Fue a la cárcel por abuso pero era inocente, ahora exige indemnización
J.M.G estuvo en la mira de la Justicia por el abuso de una chica de 12 años en Mackenna. Pero el cotejo de ADN demostró que no había sido el autor. Perdió trabajo, a su pareja y debió irse de su pueblo.
La vida de J.M.G. tuvo un antes y un después del 16 de enero de 2005. Ese día la Justicia riocuartense lo acusó de abusar sexualmente de una chica de 12 años en la zona rural cercana a Vicuña Mackenna.
Antes de la grave acusación, el hombre que entonces tenía 24 años llevaba una vida sin sobresaltos: tenía trabajo, una novia y un nombre en la pequeña localidad cercana a Mackenna donde había vivido siempre. Desde entonces, atravesó por una depresión y sufrió en carne propia las consecuencias de una persecución judicial que, finalmente, se demostró que no tenía sustento.
J.M.G. fue enviado a prisión preventiva y estuvo en la cárcel 65 días. Pero, aun después de recuperar su libertad, permaneció largo tiempo procesado. En total fueron 2 años y medio los que J.M.G. estuvo procesado, hasta que el 22 de mayo de 2007 se demostró su inocencia y se dictó el sobreseimiento. Desde entonces, su abogado Daniel Fernández intentó -hasta ahora infructuosamente- que el gobierno de la provincia de Córdoba le abone a su cliente un resarcimiento que en la actualidad rondaría los 2 millones de pesos.
En mayo de este año, el Juzgado Civil a cargo del juez José Peralta rechazó la demanda y, no sólo eso, sino que también le fijó a J.M.G la obligación de pagarle al abogado de la Provincia una suma de 200 mil pesos.
Frente a esta resolución, el hombre insistió con su reclamo ante la Cámara Segunda de Apelaciones. Allí corrieron vista a la Provincia para que haga su descargo.
La prueba, el ADN
Una de las pruebas que recogió la investigación para intentar esclarecer el caso fue una muestra de semen, obtenida de una prenda íntima de la víctima. Un año después de la denuncia se cotejó esa muestra con el ADN de J.M.G. y el resultado fue contundente: el perfil genético masculino que se obtuvo de esa prenda no guardaba relación alguna con el acusado.
La perito designada por la Justicia sostuvo que “el halotipo de cromosoma recuperado de la bombacha es diferente al halotipo de J.M.G., conclusión que permite, sin hesitación alguna, desechar la participación criminal atribuida al nombrado en el hecho investigado”.
En otras palabras, se comprobó que, si bien había existido un contacto sexual entre la menor y un hombre -contacto que por tratarse de una menor de 13 años era ilícito-, el responsable era una persona diferente al hombre señalado.
Con esa prueba en la mano, la Fiscalía de Instrucción trató de ubicar nuevamente a la chica para preguntar por qué había incriminado a J.M.G. y para tratar de dar con el verdadero autor del abuso, pero no fue posible: la familia de la niña se había mudado y no dio aviso a la Justicia de su nuevo paradero. “Nuestra sospecha fue que el autor del hecho era una persona del entorno familiar, pero no se pudo tener ninguna certeza”, confió Fernández a PUNTAL.
El escrache
En la demanda contra la Provincia, el letrado relató los padecimientos de su representado: “Es una persona sencilla, humilde y ajena totalmente al ámbito delictivo, carecía absolutamente de antecedentes penales, se vio totalmente sorprendido por lo espectacular del operativo, padeciendo profundo temor tanto por su vida, su futuro, como así también por su integridad física, y el terrible delito que le imputaba y por el cual se lo privó de su libertad”.
Agregó que los comunicados policiales y las declaraciones a la prensa en fechas inmediatamente posteriores a su detención, se magnificaron, violando la ley. “Se ventilaron los nombres, generando una estigmatización pública, que causó gran revuelo en la pequeña localidad de Vicuña Mackenna, a donde fue trasladado en forma inmediata a su detención, y mucho más aún en su pueblo natal”.
Así, J.M.G. quedó señalado bajo el mote de “violador” y abusador sexual de una niña. “Como consecuencia, su relación familiar se desintegró, tuvo que gastar dinero que no tenía para contratar un defensor para poder esclarecer su situación, y después de mucho tiempo culminar con el sobreseimiento, justo, pero tardíamente dictado”, sostuvo Fernández.
De pronto, de tener un buena vida, honesta, sin problemas y con reconocimiento social, pasó a vivir horas y días de cautiverio, algo que nunca había imaginado para su vida, ya que él proviene de una familia de trabajadores de intachable conducta, describió la demanda.
Una vez que recuperó su libertad, el panorama no cambió sustancialmente, pues seguía señalado por la sociedad. Cuando J.M.G. quiso retomar su actividad como ayudante de molinero, le nagaron esa posibilidad y ya no tuvo fuerzas para reclamar vía judicial su derecho laboral.
