La letra del proyecto contempla sanciones económicas para los que infrinjan la ordenanza, pero la expectativa del gobierno para evitar ese tipo de actitudes pasa por los beneficios sociales. Lo que no está establecido es cuánto tiempo durarán las sanciones una vez que sean aplicadas:¿los subsidios sociales o la asistencia alimentaria a los trapitos penalizados se eliminarán de manera definitiva o se suspenderán? Será un aspecto que deberán definir los concejales.
Ayer hubo una reunión entre funcionarios del gobierno y el bloque del oficialismo. Por el Municipio estuvieron el secretario de Prevención y Convivencia, Gastón Maldonado, y el subsecretario de Seguridad, Rafael Filippa, quienes analizaron con la bancada el contenido del proyecto y los cuestionamientos que está haciendo la oposición.
La iniciativa oficial contempla que habrá un sistema electrónico para denunciar situaciones violentas de los trapitos;el solo testimonio del denunciante habilitará la actuación de los agentes municipales, que además podrán pedir la colaboración de la Policía.
“En caso de incurrir en faltas tipificadas corresponderá la supresión o el impedimento en el acceso de beneficios sociales y/o subsidios otorgados por la Municipalidad de Río Cuarto”, dice el texto.
Las autoridades señalan que se trata de una medida disuasoria que busca evitar la reincidencia de situaciones tensas o violentas con los automovilistas. Desde el gobierno manifiestan que ha habido episodios en los que conductores se ven obligados a pagar una tarifa, además del estacionamiento medido, o deben trasladar su vehículo ante el temor de represalias.
Un aspecto que, según los representantes de la oposición, genera dudas es si la ordenanza busca prohibir la actividad de los trapitos o si las permite con ciertas regulaciones.
“Las tareas de trapitos y limpiavidrios no son tareas autorizadas. No se dará ningún tipo de permiso o autorización para exigir retribución económica o de otro tipo, pautada o voluntaria. Pero el proyecto da herramientas para abordar los distintos casos seriamente. Hay una estrategia doble.Se plantea un abordaje social integral para quienes no causan problemas y se aplicará el poder de policía para quienes alteran el orden público”, manifestaron en el oficialismo.
Lo único que autorizará la Municipalidad es la actividad de cuidar vehículos durante eventos artísticos o deportivos.
En los últimos días, además del análisis del proyecto oficialista, el bloque de La Fuerza del Imperio del Sur presentó su propia iniciativa para crear una cooperativa que contenga a los trapitos. En el gobierno rechazan esa opción. Argumentan que, por un lado, ese tipo de acciones han fracasado. “En general no han logrado erradicar el problema de fondo ni el hecho de que la gente perciba que hay una coerción. Pero, además, nuestra posición es que no vamos a legalizar la actividad porque casi de manera inevitable genera conflicto y apropiación indebida del espacio público. Queremos generar un ordenamiento para todos los ciudadanos y formalizar a los cuidacoches no es una solución”, plantean en el oficialismo.
El gobierno quiere hablar de ordenamiento y no de regulación ni de prohibición. Por un lado, porque señala que la prohibición es muy tajante y compleja de aplicar en el corto plazo;por otra parte, la regulación podría implicar una legitimación indeseada. “Regular implicaría dar legitimidad tácita a la actividad, incluso con una formalización precaria”, detallan en el oficialismo.
