Así, se busca intervenir sobre todo lo que está relacionado con el accionar de los comunmente denominados trapitos, limpiavidrios y cuidacoches, limitando su accionar y erradicando el cobro compulsivo por el uso del espacio que es de todos.
De acuerdo al texto del proyecto que ahora será discutido por los bloques que integran el Parlamento local, se establecerán regulaciones que permitan sostener el orden público y la convivencia ciudadana. Por eso, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Prevención y Convivencia Ciudadana, desde donde se articulará con las áreas sociales para implementar un abordaje integral sobre la temática.
Uno de los aspectos destacados es que el Municipio no otorgará ningún tipo de permiso o autorización para que las personas que prestan los servicios antes mencionados puedan exigir una retribución económica o de otro tipo. No obstante, sí podrá elaborar esquemas de autorizaciones temporales y específicas para el cuidado de vehículos, únicamente en espectáculos públicos o eventos deportivos y/o recreativos que, por su magnitud, así lo requieran sus organizadores, luego de una evaluación pertinente.
A la vez, se habilitará un sistema de denuncias a través de medios electrónicos o digitales (Ojos en Alerta), las que serán de carácter reservado, protegiendo la identidad del denunciante. Allí, los vecinos podrán hacer saber cualquier situación fuera de lo normal en el ámbito público.
En ese sentido, quienes infrinjan la normativa sufrirán la suspensión o el impedimento al acceso de beneficios sociales y/o subsidios otorgados por la Municipalidad. Paralelamente, el proyecto estipula que la autoridad de aplicación contará con amplias facultades de seguimiento y control sobre las personas que llevan adelante este tipo de prácticas, una vez que sean relevadas.
Así, se podrá impedir la continuidad en el ejercicio de las actividades a quienes se comportaren de manera inadecuada, alterando el orden público y la convivencia ciudadana; generen disturbios mediante palabras, gestos u otro tipo de actos que afecten el decoro individual o colectivo; o alteren la paz social en evidente estado de ebriedad o bajo acción o efectos de estupefacientes, psicofármacos o cualquier otra sustancia.
En tanto, se realizará un abordaje integral sobre la situación social de los involucrados, con equipos técnicos interdisciplinarios coordinados por la Subsecretaría de Desarrollo Social, con el objetivo de brindar distintas herramientas para que puedan insertarse en el mercado laboral.
Con firmeza
A todo esto, el Secretario de Prevención y Convivencia Ciudadana, Gastón Maldonado, dijo que el objetivo principal de este proyecto de ordenanza es erradicar prácticas extorsivas que coartan la libertad de los vecinos y que son llevadas a cabo por quienes pretenden ilegalmente tarifar el uso del espacio público.
“Los vecinos de Río Cuarto deben poder circular y estacionar sin restricciones ni condicionamientos ilegales. Queremos ser muy claros: no vamos a permitir ningún tipo de cobro compulsivo en el espacio público, ni actitudes amenazantes hacia nuestros vecinos”, advirtió el funcionario municipal.
Maldonado anticipó que el relevamiento que tienen planificado comenzará por los sectores donde se registran los problemas más graves, en los que los vecinos informan que se afecta la convivencia y el orden público.
“Esto también implicará un trabajo articulado con las fuerzas de seguridad y la Justicia, en caso de que se configure algún tipo de delito”, detalló.