“Lapidada socialmente, esta persona que ahora tiene 36 años debió exiliarse de la provincia y ahora subsiste de changas”, concluyó el abogado y anticipó que, de ser necesario, irán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Antes de la grave acusación, el hombre que entonces tenía 24 años llevaba una vida sin sobresaltos: tenía trabajo, una novia y un nombre en la pequeña localidad cercana a Mackenna donde había vivido siempre. Desde entonces, atravesó por una depresión y sufrió en carne propia las consecuencias de una persecución judicial que, finalmente, se demostró que no tenía sustento.
J.M.G. fue enviado a prisión preventiva y estuvo en la cárcel 65 días. Pero, aun después de recuperar su libertad, permaneció largo tiempo procesado. En total fueron 2 años y medio los que J.M.G. estuvo procesado, hasta que el 22 de mayo de 2007 se demostró su inocencia y se dictó el sobreseimiento. Desde entonces, su abogado Daniel Fernández intentó -hasta ahora infructuosamente- que el gobierno de la provincia de Córdoba le abone a su cliente un resarcimiento que en la actualidad rondaría los 2 millones de pesos.
En mayo de este año, el Juzgado Civil a cargo del juez José Peralta rechazó la demanda y, no sólo eso, sino que también le fijó a J.M.G la obligación de pagarle al abogado de la Provincia una suma de 200 mil pesos.
Frente a esta resolución, el hombre insistió con su reclamo ante la Cámara Segunda de Apelaciones. Allí corrieron vista a la Provincia para que haga su descargo.
La prueba, el ADN
Una de las pruebas que recogió la investigación para intentar esclarecer el caso fue una muestra de semen, obtenida de una prenda íntima de la víctima. Un año después de la denuncia se cotejó esa muestra con el ADN de J.M.G. y el resultado fue contundente: el perfil genético masculino que se obtuvo de esa prenda no guardaba relación alguna con el acusado.
La perito designada por la Justicia sostuvo que “el halotipo de cromosoma recuperado de la bombacha es diferente al halotipo de J.M.G., conclusión que permite, sin hesitación alguna, desechar la participación criminal atribuida al nombrado en el hecho investigado”.
En otras palabras, se comprobó que, si bien había existido un contacto sexual entre la menor y un hombre -contacto que por tratarse de una menor de 13 años era ilícito-, el responsable era una persona diferente al hombre señalado.
Con esa prueba en la mano, la Fiscalía de Instrucción trató de ubicar nuevamente a la chica para preguntar por qué había incriminado a J.M.G. y para tratar de dar con el verdadero autor del abuso, pero no fue posible: la familia de la niña se había mudado y no dio aviso a la Justicia de su nuevo paradero. “Nuestra sospecha fue que el autor del hecho era una persona del entorno familiar, pero no se pudo tener ninguna certeza”, confió Fernández a PUNTAL.
El escrache
En la demanda contra la Provincia, el letrado relató los padecimientos de su representado: “Es una persona sencilla, humilde y ajena totalmente al ámbito delictivo, carecía absolutamente de antecedentes penales, se vio totalmente sorprendido por lo espectacular del operativo, padeciendo profundo temor tanto por su vida, su futuro, como así también por su integridad física, y el terrible delito que le imputaba y por el cual se lo privó de su libertad”.
Agregó que los comunicados policiales y las declaraciones a la prensa en fechas inmediatamente posteriores a su detención, se magnificaron, violando la ley. “Se ventilaron los nombres, generando una estigmatización pública, que causó gran revuelo en la pequeña localidad de Vicuña Mackenna, a donde fue trasladado en forma inmediata a su detención, y mucho más aún en su pueblo natal”.
Así, J.M.G. quedó señalado bajo el mote de “violador” y abusador sexual de una niña. “Como consecuencia, su relación familiar se desintegró, tuvo que gastar dinero que no tenía para contratar un defensor para poder esclarecer su situación, y después de mucho tiempo culminar con el sobreseimiento, justo, pero tardíamente dictado”, sostuvo Fernández.
De pronto, de tener un buena vida, honesta, sin problemas y con reconocimiento social, pasó a vivir horas y días de cautiverio, algo que nunca había imaginado para su vida, ya que él proviene de una familia de trabajadores de intachable conducta, describió la demanda.
Una vez que recuperó su libertad, el panorama no cambió sustancialmente, pues seguía señalado por la sociedad. Cuando J.M.G. quiso retomar su actividad como ayudante de molinero, le nagaron esa posibilidad y ya no tuvo fuerzas para reclamar vía judicial su derecho laboral.
“Lapidada socialmente, esta persona que ahora tiene 36 años debió exiliarse de la provincia y ahora subsiste de changas”, concluyó el abogado y anticipó que, de ser necesario, irán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.