudad. Esta semana, la Policía les notificó a los “trapitos” que no pueden seguir lavando autos en la vía pública ni limpiando vidrios; así, quedó prácticamente sin efecto la ordenanza municipal que regula la actividad y se impone la prohibición provincial. Ante esa situación, la oposición está reclamando ahora dos cuestiones principales: que haya un paraguas temporal que permita que trapitos y cuidacoches puedan seguir trabajando bajo la actual ordenanza hasta que se defina una nueva reglamentación y, por otro lado, que se implemente un plan de contención social. “Estuvimos preguntando si nuestra ordenanza, que fue la primera y que sirvió como base para la ordenanza de Córdoba capital y para la ley provincial, nos permitiría generar un paraguas de entre 45 y 60 días para adaptar la legislación. En ese tiempo podríamos discutir cuál podría ser la mejor forma de adaptarnos a ley provincial. Podemos seguir usando los criterios que están en la ordenanza actual: la Municipalidad sabe quiénes están en la calle, cuál es el grupo familiar, en qué situación se encuentran. Lo que estoy pidiendo es que no se les dé un bolsón y una orden de carne porque la gente quiere trabajar. Tomemos un tiempo para ver cómo solucionamos la situación”, declaró el concejal Franco Miranda, de La Fuerzal del Imperio del Sur.
El concejal opositor reclamó que se suspenda la aplicación automática de la ley provincial hasta tanto Río Cuarto resuelva su propia situación. Por su parte, la concejala radical Antonella Nalli indicó que el oficialismo les comunicó a los trapitos que se aplica la ley provincial; es decir, que la Policía es la autoridad de control de las prohibiciones que fija la ley 11.117. “En lo local es un tema que se debería haber analizado para que no suceda esto de que la Policía los levanta y nada más. ¿Cuál es el plan B? En Córdoba se armó una cooperativa, les dan una identificación, trabajan, acá no, no tomaron el tema con anticipación. Creo que se podrían establecer algunas pautas para contener a esa población. Se debería pensar en cómo se puede contener a este grupo de personas; tiene que haber alguna respuesta similar a lo que hacen en Córdoba”, declaró la concejala opositora. Gabriel Abrile, concejal de Primero Río Cuarto, manifestó que la ordenanza riocuartense quedó desfasada con respecto a le ley provincial. “La ley está por encima y ahora van a tener que cambiar la ordenanza”, indica Abrile, que también cuestionó la falta de políticas de contención.